Derrota irreversible

22 de marzo de 2022

Por: John Jairo Blandón Mena

Las pasadas elecciones legislativas y las consultas interpartidistas significaron el principio del fin de la hegemonía uribista. Fue tal la debacle, que en menos de 48 horas de conocidos los resultados, el jefe del partido de gobierno sin reunión con su colectividad le ordenó a su desdeñado candidato presidencial que renunciara a su moribunda aspiración. La sucesión de decisiones de la élite demuestra su creciente desespero ante la mayor expresión electoral de la izquierda y del progresismo en Colombia. 

Sin duda, que la votación masiva por las listas del Pacto Histórico fue una clara manifestación del rechazo a las políticas fallidas de este y los gobiernos recientes. El umbral de tolerancia de la sociedad colombiana ante el desgobierno, la desinstitucionalización, el empobrecimiento y la injusticia se agotó.

Se agotó en un gobierno que en plena pandemia les entregó a manos llenas ayudas millonarias a los sectores más ricos, mientras millones de colombianos se debatían entre cumplir la cuarentena para preservar la salud o salir a rebuscar el sustento poniendo en riesgo la propia vida y la de la familia. Se agotó en un gobierno que no hizo nada por consolidar la construcción de paz, y que cumplió con creces su promesa de hacerla trizas. Se agotó en un gobierno antidemocrático, que cooptó a todos los órganos de control y que acrecentó la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones.

Por cierto, instituciones que ya ninguna reforma las hace funcionar, porque ellas no precisan de cambios cosméticos sino de verdaderas reformas estructurales. Por citar algunos ejemplos, al INPEC le quedó grande el manejo de las cárceles. A la Policía Nacional la desbordó la inseguridad ciudadana y a la Registraduría le resultó imposible organizar con transparencia y dar garantías en las elecciones. En todo, está la mano del gobierno actual que patrocinó la corrupción y que fue incapaz, como han sido los anteriores, de propiciar las transformaciones institucionales que requiere el país.

Los precandidatos y precandidatas presidenciales que representaban siquiera un asomo de continuismo fueron castigados en las urnas. De igual manera, las listas al Congreso del partido en el poder disminuyeron su votación en casi un 40% respecto a los comicios anteriores. Escribo todo esto sin haber mencionado el fraude que se fraguó desde la institucionalidad electoral y que pretendía desaparecer los votos de los sectores opositores al poder.

No son errores aislados cometidos por los jurados inexpertos que reemplazaron al magisterio, que por orden del uribismo al Registrador no fungieron en su histórico rol de salvaguardar el proceso electoral en las mesas de votación. Lo que aconteció fue un premeditado y sistemático fraude que buscaba disminuir la participación fundamentalmente del Pacto Histórico en el Congreso, y de paso, invisibilizar la votación sin precedentes de ese movimiento, y, en consecuencia, la derrota irreversible del partido de gobierno.

Sin embargo, la estrategia jurídico electoral que ya tenía prevista la dirigencia del Pacto Histórico fue efectiva, y en pocos días rescató los votos que entre los formularios E-14 y toda la maraña de documentos electorales habían desaparecido entre jurados y funcionarios inescrupulosos y de mala fe de las registradurías. Se espera, pero es mucho pedir, que todos los órganos de control y la Fiscalía pronto se pronuncien sobre responsabilidades disciplinarias y penales.

Hoy, que ya la derrota es irreversible, los expresidentes Uribe y Pastrana hablaron de desconocer los resultados y de hacer un recuento general. Ambas posiciones son irresponsables y producto del desespero. La primera es un llamado a la violencia masiva; y la segunda, es un exabrupto jurídico, porque ya producido el escrutinio en el que participaron cientos de jueces y notarios, la ley no contempla un mecanismo de recuento de votos.  Por estas razones, la alocución del Registrador Nacional del Estado Civil donde alude el recuento de votos es un adefesio que lo único que demuestra, es que esa dignidad le quedó grande a ese funcionario, y el único camino que tendría que recorrer por dignidad es presentar su renuncia inmediata.

Sobre el autor

Abogado de la Universidad Católica Luis Amigó. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Especialista en Métodos de Enseñanza Virtual de la Universidad Católica del Norte. Especialista en Estudios Afrolatinoamericanos y Caribeños de Clacso. Magíster en Educación del Tecnológico de Monterrey. Y actualmente Candidato a Doctor en Educación de la Universidad Católica Luis Amigó. Se ha desempeñado como docente universitario. Coordinador del Equipo de Trabajo de Medellín en el Proceso de Comunidades Negras (PCN). Coautor de libro: Debates sobre conflictos raciales y construcciones afrolibertarias. Editorial Poder Negro. 2015.
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