No les conviene matar a Petro

5 de mayo de 2022

Por: Arleison Arcos Rivas

Ante la drástica decisión de suspender por el momento las apariciones de Gustavo Petro Urrego en público por un posible atentado, sorprende la actitud desobligante del actual mandatario colombiano, su Ministro del Interior y el Director de la Policía Nacional; quienes, sin ninguna averiguación previa, declararon que “inteligencia no tiene información sobre ningún atentado”. Una denuncia de tal proporción debe tomarse en serio por parte de las autoridades de un país en el que fueron asesinados los candidatos Álvaro Gómez Hurtado, Luís Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro Leongómez, Rodrigo Pardo Leal, que se suman a la larga lista de mujeres y hombres asesinados por resultar incómodos para determinados sectores políticos y económicos, en ejercicio de sus tareas como ministros, exministros, fiscales, exfiscales, magistrados, maestros, funcionarios públicos, periodistas y liderazgos.  

En medio de una campaña presidencial pasmosa, algunas fuerzas radicales de derecha creen que matar a Petro, siendo todavía candidato o incluso si llega a posesionarse como Presidente de Colombia, es un buen negocio. Nada más lejano a la realidad, como ya habíamos mencionado en #LaNotaDelJueves 21 de abril. Quienes, según informa la investigación de la misma campaña, han activado a la oficina de sicarios La Cordillera, circulando entre sus agentes 2.500 millones con ese propósito, deberían desistir en su intención de producir un nuevo magnicidio contra la figura de izquierda más notoria en el momento, al menos por estas razones:

• Las consecuencias de una nueva decepción popular

No sólo por los múltiples episodios violentos que se cuentan a lo largo de la historia republicana en Colombia, sino por la estela virulenta que dejó El Bogotazo, ocurrido a consecuencia del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, siendo congresista y candidato presidencial por el partido Liberal, deberían tomar nota sobre el efecto desestabilizador que tendría la decisión de darle muerte a Petro.

Sumado al reciente impacto social de la movilización popular, un acto violento de tal tamaño ocasionaría una fuerte y multitudinaria reacción de protesta, efecto de la contrariedad con la que la gente adoptaría semejante noticia.

• La generalización de la violencia

Más allá de la predecible explosión violenta coyuntural, el silenciamiento mortal de una figura pública y popular como Gustavo Petro sería imposible de acallar, a menos que el Estado nuevamente autorice a sus fuerzas a asumir una actitud beligerante en la contención del descalabro sobreviniente. Si bien hay fuerzas de derecha que esperan desde hace décadas la configuración de una hecatombe que les facilite la militarización nacional con un golpe perpetrado por la fuerza pública, de la mano de una figura civil y autoritaria considerada “eterna” por sus seguidores; el paro del 2021 ha evidenciado el crecimiento de los sectores sociales de aguante y confrontación a salidas tiránicas y oprobiosas, especializando sus líneas de defensa a la vanguardia.

• Los impactos macroeconómicos 

Los gremios calculan por encima de 3.000 millones las pérdidas y daños ocasionados en los actos de desorden ocurridos en torno al reciente paro nacional. Un nuevo cese generalizado tendría efectos mayores a los provocados en conjunto por la pandemia y el paro, en la medida en que la totalidad del aparato productivo se vería afectado por acciones directas contra activos empresariales, bloqueos, asalto a fuentes mercantiles, destrucción de entornos mercantiles y demás operaciones que resulten estratégicas en el propósito de amplificar los efectos rurales y urbanos en las expresiones de descontento.

Difícilmente se recuperaría el aparato productivo ante una conflagración generalizada de la que participarían sectores sociales desencantados que ya padecen las afectaciones sistémicas de la desproporción y la desigualdad en el reparto de la riqueza, alimentan bajas expectativas frente a su futuro laboral y desconfían de la capacidad de las instituciones para aportarle sentido a sus proyectos de vida. 

• La reactivación del movimiento guerrillero

Si la derecha ha desplegado en Colombia todas las formas de lucha, resulta esperable que grupos sociales se radicalicen ante la potencialidad de acudir a las armas para levantarse contra el Estado y las elites tras el despiporre. Así suene anacrónico, el recurso de las armas implicaría la organización y administración de la violencia con nuevas organizaciones dispuestas a combatir que, en un contexto de conflictos desregulados como el colombiano, sostendrían la conflagración armada y demorarían por mucho más tiempo la precaria aspiración a hilvanar oportunidades para la paz en el país.

De hecho, a quienes apuestan por calcular la dimensión de un magnicidio como el denunciado, debería preocuparles el que luego de la desmovilización de las FARC haya resultado tan fácil rearmar a algunos de sus cuadros disidentes, que se sostienen en la clandestinidad junto a otras organizaciones que se financian con diferentes fuentes asociadas al cultivo y tráfico de narcóticos.

En conclusión, no conviene que maten a Petro. En su lugar, los contradictores del proyecto de transformación social, política y económica que implica el gobierno del Pacto Histórico, deberían darse cuenta que en el mismo ni están consignadas sus prejuiciosas expectativas de comunismo estatalista ni sus oníricas disloquías de expropiación y nacionalización a ultranza. Una juiciosa lectura del programa de gobierno del Pacto, así como la consideración del panorama militar, representativo, gremial y corporativo que controlan, debería ser suficiente para disuadirles de cometer semejante crimen, si es que quieren contar con un país en el que, pese a Petro y las políticas que el Pacto Histórico llegue a jalonar, todavía puedan sostener su inveterada hegemonía.