¿Podrá gobernar Petro?

21 de abril de 2022

Por: Arleison Arcos Rivas

Muchos se preguntan si podrán gobernar Gustavo Petro y Francia Márquez, cuya inminente victoria estará seguida de un presumible bloqueo legislativo, marcada por una férrea y virulenta reacción de las elites. En realidad, la incógnita debe invertirse para preguntar si a sus opositores les conviene no dejar gobernar a Petro, insistiendo en su fatigante cacareo de que nos convertirá en una segunda Venezuela.

Aunque resulta previsible que diferentes sectores y personajes beneficiarios de la homogeneidad legislativa y del control absoluto del ejecutivo continuarán presionando e instigando a las fuerzas de derecha para que acendren su persecución y rechazo a propuestas y alternativas que busquen trastocar la ortodoxia económica primordialista que impera en el país, debe recordarse que Colombia no es Venezuela; un país desnacionalizado por la elite imperante antes del chavismo.

Deberían pensar seriamente si les conviene jugar al asesinato de Petro o lanzar la moneda de la oposición incendiaria y a ultranza como hicieron sus pares en el país petrolero vecino, por varias razones:

Primera: Jugar a la carestía inalcanzable o al desabastecimiento programado es un tiro a la cabeza para un amplio sector agroindustrial que, pese a los avatares de los tratados de libre comercio, sólo en este país podría concentrar tanta riqueza, exenciones, exclusiones y beneficios estatales. Buena parte de quienes han prosperado en tales condiciones lo han hecho gracias al muy provechoso contubernio entre el estado y el sector mercantil que acabó con los ferrocarriles y desalentó el comercio fluvial para favorecer el transporte en camiones, desmontó la flota mercante y privatizó los puertos marítimos entregándolas a pocas manos.

Además, pese a lo que pueda pensarse por sus expresiones gremiales, los grupos económicos del país ni son homogéneos ni tienen una única identidad corporativa, como quedó demostrado recientemente con la agresiva movida que el Grupo Gilinski adelantó para golpear al pétreo Grupo Empresarial Antioqueño. El forcejeo entre tales emporios bien podría significar el ahondamiento de sus fracturas bloqueándose mutuamente, lo cual no harían. Es mucho más previsivo verles influyendo en un nuevo gobierno, buscando amplificar su potencial productivo y rentabilístico frente a quienes hasta ahora han sido los industriales y financistas beneficiarios del querer gubernamental, especialmente el grupo Aval y su camarilla de contratistas y constructores aliados.

Segunda: Desahuciados quedarían quienes, con Petro Presidente, pretendan sacar sus riquezas del país. Alimentando miedos sobre la figura de la expropiación y, ahora, de la democratización, venden en redes y con amenazas a sus empleados, la falsa idea de que se irán del país, lo venderán todo y acabarán con millones de empleos. Nada más falso y mentiroso, pues esos sujetos tan cosmopolitas saben muy bien lo que suma el pago de impuestos en países serios en los que nunca gozarían del cúmulo de dádivas y concesiones que el control gubernamental y legislativo le ha prodigado a su antojo, permitiendo la perpetuación de una aristocracia financiera y latifundista sin parangón.

El descuento de cargas impositivas que llegan hasta el 50% de ingresos y la alta tributación por herencias, dividendos y ganancias sobrevinientes es una fuerte advertencia contra su pretensión escapista; a tal grado que prefieren alimentar paraísos fiscales, antes que territorializar sus finanzas. Ni la diversificación extraterritorial de portafolios empresariales offshore, ni la cotización anónima en bolsas de valores les permite eludir tales compromisos; acostumbrados, como están, a vivir de la teta del Estado, sin tributar lo correspondiente y trasladando a los usuarios los costos de su excesiva rentabilidad.

Quienes, buscando asegurar las riquezas y los privilegios acumulados, cacen para asegurarse la muerte de Petro como estrategia para que todo siga igual, deberían sopesar el inmenso error de cálculo que ello significaría, en un país que ya registró decenas de muertos en un alzamiento popular sin armas, pero violento. Tal vez el Bogotazo pueda disuadirles de semejante afrenta al querer popular; pues no por nada las generaciones nuevas ponen en el exalcalde las expectativas del cambio negado con las muertes de anteriores líderes políticos.

Tercera: Más que industriales, desde la gestación de la nación, la clase gobernante se adueñó de las hectáreas más productivas, extendió la ganadería sobre extensos sabanales y bloqueó el acceso popular y masivo a la tierra, condenando al país a ser una cofradía de hacendados y gamonales, sin posibilidad alguna para que se convirtiera en una nación de propietarios.

Pese al desplome del agro, la tierra sigue siendo un factor de acumulación indiscutible y un soporte de la influencia política y económica de los señores regionales. La alta concentración de la tierra, sin la debida actualización del catastro rural que permita precisar y registrar la extensión de los linderos y la descripción física, económica y jurídica de las propiedades en el campo, ha significado el comercio y transacción de predios de manera irrestricta y a precios acomodaticios, al margen de la capacidad del Estado para ordenar el territorio.

Ni reforma agraria, ni desarrollo rural ni agricultura sustentable han sido del interés de las familias y asociaciones de terratenientes que, ante cualquier asomo de rebelión en el campo, no dudaron en armar ejércitos paramilitares con los cuales asegurarse la extensión y anexión de miles de hectáreas expropiadas violentamente o simulando negocios firmados al calor de las balas y las amenazas de muerte.

Esas gentes cuentan con representantes y senadores afanosos en ponerle coto a las aspiraciones del Pacto Histórico que, pese a ser la primera fuerza en el Congreso, no alcanza por sí misma a ser mayoría. De ahí que buscarán controlar significativas partidas presupuestales que, así no revivan las viejas dietas parlamentarias convertidas ahora en mermelada, favorezcan su incidencia territorial. Seguramente estarán de acuerdo en medidas y políticas que produzcan cierto equilibrio en las participaciones, e incluso en un moderado balanceo del erario en favor de políticas de mayor contenido social, a condición de que cada región por la que se presentan quede incorporada en el reparto.

De ahí que, ante la remota posibilidad de una nacionalización generalizada de las industrias, la desapropiación de los canales comerciales y la expropiación en la tenencia de la tierra, la reacción regional sería tan violenta y radical que ninguna alternativa política lograría calmar los desafueros que implicaría la activación y reactivación de las tantas armas disponibles para distintas fuerzas en un país en el que el Estado resultó incapaz de asegurar ninguno de sus monopolios, incluido el de la fuerza. La guerra de los supremos, la guerra de los mil días, la Violencia de pájaros, chulavitas, chusmeros y contrachusmeros, y el armamento de paramilitares y cooperativas armadas antirrestitución, constituyen antecedentes de cómo reaccionan las élites, levantando una macabra advertencia que indica dónde están y cuáles son los “verdaderos dueños” del país. Incluso recientemente, ante el alzamiento juvenil y popular, hemos visto el doloroso espectáculo de muertes provocadas por cuadros institucionales afectos al accionar belicoso de “la gente de bien” en el país.

Cuarta: La lapidaria frase “el país va mal, pero la economía va bien”, ha reflejado el alto nivel de desafección ética de gremios y funcionarios que por décadas han hecho negocios con narcotraficantes, incorporado dineros del lavado de activos al fortalecimiento de activos y al cuadre del balance de sus empresas, confabulándose incluso con oficinas, combos, bandas, guerrillas, paramilitares y ejércitos residuales con los que tierra, dinero y sangre bailan al son de las balas que más convengan.

Encopetadísimos señores, muchas y muchos con apellidos que narran la historia de la captura política y el copamiento económico del país, han contado con lavaperros y testaferros de todos los estratos para armar familias clientelares con las que pactan desde un reinado de belleza hasta el control de lo que entra y sale por puertos aéreos y marítimos. Difícilmente estarían interesados en irse y dejar tiradas rutas de contrabando, entornos comerciales desregulados y fuentes de negocios que han sido altamente rentables; incluso si se viesen obligados a tributar y pactar nuevos encuadres institucionales en el país del “hecha la ley, hecha la trampa”.

Quinta: Los miedos que andan vendiendo, antes de que Petro y Márquez se conviertan en la fórmula ganadora, tendrán que calmarse necesariamente al paso del calor electoral, procurando adentrar al país en un escenario de pactación y acuerdos:

Primero, porque los cambios y transformaciones que el Pacto Histórico promueve ocurrirán en el despliegue del capitalismo, sea cual sea su versión criolla progresista. Tanto por la capacidad de las trasnacionales para mover a sus estados hacia la aplicación de bloqueos y medidas económicas que fatiguen aventuras revolucionarias sin bloques de poder contrahegemónicos establecidos, como por la dimensión institucional de repartos jurisdiccionales que impiden el que en Colombia pueda cerrarse el Congreso o promoverse un golpe de Estado que clausure la conservadora institucionalidad colombiana.

Segundo, porque el control de la policía, las fuerzas militares y los organismos de persecución estatal siguen y, muy seguramente seguirán, en manos de una oficialidad bastante cómoda con las elites económicas latifundistas y financieras del país y de aquellas internacionales a las que están subordinadas. Aunque no contamos con nutridos estudios sobre la riqueza de los militares en Colombia, la frecuencia con la que sus asociaciones y sus representantes, electos o no, se pronuncian en defensa del establecimiento, resulta indicativa de cuál sería su postura ante un inminente gobierno de izquierda que, curiosamente, cuenta ya con la adhesión de amplios sectores en la reserva activa, y ha hecho público su programa de transición hacia el capitalismo democrático, no socialista.

¿Les conviene dejar gobernar a Petro? Todo parece indicar que sí; pese a que las elites y sus emergentes tendrán que establecer acuerdos a partir del 30 de mayo, de modo que cedan en su actitud depredadora, extractivista, oligopólica, latifundista y plutocrática, pensando en que este país tenga una segunda oportunidad de refundarse sobre una base económica, política, social y cultural a contracorriente de la que ha alimentado desigualdad, oprobio y concentración abusiva, como hasta ahora.