20 de julio de 2021

Por: John Jairo Blandón Mena

Durante los primeros dieciocho días de este mes, los casi 300 mil habitantes de Arauca estuvieron sin energía eléctrica, luego de que un fuerte aguacero dañara la débil red que desde Norte de Santander interconecta al departamento. Fue una situación calamitosa para los araucanos que tuvieron que sobrevivir sin el suministro de electricidad, sin internet e inundados por las fuertes y sucesivas lluvias que han anegado buena parte de sus sietes municipios. La economía local sufrió dramáticamente. Y, el coronavirus hizo de las suyas en contagios y muertes, en buena parte por el funcionamiento deficitario de las unidades de cuidados intensivos por la falta de fluido eléctrico.

El apagón de casi tres semanas de Arauca ocasionado por el chubasco, tan normal en esa región; en otras zonas del país es una situación permanente. Según reciente informe de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) en Colombia hay alrededor de 495.988 viviendas que no cuentan con electricidad. Y, perfectamente, se podría reemplazar la palabra viviendas por familias, para llegar a la conclusión que en promedio 2 millones de compatriotas no cuentan con el servicio.

La Corte Constitucional de manera poética en varias sentencias ha reiterado que tener luz en la casa hace parte del derecho fundamental de todas las personas a tener una vivienda digna. Sin embargo, a juzgar por la realidad de muchas zonas rurales distantes de los grandes centros urbanos, se tendría que afirmar que buena parte de la población colombiana vive en indignidad y alumbrándose con velas.

La Guajira, Nariño, Cauca y Chocó son los departamentos con el mayor número de zonas, viviendas y habitantes sin energía eléctrica. Algunas de sus municipalidades cuentan con precarias y pequeñas plantas de energía que garantizan el fluido por unas pocas horas. Los habitantes de estas zonas insertaron en su cotidianidad el hecho que los servicios públicos no son derechos para todos sino privilegios para quienes viven en los grandes centros urbanos. Anotando que, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla hay zonas sin interconexión eléctrica y varias miles de familias desconectadas de los servicios públicos por incapacidad de pago.

Hay municipios como Sipi en el Chocó, en los que el servicio de electricidad se presta por pocas horas al día. La administración sólo provee de algunos galones de ACPM para la planta generadora. Y, los subsidios que el Gobierno otorga para tal fin mediante el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (IPSE) tardan en llegar a las administraciones, y en algunos casos su manejo es irregular.

En todos los presupuestos de inversión de los recientes gobiernos, los rubros para expandir la cobertura eléctrica son altísimos. En documentos elaborados por la propia institucionalidad, tales como el Plan Indicativo de Expansión de la Cobertura Eléctrica (Piec) se señala una inversión desde 2020 a 2023 de más de 7 billones de pesos. Pero, la realidad de estas poblaciones es clara: la corrupción, el histórico abandono estatal, el racismo estructural y la indignidad de nuestros mandatarios seguirá manteniendo a muchas poblaciones a oscuras.  

Entretanto, el Ministerio de Minas y Energía, tan preocupado por sacar adelante el fracking y por licenciar y titular medio país para la minería, poco o nada le importa este asunto e históricamente ha atribuido la falta de conexión de esas zonas a la dispersión de familias en zona rural. Nada más falso que ese disparate. Por ejemplo, los municipios del Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó y Litoral del San Juan ubicados todos en la subregión del Pacifico Sur del departamento del Chocó no cuentan con electricidad. Lo mismo ocurre en el Pacifico Norte y en el Darién chocoano. ¿Por qué entonces no es viable interconectar a vastas regiones como esas al sistema nacional?

Es un despropósito que mientras Colombia exporta corriente eléctrica a Ecuador, Panamá y Perú y aumenta su generación para incrementar las ventas a los foráneos. Medio país continúe en las penumbras, desconectados de la red global y resignando las posibilidades de un desarrollo real. 

No hay democracia ni el Estado Social de Derecho que tanto cacarean los apologistas de la Constitución, mientras en Colombia los derechos no se materialicen para todos.