Por: John Jairo Blandón Mena

Nos agarró el 2021 con el pico de Covid-19 en Colombia, las muertes y contagios registrados durante el mes pasado han sido los más altos desde el inicio de la pandemia. Alrededor de 6.500 decesos decembrinos y un promedio diario por encima de los 200, los contagios que terminaron en noviembre promediando los 8.000 por día, en diciembre alcanzaron a llegar a los 14.000. Más allá de las frías y dramáticas cifras, lo importante es analizar la acción institucional y ciudadana con miras a controlar el avance letal del virus global.

Sin duda alguna, en Colombia, el presidente Iván Duque fue incapaz de generar un consenso con los mandatarios locales mediante la máxima autoridad sanitaria del país, que permitiera enfrentar la pandemia con acciones coherentes y articuladas, la disparidad de determinaciones varía de acuerdo a la arbitrariedad de cada mandatario local, alcaldes y gobernadores que por decreto han tomado medidas restrictivas sin sustento científico: pico y cedula, pico y género, toque de queda, prohibición del expendio o consumo de licor, cierre parcial o total de algunos sectores del comercio se aplican de manera fraccionada en territorios departamentales o áreas metropolitanas. En algunos casos, burgomaestres de municipios conurbados, entre los cuales no existen diferencias de fondo en cuanto a sus dinámicas urbana y rural, y que padecen las mismas cifras de muertes y contagios actúan contradictoriamente respecto a las medidas para proteger a la población.

Desde luego, que las prohibiciones y las limitaciones a las libertades ciudadanas junto a la disciplina social son las armas que se han utilizado en todo el mundo para combatir el contagio y las consecuentes muertes por el virus, sin embargo, el desconocimiento de factores epidemiológicos y la descoordinación entre las normativas expedidas en el ámbito municipal y el nacional, dejan a los gobiernos locales en el escenario de una autonomía que puede tornarse en arbitrariedad; ya lo decía recientemente el alcalde de la Ceja en reunión con otros 23 mandatarios locales de la subregión del oriente de Antioquia «Si el Gobierno no es capaz de proteger a sus ciudadanos, como Alcalde de La Ceja juré proteger su vida. Por ahora en La Ceja mantengo el toque de queda. Prefiero ir a la cárcel que ver morir a la gente de mi pueblo». Lo anterior refiriéndose a la desatención y falta de coordinación con el Gobierno Nacional para tomar medidas restrictivas de las libertades ciudadanas en medio del aumento de contagios y muertes en esa región.

Entretanto, la vacuna, que es la única solución para el control de la pandemia, viene aplicándose en los países de Norteamérica y en varios europeos, Latinoamérica inició el proceso con Chile, Argentina, Panamá y Costa Rica. El presidente Duque anunció hace un mes que en negociaciones con los laboratorios Pfizer-BioNTech y Astra Zeneca se habían adquirido 40 millones de dosis que empezarán a llegar en el primer trimestre del próximo año. Para muchos expertos y simples opinadores, no se entiende como Colombia siendo el tercer país latinoamericano con más casos no haya sido pionero en el proceso en el continente, y haya quedado rezagado con Haití, Surinam y Belize. Una muestra más del fracaso de la política internacional del país.

Y, frente al cronograma de vacunación, el presidente y el mismo ministro solo dieron información hasta hace un par de semanas, por efecto de una acción de tutela interpuesta por el representante a la Cámara José Daniel López, mediante la cual solicitó información precisa que detallara tiempos, logística y preparativos que tiene el Gobierno para transportar y aplicar a lo largo del territorio nacional vacunas que requieren condiciones de refrigeración muy especiales.

Al parecer, no había habido anuncio oficial de cronogramas y metodologías porque se estaba esperando la expedición de la ley 2064, que declaró de interés general la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra la covid-19, pero esa normativa que fue presentada por el presidente como la que permitirá la aplicación gratuita de la vacuna a la población en general, tiene, como casi todas las leyes en Colombia, un elemento que desdibuja su bondad, y es la exoneración de responsabilidad del fabricante de la vacuna frente a la afectación a la salud que ésta pueda generar en las personas que la reciban. Deberá entonces responder el Estado, es decir, todos los colombianos, por las eventuales demandas que se presenten por efectos secundarios o daños generados en personas determinadas por la aplicación de la vacuna.

La responsabilidad por los efectos colaterales que pueda producir la vacuna debe radicar en el fabricante; que sea el Estado quien asuma dicha carga, hace que la negociación realizada entre el Gobierno con las farmacéuticas, sea simplemente un contrato leonino.

Adenda: Contrato leonino: Es el contrato por el cual una parte se beneficia con extraordinaria proporción respecto a la otra, perjudicándola en sus intereses (Definición tomada de la Enciclopedia jurídica – http://www.enciclopedia-juridica.com/).