Por: Rolysbeth Manjarrez Ortiz

“En la democracia liberal, la igualdad formal puede ir a la par del prejuicio natural

que lleva al opresor a despreciar, mucho tiempo después de su liberación,

a aquél que ha sido alguna vez su esclavo.

A decir verdad, sin la destrucción del prejuicio, la igualdad no puede ser más que imaginaria”

 Achille Mbembe

Justo en estos tiempos que parecen reafirmar el ciclo de mediatización de la tortura física, absurdos jurídicos y masacres encubiertas ante nuestros ojos impávidos que miran la convulsión social esperando el siguiente suceso con el que se reinicie el mismo circulo vicioso; nos vendría a la medida dar un vistazo, con aliento transformador, a las continuidades del discurso colonial en los ordenamientos jurídicos ensayados en nuestro país. Tenemos repúblicas adheridas al diseño global de políticas de explotación que ven las múltiples expresiones de la vida como un recurso susceptible de comercialización lo que resulta conveniente a la acumulación económica y de poder de las élites continuamente gobernantes.

La semana anterior, el actual presidente de la república expidió una Directiva Presidencial que es guía para la realización de Consulta Previa, con la que propone dejar en manos de las instituciones gubernamentales la decisión sobre la necesidad o no de consultar a las comunidades étnicas al momento de proponer desarrollar cualquier obra, proyecto o actividad en sus territorios. Pues bien, podríamos empezar recordando que, ese derecho tan tutelado y controversial, surge en el contexto de crisis del desarrollismo desde la década de los setentas del siglo XX. Dicha crisis, le busca reactualización al discurso del desarrollo, durante la década de los ochentas, a través del neoliberalismo y la implementación de políticas multiculturalistas, entre las que se encuentran todas las referidas a la inclusión y reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de las naciones.

En Colombia se materializa con la constitución de 1991, en el artículo siete, el reconocimiento pluriétnico y multicultural del país. Con ese reconocimiento se abren las puertas a la intervención de todos los territorios con la premisa de igualdad bajo el concepto de la autonomía, en la idea de acceder al derecho al desarrollo. Derecho que se muestra prevaleciente ante la existencia de las gentes previamente racializadas, empobrecidas y deshumanizadas. Etnodesarrollo, es el nombre que le asignaron al derecho de los pueblos étnicamente diferenciados para acceder a condiciones materiales de “vida digna”, en contemplación de las formas particulares en que se ha concebido y construido la existencia.

Ese derecho ha venido siendo un mecanismo efectivo para la explotación de todo lo que esta república, considera debe ser explotado, muy a pesar de quiénes deban ser excluidos, anulados, desterrados o aniquilados. El mecanismo se viene fraguando desde el mismo contexto en el que se reconocen los derechos diferenciales, entre los que se encuentra la Consulta Previa, derecho reconocido y concedido por parte de quienes juegan a arrasar, como acción ficcionada de lo que consideran es “propio” de los que en este juego le apuestan a no dejarse morir.

El juego consiste en que, nos consultan si nos reconocen y nos reconocen si cumplimos con sus parámetros institucionales establecidos: ser dependiendo. El poder de decisión está en las manos ecuánimes de quienes juegan en el bando de arrasar, respaldados por una institucionalidad fundada en sus propios intereses de desposesión para explotación.

La última Directiva Presidencial sustituye la etapa de “Certificación sobre la presencia de comunidades étnicas que hace necesaria la consulta previa” por la consulta y solicitud de información existente en las dependencias del Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y las instituciones que considere pertinentes consultar para conocer si hay registros sobre nuestra existencia, dentro de los límites establecidos y considerados legales: reconocimiento externo. Esa última orientación presidencial ratifica la lógica que nos pone en el eterno papel de no dejarnos morir: poniendo siempre por delante la confirmación de nuestra humanidad y experiencias colectivas de vida para la reivindicación de nuestras existencias en todas sus expresiones.

La más reciente directriz del actual gobierno, en relación a la Consulta previa, nos está proponiendo la revisión masiva y a conciencia de todos los artificios que se han creado para otorgar a unos pocos, la decisión sobre lo que se hace o no en los territorios y sobre los derechos de nuestros pueblos que pocos no son. El uso del poder que encubre el despojo y la explotación arrasando las maneras particulares de existencia, quiere decir que, las realidades subjetivas de las comunidades étnicas siguen dependiendo de un “otro”.  En este contexto ¿Para qué consulta previa? ¿Qué posibilita, niega u oculta?