03 de agosto de 2023
Por: Arleison Arcos Rivas
El Pacífico colombiano sigue siendo un hervidero de conflictos y hostilidades que no cesan, en contra de su población. La presencia variada y pertinaz de ejércitos mercenarios, fuerzas antirrestitución, organizaciones de narcotraficantes, agrupaciones guerrilleras, y grupos delincuenciales de todas las denominaciones, que operan incluso con apoyo de actores oficiales, evidencia el carácter desregulado de las guerras que padece la región, elevando el angustioso clamor de paz demandado por sus pobladores.
Incluso en estos momentos, cuando la promesa de avance hacia la paz total constituye una esperanza para que la guerra cese definitivamente en los territorios mayoritariamente habitados por el pueblo afrodescendiente, cunde el pánico, las alarmas se elevan y la huida resulta permanentes ante la arremetida de grupos mercenarios, agrupaciones de narcotraficantes y ejércitos irregulares apostados en los ríos, montañas y valles del Pacífico.
Tanto en las grandes urbes, como en los más pequeños poblados, el temor se siente. La Zozobra crece ante la permanente presencia armada de combos, bandas y emisarios de los clanes. El Estado, eternamente precario y deficitario, no aparece siquiera para proveer una mediana sensación de orden y diligencia en la atención al agravamiento de la inseguridad en Tumaco, Buenaventura, Quibdó y varias poblaciones, caseríos y asentamientos, en los que los nuevos desplazamientos son pan del día.
De un lado está el Clan del Golfo, el ELN y las refractarias FARC se encuentran enfrentadas por el posicionamiento territorial y la disputa de los grandes negocios ilegales asociados a la minería, la extracción maderera, el tráfico de narcóticos y la importación de armamento. En otra orilla se ubican reductos paramilitares, combos urbanos y pequeñas agrupaciones, cuyo poder de intimidación, acoso y afectación de la vida cotidiana va desde la amenaza y el hostigamiento hasta la declaratoria de paros, pasando por la exhibición de su poderío armado.
De ahí que la población demande con urgencia acciones contundentes por parte de los distintos organismos de inteligencia, la fiscalía y la fuerza pública; más allá de la retórica de la protección humanitaria que no ha impedido el asesinato de decenas de liderazgos, ni contenido el desenraizamiento y la dispersión poblacional por todo el territorio nacional.
Alienta la terca prosecución de la paz total como estrategia del ejecutivo para desescalar la guerra y avanzar en la negociación del desarme generalizado, con las estructuras y organizaciones que resulte posible pactar. Sin embargo, la dimensión económica y trasnacional de los mercados multicrimen hace evidente que tal propósito no podrá concretarse ni con todos los armados ni en todos los territorios.
Es cierto que el país logró firmar un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del mundo negociando en medio de la guerra. Muchas veces fue incluso posible comprometerse con el cese al fuego como manifestación de entendimiento y avance en ese proceso. Sin embargo, infinidad de sucesos lamentables, ocurridos mientras se desplegaba esa experiencia, indican que también la para de hostilidades contra la población civil podría plantearse como condición indispensable en la bilateralidad de las negociaciones que se adelantan.
Por ello, aunque genera esperanza la declaratoria del cese al fuego del Estado con el ELN, no resulta suficiente para que las comunidades estén tranquilas y baje su nivel de vigilancia ante el conflicto armado. Ojalá avancen igualmente las negociaciones y pactos con las denominadas disidencias, e incluso que los escenarios jurídicos a los que se ha acudido para dialogar y acordar el sometimiento de estructuras delincuenciales organizadas en Buenaventura y Quibdó, también lleguen a buen término.
Se requiere que el estado esté, con fuerza y contundencia, encarando dinámicas estructurales que han afectado e imposibilitado el desarrollo territorial autónomo. En este inusitado laboratorio de guerra que es Colombia, es urgente encarar los graves asuntos sociales y económicos que perpetúan la desigualdad, alimentan la pobreza y nutren la guerra en los territorios mayoritariamente afrodescendientes, los cuales no desaparecerán cuando se vayan las armas. Si no llega llega la paz, al menos que cesen las hostilidades contra la población civil.
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