29 de octubre de 2020

Por: Arleison Arcos Rivas

Cuando el país asistió al, hace apenas una década, inconcebible acuerdo hacia una paz negociada con las FARC, grupo guerrillero al que el estado comunitario de Álvaro Uribe promedió acabar y no pudo, quienes aspiramos a consolidar rumbos societales al margen de las armas respirábamos con cierto optimismo ante la tranquilidad de los fusiles, el despoblamiento de los hospitales militares y la vigorosa disminución de acciones de guerra.

Sin embargo, la rápida erosión institucional de los acuerdos tras cada nueva tentativa y decisión de Iván Duque, su partido el centro democrático y su patrón electoral, resultó evidente que hacer trizas los acuerdos de paz, antes que una algarada lapidaria, acompañaría el desgano que ha caracterizado la lenta implementación de los compromisos estatales, lo que ha justificado incluso el rearme de algunas facciones virulentas.

Como si no bastara con la estatura presidencial a la que se elevó el carácter pendenciero y retrechero de quienes avivan sus negocios con la brasa de la guerra; el ELN, las facciones guerrilleras que no negociaron en la habana, los ejércitos del narcotráfico y los ejércitos antirrestitución continúan sembrando el terror en pueblos y caseríos, acompañados ahora por los paramilitares gaitanistas, los nuevos combos y los broncos brazos armados de los carteles mexicanos presentes en Colombia; todos ellos decididos a extender su presencia bélica asegurándose el mayor control territorial y poblacional  posible.

De nuevo el país abre sus noticieros con registros de masacres, asesinatos y bombazos, mientras en pueblos y caseríos se hace incesante el aleteo de los helicópteros, el movimiento de tropas, las incursiones, tomas y toques de queda, los paros armados, los emplazamientos amenazantes, y la muerte de civiles, niñas y niños incluidos; acrecentando el desangre y los “asesinatos aplazados”, cuando se pensaba que quedarían atrás las décadas de horror que el país ha padecido. 

Con sobresalto y perturbación hemos visto que, bajo los cantos de guerra, se justifica incluso lo no justificable, dejando caer cientos de kilos de explosivos sobre campamentos en los que se sabía de la presencia de niños, se ataca una escuela de formación policial y las comunidades en los territorios recogen afanosas sus cuatro chiros, corriendo para no perder la vida, así se vuelva a perder todo lo demás.

Día a día se suceden las muertes al por mayor y detal de líderes sociales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y activistas comunitarios; sin que parezca posible que la sociedad encuentre vías para contener el desangre. Alimentados por el discurso gubernamental guerrerista, reaparecen los falsos positivos con rostros indígenas y afrodescendientes e incluso en las ciudades las fuerzas estatales producen asesinatos, desapariciones y torturas.

En un país ofuscado con la diferencia, mujeres y hombres de todas las edades aparecen muertos o son encausados penalmente por atreverse a seguir siendo la voz de sus comunidades, mientras en los estrados judiciales nos enteramos que desde posiciones de gobierno el mismo estado ha promovido la acción de sicarios uniformados y ha perpetrado sistemáticamente persecuciones, hostigamientos y actuaciones armadas en contra de quienes claman por la vida, la dignidad y la plena vigencia de los derechos consagrados constitucionalmente.

De jugadita en jugadita, los reclamos de diferentes facciones que se levantan contra el terror, la muerte y la desazón desinstitucionalizadora son bloqueadas con argumentos antojadizos e improvisados informes de confabulación e infiltración de alzados en armas. Entre la gente, mientras los seguidores del partido de gobierno se solidarizan con la fuerza pública, desmandada contra supuestos “vándalos”, se guarda silencio o incluso se justifican los desmanes del escuadrón móvil antidisturbios – ESMAD contra los manifestantes. Mientras unos imploran el cumplimiento expreso del mandato ciudadano por la paz; otros ofrecen plomo sin negociación alguna. 

La plomocracia nuestra se eterniza, alcanza incluso estatus gubernamental al autorizar el porte y uso selectivo de armas de fuego, renovar el apertrechamiento de la fuerza armada, elevar la capacidad de ataque del ESMAD y promover nuevamente la especialización de grupos de ciudadanos informantes y cooperantes, como si no hubiésemos aprendido nada de las décadas en las que por campos y ciudades campearon a su amaño las convivir y los grupos paramilitares perpetradores de mil y una matanzas, masacres y homicidios indiscriminados y selectivos.

Bajo el impulso de la plomocracia, la eterna epidemia que nuestro país no parece querer dejar atrás, las urbes elevan sus cuotas fatídicas, los hospitales se llenan otra vez de heridos y muertos, los bares de barrios registran ajustes de cuentas y viejos cobros entre combatientes, reaparecen las fronteras invisibles, las carreteras se hacen peligrosas y la noche vuelve a dar miedo, igual que el día.