Por: John Jairo Blandón Mena

En Colombia se plantean y tramitan formalmente reformas en todos los sectores: la salud, la educación, la justicia, la política, el sistema electoral y el tributario, pero las cosas siguen igual o empeoran, tal como lo escribió el autor italiano en la novela Gatopardo “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Buena parte de las 2.066 leyes que se han promulgado desde la expedición de la Constitución de 1.991 tenían la pretensión de introducir cambios estructurales en diversas áreas de la vida de la nación, pero lo que lograron fue un exceso de legalismo que poco o nada ha aportado a la eficiencia estatal. Un ejemplo evidente es el sistema de seguridad social contenido en la ley 100, más de un millar de decretos reglamentarios, incontables circulares, directrices ministeriales y reglamentos emitidos por distintas entidades, y lo que se encuentra en esa abundancia de normativas son contradicciones unas con otras, decretos que derogan parcialmente a otros, y, en suma, un sistema que no funciona bien para el ciudadano, regulado por un complejo entramado legal solo comprensible por un abogado especializado.

Somos legatarios de la herencia leguleya Santanderista que hace que se conciba desde el Estado que la expedición de normas y la modificación a las existentes es la solución para todos los problemas, la actual Constitución con solo 29 años ha sido objeto de 55 reformas, y alrededor de 1.500 proyectos para modificarla se han presentado.

Se crean contravenciones y delitos, trámites y gestiones, cargos y atribuciones, prohibiciones y sanciones, protocolos y reglamentos y, sobre todo, impuestos, tasas y contribuciones; y en esto último de reformas tributarias sí que han sido expertos los recientes gobiernos.

En los últimos veinte años nos han clavado reformas tributarias de frente y camufladas, y todas sin excepción han disminuido la capacidad adquisitiva de los sectores populares y han precarizado a la clase obrera. En 1.998, Andrés Pastrana con su ministro Juan Camilo Restrepo crearon el 1×1000, que hoy por obra y gracia de otras reformas va en 4, en ese mismo gobierno, pero con Juan Manuel Santos en la cartera de hacienda se extendió el IVA a prácticamente todos los productos y servicios de la canasta familiar.

Durante los ocho años de Álvaro Uribe, los ministros Roberto Junguito y Alberto Carrasquilla sin disimular su prédica y accionar neoliberal metieron sendas reformas tributarias que ampliaron la base de tributación en los sectores más empobrecidos y llenaron de exenciones (que aún se mantienen y se ampliaron) al empresariado y al capital transnacional. Y para rematar ese doble cuatrienio presidencial, con Oscar Iván Zuluaga en el ministerio, Uribe terminó de gravar absolutamente todo: hasta los licores y las cervezas.

Juan Manuel Santos con la misma justificación que se habían hecho todas las reformas anteriores “El país necesita una reforma tributaria estructural”, ejecutó dos regresivas y lesivas para la clase popular, en una con Juan Carlos Echeverry a la batuta, extendió hasta la eternidad el 4×1000 y alivianó la que, según él, era una muy pesada carga de impuestos para los ricos del país. Luego de ese adefesio, llegó Mauricio Cárdenas e hizo la suya con la pretensión de reducir la evasión, y en la que concretó la obligación de declarar y pagar renta a personas naturales con ingresos medios y alivió la situación tributaria de 3.000 empresas que concentran los mayores niveles de riqueza en el país.

Por supuesto, que el presidente Iván Duque no podía quedarse atrás, y como el suyo ha sido el gobierno de los eufemismos, llamó a sus hasta ahora dos reformas tributarias: Ley de Financiamiento y Ley de Crecimiento Económico, en la primera extendió el IVA y concedió alivio tributario a las empresas, en la segunda se materializó la más nefasta y antipopular reforma de la historia reciente del país, su ministro experimentado en el proceso de entregar la riqueza nacional a los privados, extendió las exenciones tributarias al empresariado en una suma de 9 billones de pesos, creo que nunca antes una ley había sido tan excesivamente generosa con los más pudientes. Y el confite popular para adornar ese impresentable regalo fue la creación de tres figuras que hasta ahora han sido totalmente ilusorias: la devolución del IVA a los sectores populares, los días sin IVA y los incentivos tributarios al empleo juvenil, que, por cierto, no ha contribuido ni un ápice a la reducción de la desocupación en ese segmento poblacional.

Ya, los mismos sujetos anunciaron que en febrero se presentará otra reforma tributaria para impulsar la recuperación de la economía golpeada por el Covid-19, y a juzgar por las declaraciones del ministro Carrasquilla en las que califica el salario mínimo en Colombia como el más alto del planeta, seguramente, su objetivo será gravar a la clase obrera. Amanecerá y veremos si aún esta nación tiene dignidad y capacidad de lucha.