13 de octubre de 2022

Por: Arleison Arcos Rivas

Conjurando la peligrosa y dictatorial expropiación sin garantías, Gustavo Petro ha lanzado una propuesta rupturista en el propósito de acelerar la reforma agraria en el país mediante la «compra directa» de tres millones de hectáreas de tierra hoy improductiva, subutilizada y destinada a actividades y prácticas ineficientes, que no fomentan desarrollo rural, desestimulan la competitividad agropecuaria e impiden el avance de la justicia agraria. El propósito: implementar la reforma rural integral, tan infructuosamente esperada como persistentemente prometida hasta ahora.

En un país en el que la tierra ha estado en permanente disputa, dibujando en letras rojas las memorias del despojo y el desarraigo, para concretar un mejor reparto del suelo, el “gobierno del cambio” comprometerá recursos de la nación destinados al Fondo de Tierras para la Paz, con el que se espera adquirir predios privados, con posesión legal acreditada, sin procesos abiertos, sin medida de protección, saneados en términos fiscales y que cumplan con todas las medidas ambientales vigentes.

Con la ley 48 de 1882 y, luego, en la vigencia de la ley 200 de 1936, el país ha intentado infructuosamente vías jurídicas para concretar una mejor distribución de la tierra, sin que haya resultado posible generar un escenario institucional fuerte para provocar equidad en los procesos de reforma rural integral. Como evidencia, apenas un 37% de los hogares rurales tiene acceso a la tierra y el 59% de ellos presenta informalidad en la propiedad y tenencia de la misma, según se registra en el Plan de Acción de la Agencia Nacional de Tierras.

Para colmo de males, la presencia de actores desregulados armados y la proliferación de ejércitos mercenarios por todo el país ha motivado destierro y apropiación ilegal de propiedades en manos de afrodescendientes, indígenas y campesinos, concentrando en pocas manos la tierra productiva subutilizada y provocando sobreutilización que disminuye la productividad en la tierra campesina disponible.

Por ello, comprar la tierra es, de suyo, un camino inusitado para avanzar en la reforma agraria, pues es posible desapropiarla de manera impositiva, como han hecho diferentes gobiernos autoritarios; o incluso nacionalizarla, declarando coactivamente su utilidad pública o acudiendo en reclamo del interés social. El problema suele ser la tasación de la indemnización que debe recibir el particular liberado de su propiedad, en respeto a las reglas de juego de la privatización capitalista.

A los dilemas del cálculo y la proporcionalidad para compensar a los propietarios formales en procesos de expropiación administrativa, se suman las realidades del despojo de tierra, estudiadas por Paola Posada, registrando las prácticas como muchos tenedores de tierra alegan poseerla y haberla adquirido «de buena fe», pese a las manifiestas denuncias de procedimientos ilegales de apropiación de baldíos y ejidos en manos del Estado, tanto como se ha corrido la cerca sobre los terrenos de propiedad de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Como una dolorosa herida abierta, en el peor de los casos se procedió a armar ejercicios mercenarios que operaron, y operan todavía, una contrarreforma armada que apenas empieza a esclarecer los procedimientos institucionales e informales que favorecieron la persecución, apropiación, despojo, destierro, asesinato y arrasamiento de comunidades enteras.

Aunque resulta cuestionable, según algunos, tiene sentido que este «acuerdo para la materialización de la paz territorial» se firme con Fedegan, gremio firmemente cuestionado y señalado de organizar y financiar agrupaciones paramilitares con las que se desoló el campo colombiano y se afianzó la práctica de simular ventas y cesiones de tierras asentada en notarias por todo el país. Personalmente, el presidente de ese gremio, José Félix Lafaurie, debe esclarecer las denuncias en su contra por paramilitarismo y despojo de tierras, asuntos que también involucrarían a su esposa, la senadora María Fernanda Cabal.

Por ello, y sin perjuicio de continuar los procesos judiciales en curso y la persecución a quienes operaron acciones criminales contra la restitución de tierras, los trámites y exigencias de presentar predios saneados de todo tipo de trapisondas, requerirán que se consolide la actualización e implementación del catastro multipropósito, de modo que se restituya a sus verdaderos dueños lo que fue apropiado violentamente en los peores años del conflicto armado colombiano, mientras se fortalece la ingeniería institucional que permita un mejor reparto del suelo productivo.

Los altos funcionarios Cecilia López y Gerardo Vega tendrán la delicada responsabilidad de administrar un gigantesco fondo que espera recaudar 60 billones destinados a darle tierra a millones de familias campesinas, afrodescendientes e indígenas, sin el menor asomo de corrupción en ese proceso; tarea bastante comprometedora en el país de la cacocracia, el descuido calculado y el desmedido despilfarro.

La implementación de un programa de tal envergadura, será una buena oportunidad para que el Banco Mundial y Naciones Unidas implementen lecciones aprendidas en otros contextos turbulentos que han sido exitosos y orienten a tiempo sobre alternativas fracasadas en la implementación de estrategias de identificación física y apropiación catastral para afianzar la paz.

Esta medida resulta, más que necesaria, primordial para darle plena vigencia y cumplimiento al Acuerdo Final, de modo que afiance el camino hacia nuevas ejecutorias de negociación y pacífica información en el país. Así mismo, de lograr un tránsito institucional que entregue o venda barata la tierra para quien pueda y quiera trabajarla «en proyectos productivos de escalas rentables», el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez habrá cumplido con creces las expectativas de cimentación de la igualdad en un país en el que la gente común se reconoce en la mala suerte de Siervo sin tierra.