Por: John Henry Arboleda Quiñonez

En las realidades actuales sigue siendo importante preguntarnos qué significa ser afrodescendiente en la tercera urbe en importancia en el país, esos habitantes que se tomaron la ciudad por sorpresa y que a espaldas de la caleñidad la transformaron en la ciudad negra, aunque no de negros. Para tratar de dar respuesta a este interrogante, presentaré algunas situaciones ocurridas en la ciudad en un corto periodo de 7 meses, y que demuestran que las instituciones que ostentan condiciones de poder en la ciudad continúan fortaleciendo, sustancialmente, la carga representacional negativa con la que se referencia como sospechosos habituales a las personas afrodescendientes que viven en los barrios del Distrito de Aguablanca.

Como antesala a estas situaciones tenemos varias de las declaraciones del anterior alcalde de la ciudad Maurice Armitage, quien en agosto del 2016 expresó “siempre voy a exaltar a mis negros de Cali”. Un año después, en agosto de 2017, luego de varias exigencias y reclamos que se le hacían por su gestión, especialmente en respuesta a las demandas de las personas afrodescendientes de la ciudad, el mismo alcalde afirmó: “nunca he tratado despectivamente a los negros”. Esa situación que llevó a que, desde el equipo de comunicaciones de la alcaldía destacara: “gabinete afro: prueba de que Armitage no es racista”. La razón por la que los pronunciamientos emitidos desde la administración de la ciudad deben llamar nuestra atención, es porque, en ellos se evidencia, con alguna facilidad, las articulaciones entre raza, clase que contribuyen a la naturalización los marcadores socio-raciales con los que se señala al Distrito como la zona disonante de la ciudad, convirtiendo a sus habitantes en sospechosos habituales.

A la serie de declaraciones hechas por el burgomaestre se suman otras situaciones que catalogo como provocadoras y con méritos suficientes para ser tenidas en cuenta en estas líneas. Por ejemplo, en octubre de 2019, de nuevo el alcalde Armitage afirma: “en Cali hemos tolerado a los negros, ya casi tenemos un millón”. Luego, en noviembre de ese mismo año, en el contexto del último gran paro nacional, el terror se apoderó de las calles de la ciudad y no fueron pocas las personas que volvieron a activar los marcadores de raza y clase, para señalar que los agresores y perturbadores del orden eran, como siempre, las personas negras que viven en el oriente de la ciudad. Según afirmaban en redes sociales y otros medios los jóvenes de los sectores empobrecidos del Distrito, eran quienes, desde una presunta acción de venganza por las sistemáticas exclusiones que vivían, se lanzarían a saquear los bienes que los “buenos caleños”, habían conseguidos con trabajo y esfuerzo.

Lo anterior no se distancia de la actual situación de conmoción que vive la ciudad, producto de la pandemia por el Covid-19, y el confinamiento de la población. Cuando se presumía que ya se había alcanzado el pico más alto de contagios, el periodista Diego Martínez Lloreda escribe la columna “entre Cali y Medellín”, donde resume que el problema de la situación de propagación de contagios de esa enfermedad en la ciudad se debe a la desobediencia de esa gente negra que vive en el oriente, y que no tiene control alguno de sus actos, pasándose por la faja las orientaciones ofrecidas por la administración en materia de tratamiento de la crisis de salud por la que se atraviesa.

La última de las escenas protagonizadas por los sospechosos habituales se presentó durante el fin de semana del 21 de junio, en el marco de la celebración del día de los padres. La colonia Nariñense fue intervenida por funcionarios de la secretaria de seguridad, y la policía nacional porque ahí se estaba llevando a cabo una celebración clandestina, en la que participaban más de trecientas personas. La intensidad de las críticas y cuestionamientos hacia las personas que se concitaron a la rumba no se hicieron esperar. Fueron señalándolos, nuevamente, de ser el foco de propagación del virus hacia el resto de la caleñidad, catalogándoles como irresponsables y faltos de conciencia.

Pero algo que ni el periodista ni los sectores cuestionadores señalan es el antecedente institucional que tuvieron esos hechos. Parece no importarles que, para garantizar el éxito del primer día sin IVA, el alcalde permitió la libre circulación de personas en toda la ciudad. Autorizaron a las clases medias y medias bajas de la ciudad a salir en estampida para comprar desenfrenadamente, generando aglomeraciones en los centros comerciales del sur de la capital del Valle. Parecía que esa era una aglomeración donde la violación de las normas de seguridad y bioseguridad estaban permitidas, pues no era generada por los sospechosos habituales. En la mayoría de los casos, la condición socioeconómica de las personas que viven en el oriente de la ciudad no les permite cumplir con el requisito de bancarización y ser portadores de las tarjetas de crédito y débito que eran indispensables para participar en la jornada.

Las manifestaciones y decisiones políticas tomadas entre el final de la pasada administración municipal, catalogada como una gestión de línea conservadora y el primer semestre de la actual, que es considerada como de raigambre social y cercana a la nueva izquierda, confluyen en un agenciamiento de esos marcadores de raza, clase y espacio, manteniendo e incentivando en el resto de los habitantes de la ciudad el imaginario de que, los pobladores del Distrito de Aguablanca, son y siempre serán Sospechosos Habituales.