Reformar la justicia para que haya más injusticia

Por: John Jairo Blandón Mena

 

El proyecto de ley 295 de 2020 que este Gobierno denominó como reforma a la justicia está a un debate de ser aprobado por el Congreso de la República. Este adefesio jurídico por sus efectos politiqueros, debió haber corrido la misma suerte de las reformas tributaria y de la salud derrocadas recientemente por efecto de la movilización popular.

La Justicia es uno de los servicios públicos más desprestigiados de Colombia. El ciudadano de a pie descree de la efectividad de las providencias judiciales para resolver sus problemas cotidianos. La dilación, la morosidad, la impunidad, la congestión, el excesivo formalismo y la selectividad en la aplicación de la ley han generado una masiva desconfianza en el actuar de jueces y fiscales.

Desde la promulgación de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en 1996, se han radicado en el Congreso 23 proyectos de reforma, de los cuales sólo 7 se han convertido en ley. Pero ninguno ha transformado realmente la Justicia, los problemas estructurales en su funcionamiento siguen incólumes. El actual proyecto es más de lo mismo.

La historia reciente ha dejado claro que ni los sucesivos gobiernos, ni los magistrados, ni las múltiples comisiones de juristas expertos, y mucho menos los congresistas han querido reformar la Justicia. La politización de la función electoral de las altas cortes, la burocracia judicial, la creciente corrupción en los despachos, la falta de autonomía de la Rama Judicial frente al Ejecutivo y la instrumentalización gobiernista del Fiscal son factores que ni unos ni otros han tocado en sus propuestas reformistas.

El proyecto que esta ad portas de ser aprobado es una colcha de retazos. Recogió propuestas del Gobierno y de las altas cortes, y se concilió con el Colegio de Jueces y Fiscales. Y, como si la Justicia fuera un asunto exclusivo del Gobierno y de funcionarios judiciales no se consultó a la sociedad civil ni a la academia. Estas últimas dos instancias deberían ser las autoras de una genuina reforma a la Justicia. Bastante extraño que tengan que ser los mismos magistrados los autores del proyecto que busca reformarlos. Es semejante a pensar, que en estos tiempos de absoluta necesidad de transformar la Policía Nacional, tengan que ser los generales los autores de los cambios institucionales.

Y, reitero, es un adefesio jurídico. Flexibilizar los requisitos para llegar a las altas cortes y a la Fiscalía va en contravía de la necesidad de que cada vez a estos cargos lleguen las personas más cualificadas y probas. Crear 14 despachos más en la cúpula de la justicia y aumentar los asesores y personal técnico de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial es simplemente seguir burocratizando este sector y no impactar en los altos niveles de congestión que están fundamentalmente en la base judicial. La Defensoría del Pueblo, entidad que en medio de la actual movilización ha demostrado su inutilidad en la defensa de los Derechos Humanos saldrá acrecentada, pues la reforma dispone que cada municipio tendrá un delegado suyo.

Por si fuera poco, se le asignan atribuciones presupuestales y administrativas a los presidentes de las altas cortes, que combinarán su función natural que es la jurisdiccional con el nombramiento de los directores ejecutivos de cada departamento y con el ordenamiento del cuantioso presupuesto de la Justicia, que, a propósito, esta reforma aumenta progresivamente sin establecer una medida y un control a la gestión y a la inversión de esos recursos. Así las cosas ¿para qué entonces el Consejo Superior de la Judicatura?

Por su parte, el despistado ministro de Justicia cuando se refiere al Proyecto sólo menciona el elemento que no genera polémica por su necesidad. La digitalización y la inserción de las nuevas tecnologías, que de acuerdo al funcionario generará que en 2026 todos los despachos judiciales tengan procesos digitales. Esa declaración es tan falaz como pretenciosa. Colombia, a pesar de la exigencia de las normas procedimentales no pudo en la última década implementar la oralidad en las distintas áreas del Derecho como fórmula para tramitar y resolver los procesos. Soy pesimista, que con 21,7 millones de personas y medio país que no cuenta con internet, y con nulos esfuerzos del Gobierno para mejorar la cobertura se pueda tener en el próximo cuatrienio la justicia digital con que sueña el ministro.

Aquí, la Justicia no necesita más microreformas, se requiere es su total refundación por vía constitucional.

Sobre el autor

Abogado de la Universidad Católica Luis Amigó. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Especialista en Métodos de Enseñanza Virtual de la Universidad Católica del Norte. Especialista en Estudios Afrolatinoamericanos y Caribeños de Clacso. Magíster en Educación del Tecnológico de Monterrey. Y actualmente Candidato a Doctor en Educación de la Universidad Católica Luis Amigó. Se ha desempeñado como docente universitario. Coordinador del Equipo de Trabajo de Medellín en el Proceso de Comunidades Negras (PCN). Coautor de libro: Debates sobre conflictos raciales y construcciones afrolibertarias. Editorial Poder Negro. 2015.
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