Por: John Jairo Blandón Mena

“Los que estamos defendiendo los páramos, defendemos el agua que consumimos el 80

por ciento de los colombianos”

Erwing Rodríguez-Salah

Activista y defensor del Páramo de Santurbán

Los páramos son ecosistemas biodiversos de alta montaña que cumplen una función importante en el mantenimiento de los ciclos del agua y en la captura de carbono, especialmente, en los tiempos actuales de cambio climático; además, son reservas hídricas de las que proviene alrededor del 70% del agua que surte a los acueductos del país. Aquí con 36, contamos con más de la mitad de los páramos del mundo. Esta condición ha volcado la mirada de un sinnúmero de organizaciones ambientales a Colombia, preocupadas por los riesgos que se ciernen sobre estos territorios en lo relacionado con la ejecución de proyectos mineros que amenazan la integridad ecosistémica y la producción del líquido vital.  Una de esas acciones tuvo lugar el 13 de marzo del año pasado, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, Indepaz, Mining Watch Canadá y el CIEL (Center for International Environmental Law) dirigieron una misiva al Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos al agua potable y al saneamiento para que interviniera de manera urgente y evitara la implementación de proyectos extractivistas cerca del Páramo de Santurbán.

Podríamos escribir sobre tantas afectaciones de la minería en zonas de páramos, como la que ocurre con la extracción carbonífera en el Páramo de Pisba en Boyacá; pero en este caso, me referiré a Santurbán.

Desde hace más de una década varias multinacionales auríferas han tenido la intención de saquear el oro del macizo mediante una mina a cielo abierto como lo propuso la canadiense Grey Star, que posteriormente, adoptó la denominación comercial de Eco Oro Minerals. Durante el 2012 con licencia del gobierno, dicha empresa realizó tareas de exploración en las inmediaciones del páramo. Y aunque de conformidad con la ley colombiana (Artículo 1 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 29 del Decreto 2372 del 2010) estos ecosistemas son zonas de especial protección, el gobierno para permitir el negocio foráneo por fuera de la zona protegida, realizó una delimitación exprés del páramo, que concretó en la Resolución 2090 de 2014; y no obstante, que le renovó los títulos para explorar y extraer a los canadienses, la delimitación les restringió a un 50% el área que inicialmente tenían licenciada. Esto aunado a una creciente movilización de la sociedad civil en contra del proyecto y a las demandas solicitando la nulidad de la citada norma por haber desconocido el derecho a la participación de las comunidades en la decisión y de los artículos del plan de desarrollo de Santos que autorizaban el proyecto, llevaron a sendos pronunciamientos de la Corte Constitucional en donde se dio plena razón a los demandantes. Por tal razón; el 2 de agosto de 2016, la Agencia Nacional de Minería tuvo que suspender la licencia a Eco Oro Minerals, quien de inmediato solicito un proceso de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, en el que tiene pretensiones cercanas a los 764 millones de dólares en contra del Estado colombiano.

Luego de todo esto; le resultó otro interesado a la explotación del oro enterrado en la montaña, el Mubadala Development Company, grupo empresarial del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, con sede en Abu Dabi, que se rebautizó en Colombia como Minesa (Mineros de Santander). Los multimillonarios árabes quisieron entrar por la puerta grande al país, y de manera estratégica, le hicieron una donación al gobierno Santos de 45 millones de dólares para la implementación de los programas del proceso de paz. Dichos recursos le fueron entregados el 12 de noviembre de 2017, durante una inusual visita oficial del presidente a los Emiratos Árabes Unidos, a la que se hizo acompañar del ministro de Minas y Energía para abordar el tema Santurbán como eje central de las reuniones bilaterales. El típico modus operandi del capital multilateral para obtener beneficios del establecimiento, comprar adhesiones con dadivas multimillonarias al país, no por amistad o diplomacia sino por interés negocial.

Con la connivencia del gobierno de turno, el proyecto de los árabes se estaba estructurando desde 2015, y como reza la página web de la compañía, la pretensión es desarrollar una mina subterránea cerca a los municipios de California y Suratá en el departamento de Santander, fuera de los límites del Páramo de Santurbán. Según el cronograma de la empresa, la extracción iniciaría en 2021 y continuaría hasta 2044. El Gobierno de Iván Duque ha mostrado su total aprobación a la iniciativa, inclusive su recién posesionado ministro de Minas junto a su viceministra han hecho una apología de las bondades del negocio y han minimizado los enormes riesgos ambientales señalados por todos los que tienen un ápice de corresponsabilidad con el futuro del país. Afortunadamente; el actual alcalde de Bucaramanga, electo con la mayor votación en la historia de la ciudad, por entre otras cosas, encarnar la lucha por la defensa del páramo, contrató en compañía de su Área Metropolitana y de la empresa de acueducto un estudio que terminó en un informe de 386 páginas que señala la magnitud de la incidencia que tendría el desarrollo extractivo en la perdida de aproximadamente 60 especies de flora y fauna y sobre el ciclo hidrológico para un recurso que requieren más de dos millones de personas del oriente del país, evidencia el documento las consecuencias lesivas que se presentarían sobre los acuíferos, fundamentarme, en la Subcuenca del Río Suratá considerada como una zona abastecedora de bienes y servicios ambientales para Bucaramanga y su Área Metropolitana; adicionalmente, subraya hallazgos insubsanables en el estudio de impacto ambiental de la multinacional. El informe puntualiza el inminente daño ambiental que se generaría porque el Proyecto Soto Norte solo se encuentra a alrededor de 150 metros debajo de la línea de delimitación del páramo; lo cual tiene relación con lo expuesto por Green Peace y ambientalistas nacionales e internacionales en el sentido que dicho proceso minero dispondrá un total de 34 millones de toneladas de material contaminante que está compuesto, además de la roca sobrante de la mina, por concentraciones tóxicas de hierro, arsénico, cadmio, bismuto, antimonio, plomo, molibdeno y uranio; y en el caso de los lixiviados, además de presentar acidez, pueden contener altos niveles de arsénico, cadmio, cobre, hierro, níquel y zinc, que destrozarían buena parte del ecosistema del páramo.

Mientras impere el modelo económico desarrollado por los gobiernos que han dirigido este país, no pueden esperarse decisiones sensatas con miras al futuro de los colombianos, la genuflexión al capital extranjero ha hecho que Duque pisotee, como lo ha hecho en muchos casos,  sus propias palabras de campaña, como las pronunciadas el 11 de abril de 2018 en un foro en la Universidad Autónoma de Bucaramanga “No vamos a permitir minería en ninguna zona delimitada de páramo de Colombia (…) Es que eso no es si es aquí abajito o aquí arribita o acá, lo que está comprometido es un riesgo sobre las fuentes de agua y no se pueden adelantar proyectos que comprometan o pongan en riesgo las fuentes de agua de ciudades como Bucaramanga y de otros municipios”. La institucionalidad minera y ambiental del país ha mostrado estar fletada a los intereses de todos, menos el de la nación. Lo que está por definirse son las prioridades de Colombia en medio de la destrucción medioambiental, la responsabilidad del país en la conservación de los páramos debe ser con los ciudadanos del mundo y con sus propias generaciones, y no con el capital transnacional.

Por todo lo anterior; procesos organizativos como el de la sociedad santandereana en pro de la defensa del Páramo de Santurbán deben ser apoyados por todos los sectores de la civilidad del país. La movilización popular es la que permitirá derivar las intenciones de concretar otro genocidio ambiental en detrimento de la nación y del planeta.

Adenda. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Congreso de Estados Unidos, la Unión Europea; y varias entidades internacionales muestran su preocupación por el creciente número de asesinatos de defensores de derechos humanos y de líderes sociales en Colombia; pero a la institucionalidad del país parece no importarle.