Sin apoyo popular no habrá reformas

07 de febrero de 2023

Por: John Jairo Blandón Mena

Sin duda alguna, que buena parte de los cambios que propuso Gustavo Petro como candidato solo se materializan mediante reformas constitucionales y legislativas. Por esta razón, las mayorías parlamentarias son el único vehículo que posibilitará las transformaciones que pretende concretar el primer mandatario en diversos ámbitos. En este asunto tiene plena razón Roy Barreras, líder de la bancada del Pacto Histórico, cuando afirma que mantener la coalición es la única garantía para concretar el actual programa de gobierno. 

Y hasta aquí, nada nuevo. Todos los gobiernos durante la vida republicana del país han hecho acuerdos burocráticos, clientelistas y presupuestales con el legislativo para viabilizar su acción ejecutiva. Esas prácticas ilegitimas y que bordean con lo antijurídico, están instauradas en la medula del poder legislativo. Cambiar ese modus operandí no es tarea propia del presidente de la República, sino del electorado consciente. 

La historia transaccional de los gobiernos y el parlamento en Colombia tiene una radical diferencia con la actual. Que otrora las negociaciones entre el ejecutivo y el legislativo se hacían para preservar la posición privilegiada de unos y otros, y para beneficiar a las élites enquistadas en el poder. Sin embargo, ahora, y es lo único que le daría la condición de gobierno del cambio, las reformas que pasan por el Congreso deben estar dirigidas a trasladar el poder al Pueblo, como único beneficiario legitimo en una gobernanza de transición democrática.

Dicho lo anterior, creo enteramente en las buenas intenciones del gobierno para gestar las transformaciones que necesita la nación. Y en absoluto sentido contrario, descreo que los partidos tradicionales, camuflados hoy con el ropaje alternativo y del cambio para estar a tono con las mayorías del país, tengan la voluntad política de transformar las inequidades del país. Por la sencilla razón, de que esas inequidades les han dado el omnímodo poder que por mucho tiempo tuvieron.

En tal sentido, le hallo toda razón al llamamiento que Gustavo Petro hace a la movilización popular para respaldar las reformas por las que el país votó con su elección. Desde luego, que el Congreso votará, pero será la ciudadanía que legitimará ex ante y ex post lo que llegué y lo que salga legislado del Capitolio. Todas las reformas, aunque presentadas por el Gobierno Nacional son de origen popular, y es el pueblo el que tiene que exigir con su movilización su aprobación. Y no es presión al legislativo, como algunos lo afirman, es la exigencia de la ratificación del mandato popular de las mayorías que demandan otra Colombia.

La reforma a la salud es reclamada por las decenas de miles de pacientes que padecen cotidianamente el paseo de la muerte, y por aquellos que son vistos por las EPS como una cifra y no como seres humanos. La reforma pensional es reclamada por los millones de trabajadores y de adultos mayores, que no tendrán, ni tienen pensión respectivamente. La reforma laboral es reclamada por los millones de trabajadores que desde 2002 vieron una regresión en la garantía de sus derechos, inclusive a los más básicos, como el que la noche para un obrero iniciara a las 6:00 p.m. La reforma al código minero la reclamamos todos los que consideramos que los títulos mineros no pueden estar por encima al derecho a tener agua y al cuidado del medio ambiente. Y así podríamos seguir con la reforma a la Policía Nacional, al Sistema Penitenciario y Carcelario, al Sistema Electoral, al Sistema Nacional Ambiental; y a la expedición de las leyes de sometimiento a la justicia, la que prohíbe el fracking, la que legaliza la industria del cannabis; y otras que transformarán al país.

La tarea no es del Congreso de la República, es la ciudadanía movilizada la que tiene que seguir enarbolando las banderas del cambio que necesita.