Neoliberalismo autoritario postdemocrático en Colombia

Por: Rudy Amanda Hurtado Garcés

En Colombia, el neoliberalismo autoritario postdemocrático, tiene unos antecedentes más evidentes en los gobiernos liberales de Virgilio Barco (1986 – 1990) y César Gaviria (1990 – 1994). Estos gobiernos aceleraron la apertura económica neoliberal incentivando la inversión del capital privado y extranjero a través de políticas macroeconómicas, como por ejemplo el “plan de economía social” de Barco que estaba sustentado en la tesis de que el crecimiento económico es símil de desarrollo social. Apertura que favoreció sustancialmente la expansión y consolidación de la hegemonía de las burguesías nacionales. Se fortalecen como clase social la burguesía heredera de la colonia y la aristocracia, al igual que la emergente burguesía narcotraficante y paramilitar, las cuales hacen un pacto de élites para continuar perpetuándose como clase dominante en el Estado.

Esta apertura económica coexistía con la exacerbación del conflicto armado interno, la guerra contrainsurgente, la expansión y fortalecimiento de las Autodefensas y el narcotráfico, el exterminio de la Unión Patriótica, del Movimiento A Luchar y en medio del proceso de paz con el M-19, el Movimiento Guerrillero Quintín Lame y el EPL. Esta conflictividad se intentó tramitar a través del proceso de Asamblea Nacional Constituyente que derivó en un nuevo pacto social, la Constitución Política de 1991. Este proceso desde mi perspectiva no se puede leer solamente como un triunfo neoliberal y la fragmentación de las demandas universalistas sino también con un lugar contencioso, en donde los sectores populares, antirracistas y de mujeres le disputaron el Estado a las burguesías colombianas caracterizadas como blanca, capitalista, patriarcal y anti-republicana.

Quiero precisar que es justamente esta doble conciencia insertada en el Estado que define la especificidad del neoliberalismo autoritario postdemocrático en países como Colombia. Esta doble conciencia se puede ver más en los gobiernos de Álvaro Uribe (2002 – 2010) con la implementación de la política de seguridad democrática y del plan patriota. En ocho años de gobierno privatizó alrededor de 50 entidades del Estado, minimizó la inversión en educación, salud, seguridad social para fortalecer el aparato militar con el objetivo de derrotar militarmente a las guerrillas para generar confianza inversionista al capital nacional y extranjero. Es el momento del Estado al servicio de los ganaderos, palmicultores, mineros, quienes crearon y financiaron el paramilitarismo. 

El uribismo como narrativa de Estado se caracteriza por antipopular, su fuerte represión y brutalidad policial, asesinatos a la sociedad civil por parte de agentes del Estado y paramilitares, la degradación del conflicto armado interno, el recorte del Estado social de derecho. Para legitimarse en el consenso de las élites y tomarse el Estado, requirió de un proceso de paz para legalizar el paramilitarismo y borrar la posibilidad de una salida negociada al conflicto armado con las guerrillas, es decir, por un lado dialoga con los paramilitares y logra su desmovilización y legalización, pero al mismo tiempo plantea acabar la guerrilla por la vía militar. El relato de poder del uribismo solamente es posible entorno a la guerra, aunque algunas veces recurre al consentimiento a través de programas sociales que buscan llegar a las periferias del país, familias en acción, jóvenes en acción, programas que mantienen en la estructura las desigualdades legitimadas de clases, raciales y de género. Esta racionalidad ha cooptado las instituciones del Estado, cada vez más las decisiones son tomadas por una pequeña minoría, las élites económicas del país.

La narrativa de la guerra intenta tener un quiebre histórico en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos (2014 – 2018), con el proceso de paz con las FARC – EP, al posicionar en la esfera pública y materializar las posibilidades de la salida negociada del conflicto armado, recurriendo al diálogo y no intensificación de la salida militar que caracterizó a los gobiernos de Uribe. Pero este quiebre se fragmenta en las elecciones del plebiscito, el discurso del retorno a la guerra gana el plebiscito y dice “NO” al acuerdo de paz con las FARC-EP, sector representado mayoritariamente en el Uribismo. En ese momento, reaparece con vehemencia, para algunos nunca se ha ido, la narrativa de la guerra y la fuerza militar del paramilitarismo amenazando, desplazando a las comunidades, asesinando a la oposición, líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP y hostigando a las organizaciones que defienden la implementación del acuerdo de paz, la restitución de tierra y la gestión de derechos ante el Estado.

Reinicia así otro ciclo de la narrativa de la guerra con el gobierno del presidente Duque. Su mandato presidencial está enfocado en darle poder dentro del Estado y sus instituciones al “NO” del plebiscito, con el objetivo central de debilitar, atacar y desmontar el acuerdo de paz, reducir el Estado social de Derecho de la Constitución del 1991, aumentar la represión brutal y violenta con balas a la protesta social, situación que agudiza con la doctrina “vándalos” en las manifestaciones en contra de la reforma tributaria de abril de 2021, en donde la fuerza pública ha asesinado alrededor de 50 personas, 17 violaciones sexuales a mujeres, más de 900 desaparecidos y más de 1.200 personas heridas. Esta segunda fase de neoliberalismo autoritario postdemocrático enfoca la represión del Estado sobre la sociedad civil movilizada, porque después del proceso de paz son quienes han venido desafiando e interpelando directamente su hegemonía, la ponen en jaque, la desestabilizan, sobre todo los puso en evidencia a nivel internacional la normalización del conflicto armado, social y político del país.  

En este momento, debemos preguntarnos cómo romper la doble conciencia: repertorios de violencias y ciclos de protestas ¡Aparece la protesta, movilización, pero paralelamente aparece el aparato represivo del Estado! Cómo vamos más allá, necesitamos tomarnos el Estado y sus instituciones, pasar del lugar de víctimas a la toma del poder material, las resistencias, el aguante, la lucha armada son constancias históricas que ya se agotaron como vía política en el país.