Un gobierno progresista siempre debe enarbolar las banderas de la igualdad, la defensa de los derechos humanos y la justicia social como pilares fundamentales de una sociedad. Cualquier tipo de discriminación, exclusión; y también de preferencia elitista, clasista o de otra naturaleza debería estar proscrita en el ejercicio alternativo del poder.

Ninguna reivindicación o avance social es posible si se hace a costa de la dignidad de los grupos sociales históricamente excluidos. En gobiernos excluyentes y racistas es común que se niegue la existencia de la injusticia racial postulando hechos individuales de acceso a posiciones institucionales o con la simbología de relatos mal contados de una negritud nacional que no existe en la estructura de poder real del país.

Lo que ha dejado claro el primer gobierno progresista en la historia de Colombia es que el racismo institucional no es exclusivo de regímenes totalitarios o de derecha. La izquierda es profundamente racista y no se ha esforzado en la comprensión de la desigualdad racial como un sistema estructural que reproduce la injusticia en buena parte del territorio y la población de esta nación.

El racismo no se resuelve con fórmulas burocráticas de presencia de afrodescendientes en cargos de poder, esa podría ser una acción de reparación histórica, si fuera sistemática que no lo es. Además, persisten diferentes, subjetivos y más exigentes raseros para valorar el desempeño o la gestión pública de los funcionarios étnicos. sus logros son puestos en la palestra y la desacreditación pareciera ser la manera de imponer la idea que la institucionalidad colombiana es de las élites para las élites, a las cuales las poblaciones racializadas no pertenecen sino para garantizar simbólicamente su statu quo.

Esas elites están también en la izquierda. En buena medida, porque camaleónicamente han llegado desde cualquier orilla adversa. Su talante discriminador ha contribuido a arrinconar, trivializar y menospreciar eso que llaman sin juicio y sin conocimiento “poder negro”. En su dedo inquisidor quedan los afrodescendientes y los indígenas como los menos capaces e idóneos para asumir las altas dignidades del Estado.

El presidente Petro recientemente anunció en uno de sus semanales Consejos de Ministros que cerraría el cuatrienio con un nuevo remezón en su gabinete. Agregó que no estaba contento con las ejecutorias en buena parte de las carteras. Al parecer, ese cambio esperado tenía un tinte étnico racial, porque los relevos solamente se produjeron en las entidades direccionadas por el ministro afrodescendiente y la ministra indígena. Nuevamente el rasero con el que se midió la gestión de los funcionarios de marras fue público, poco objetivo y mediado por el escarnio.

Son indudables los logros de este Gobierno en varios ámbitos. Anhelo que las transformaciones sociales puedan profundizarse con otra u otro presidente progresista. Sin embargo, el progresismo democrático se debe un profundo y serio debate en torno a la verdadera materialización de acciones estructurales antirracistas con una agenda de reparación histórica y de materialización de los derechos colectivos del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal y de los demás colectivos étnicos.

La caricaturización de las categorías raciales incluidas en discursos oficiales denota que es necesario mayor estudio y conocimiento de la historia y de la realidad de los pueblos descendientes de africanos en Colombia. En ese sentido, la instrumentalización de liderazgos vacíos para evidenciar falazmente inclusión política debería estar en el centro del debate que propongo.

Seguiré ahondando estas reflexiones.