Por: John Jairo Blandón Mena

Una de las cifras escalofriantes, que reafirma el postulado enarbolado por algunos opinadores de que Colombia es un Estado inviable, es que aquí desde 2017 hasta finales de julio de este año, han sido asesinados según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 2.487 menores de edad a lo largo y ancho del territorio nacional, léase bien, dos mil cuatrocientos ochenta y siete niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidio en Colombia en menos de cuatro años. La inviabilidad institucional es incontrovertible, ni las políticas públicas, ni los órganos pertenecientes al enorme y burocratizado Sistema de Bienestar Familiar encargados de ejecutarlas, han podido como lo señala la Constitución y tantísimos instrumentos internacionales privilegiar la garantía de los derechos de los menores, especialmente, el de la vida.

Anotando, que, en la anterior cifra, no están incluidos los cientos de infantes muertos durante el mismo periodo, consecuencia directa de la desnutrición asociada a la histórica omisión estatal de llevar saneamiento básico a ciertas zonas como el departamento de la Guajira; muertes todas, que podrían atribuírsele judicialmente de manera directa, a título de homicidio en comisión por omisión a agentes del Estado colombiano.

El actual presidente, acostumbrado a los eufemismos, inicia todo discurso relacionado con la niñez, con la frase, que para su Gobierno “Los niños son la prioridad”, y dice que una de las pruebas es la reciente creación de la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, como si el problema de los infantes se solucionara con más oficinas y funcionarios en la Casa de Nariño. Pero lo de fondo, es que en el primer bienio de Duque no ha habido una sola acción coordinada direccionada a atacar el asesinato de menores en el país.

Y, al igual que, en los feminicidios, los homicidios de líderes sociales, de defensores de derechos humanos y de excombatientes, el aparato judicial, de conformidad, con la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, solo esclarece en promedio el 10% de los hechos, y no en todos ellos hay efectivamente imposición de condena. Por lo tanto, en esta materia, lo que predomina son las familias agobiadas por el dolor de la perdida y de la ausencia total de justicia, como la de Marlon Andrés Cuesta, que aún perturba mi recordación, al ser un niño de seis años que desapareció en uno de los barrios periféricos de Medellín, y quien luego de once días fue encontrado sin vida en un costal cerca de su vivienda. Hoy, después de un año del execrable hecho, no ha habido pronunciamiento judicial, salvo una reciente captura, mientras tanto, la familia con la perdida, sin verdad y sin justicia, difícilmente pueden gestionar su vida en adelante.

Así mismo, Rubí Cortes, a quien llaman cariñosamente en su barrio “la zarca”, encontró a “Jaircito” (como sigue llamando a su hijo asesinado) en un cañaduzal de la zona de Llano Verde en Cali, sin vida, con heridas de armas corto punzantes y tiros de gracia, al lado de sus cuatro amiguitos: Álvaro José, Josmar, Luis Fernando y Léider Cárdenas, masacrados de la misma manera. En medio del dolor, Felisa, hermana de Jair Cortés afirmó «Mi Jaírcito era muy casero, no se metía con nadie, no consumía drogas, mi noblecito. Con los amigos jugaban fútbol y bailaban música urbana. Como a las 6:00 de la tarde del martes, llegó un amigo y se fueron a coger caña”. Ese fue el único pecado de este grupo de adolescentes, quienes se divertían en una de las zonas controladas por hacendados que ejercen su dominio a sangre y fuego en contra de quienes ellos consideran “invasores”.

Sin duda, a este hecho subyace un modelo de ciudad cimentada en la exclusión de su mayoría poblacional, que es afrocolombiana, y en un orden social que se impone mediante grupos armados ilegales que defienden los intereses de una pequeña elite caleña burguesa, que pretende mantener su opulencia y dominio urbano por vía del control del territorio y de sus rentas. Es así, que hoy Cali contabiliza más de 900 homicidios en lo que va corrido del año, y en ese proceso violento, no se respetan la vida de los niños, niñas y adolescentes. 

Esta tragedia no cesa en Colombia, 2020 ha sido especialmente un año cruento para los menores, 40 muertes en promedio por mes, siendo Cali la ciudad que registra el mayor número de asesinatos con el 11% de la cifra total. Numerosas organizaciones defensoras de la niñez tienen puesta con preocupación su mirada en el país, ya desde 2017 la ONG “Save the Children” viene diciendo que Colombia es el cuarto país del mundo donde se asesinan más niños y niñas; y al parecer, eso parece no inmutar a nuestra institucionalidad.

Adenda: Escribo esta columna en memoria de Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas, menores asesinados en Llano Verde, Cali. Demandamos de las autoridades judiciales prontitud y celeridad en el esclarecimiento y condena a los responsables de este crimen.