La Policía Nacional de Colombia está en honda deuda con la garantía y protección de derechos humanos, especialmente cuando resulta evidente la implementación de perfilamiento racial y asesinatos de odio por parte de sus activos. Cuesta trabajo respetar el oficio policial cuando acumulan formas de accionar rayanas con lo delincuencial, que no pueden aceptarse como casos aislados, porque resultan ser la expresión de un problema institucional que debe encararse.

Que las prácticas delictivas no sean perseguidas por los uniformados, sino que sean estos los protagonistas de la vulneración de la ley y la constitución, resulta pasmosamente deplorable, insostenible. Así, el asesinato de dos afrodescendientes, hombres, inermes, en contextos geográficos diferentes, con participación de varios uniformados y sin respeto alguno por los protocolos, no solo evidencia la persistencia del racismo en las filas de una fuerza ampliamente conformada, paradójicamente, por personas de esa misma etnia, sino la tormentosa participación de sus comandantes en el ordenamiento de acciones que ponen en entredicho a la institución entera.

Por eso duele intensamente que, reunidos por convocatoria presidencial, un grupo de personas afrodescendientes se haya sentado a escuchar el convencional discurso del mandatario, sin poner de presente la gravedad de dos asesinatos, el de Donovan Balanta Paz y Luis Alfredo Chocó Echeverry, perpetrados por agentes policiales en Soacha y Villa Rica, en circunstancias que evidencian indefensión frente a los claros abusos de la fuerza pública, ultimados a patadas y descargas de táser el primero, y por disparo a la cabeza, el segundo.

Estos dos asesinatos se suman a una cadena de crímenes de odio documentados por diversos informes de organismos internacionales de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil, quienes indican que la policía todavía opera con señalamientos prejuiciosos contra comunidades integrantes de diferentes poblaciones étnicas, así como personas con orientaciones sexuales diversas, como se registra en múltiples procesos disciplinarios y penales.

Más allá del acumulado de evidencias, la contención y extinción de ese tipo de prácticas representa un fuerte desafío para las fuerzas uniformadas en el país, involucradas en situaciones que no solo cuestionan a la institución sino a la estructura jerárquica que permite la interpretación de órdenes y procedimientos en los que incluso la muerte de ciudadanos pueda considerarse un acto legítimo y propio del servicio.

En crímenes como estos, en los que se anuncian exhaustivas investigaciones que no suelen arrojar cambios sustanciales, no puede aceptarse la teoría de las manzanas podridas que dirige la tensión a la responsabilidad individual de quienes ejecutan las órdenes o actúan de manera abusiva. Cabe la necesidad de desinstalar toda oportunidad para que los referentes institucionales que las sustentan, propicien o puedan tender puentes entre la defensa de la seguridad y la vulneración de derechos.

Fronteras actuacionales que se vuelven difusas resultan peligrosas. Las regulaciones de lo permitido y posible no pueden quedar sujetas a interpretación, a tal grado que corra riesgo la vida de quienes deben ser protegidos por la autoridad, incluso en ejercicio de procedimientos que requieren su intervención. Esto resulta mucho más perentorio cuando Donovan y Luis a escasos siete días de diferencia, fueron asesinados producto de intervenciones de la policía que no implicaban su participación en enfrentamientos violentos, acciones armadas, o acciones de confrontación violenta.

De hecho, en el caso de Donovan, los videos evidencian que ya había sido sometido por siete agentes, no presentaba resistencia y se encontraba en condiciones que le impedían atacar a quienes le asediaban. También los videos evidencian que Luis no portaba armas ni representaba peligro cuando recibió un disparo a la cabeza por el que perdió la vida, minutos después.

Finalmente, aunque ha habido reacciones y plantones en diferentes ciudades, resulta pálida la manera como los grupos, colectivos y plataformas del movimiento étnico afrodescendiente han asumido que se produzca esta clase de acciones en ausencia de confrontación directa y sin el carácter violento que eleva las alarmas por las circunstancias de ambos decesos. Más que deseo, se requiere movilización pública contundente que haga patente el malestar provocado por estos crímenes.

La desproporción en el uso de la fuerza, el sostenido perfilamiento racial, el ataque inclemente a la diferencia étnica, sexual y de género, y la ausencia de protocolos claros de contención configuran un escenario de alto riesgo que anima la volatilidad social ante la desprotección efectiva de la vida. Estas prácticas, además, generan inseguridad institucional en contra de la dignidad humana y la garantía de derechos para la población afrodescendiente, al normalizar intervenciones que reproducen patrones de exclusión y violencia institucional racializada.

No puede hacerse “normal” que proliferen las vulneraciones sistemáticas contra comunidades históricamente marginadas, mientras los discursos institucionales apenas si resultan protocolarios.

Ante los hechos, el movimiento social afrodescendiente, los organismos de defensa pública, las autoridades de control y los organismos de inspección de la entidad policial deben revisar y fortalecer los marcos regulatorios, de modo que las actuaciones de los uniformados siempre se acojan a expectativas sociales garantistas, sujetando su operación a procedimientos con límites precisos, que eviten la discrecionalidad y la actuación delictiva.