Más policías y soldados ¿más paz?

Por: John Jairo Blandón Mena

La semana pasada fue citado el ministro de Defensa a un debate de control político ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en ese espacio virtual convocado para tratar la desbordada situación de inseguridad tanto urbano como rural que viven los territorios del país, el ministro Molano no hizo más que señalar al narcotráfico, a las bandas criminales, a las disidencias de las FARC (que él llama “narcotalia”) y al apoyo de Venezuela a éstas como los únicos responsables de todos los males que Colombia atraviesa en materia de seguridad ciudadana; no sin antes señalar, que todos esos factores fueron herencias del proceso de paz.

Hizo el ministro un análisis además de ideologizado del Centro Democrático, reduccionista y simplista de la seguridad y la nueva configuración territorial del conflicto en el país; y, desde luego, ante un precario y parcialmente equivocado estudio las soluciones planteadas fueron por ese mismo camino, y las anunció el ministro en el mismo debate: incorporación de 30.000 policías y 28.000 soldados profesionales durante este año y el próximo “para enfrentar estos retos”.

Todas las estructuras armadas disidentes de la negociación de paz o las neoparamilitares como el Clan del Golfo, los Pelusos, los Caparrapos, y tantas otras, denominadas ahora oficialmente como “grupos armados organizados al margen de la ley” se instalaron o se disputan a sangre y fuego territorios dejados por frentes de las FARC, donde antes ni ahora existe el Estado Social; y donde al parecer, la única presencia oficial es la misma que hacen las estructuras ilegales: a sangre y fuego.

Por ejemplo, en Tumaco, uno de los municipios con mayores índices de violencia del país, el desempleo supera el 70%, el área cultivada de coca (que puede ser la segunda del país después de la de Tibú en Norte de Santander) crece de manera acelerada porque el Gobierno incumplió los compromisos económicos con las más de 17.000 familias, que desde la firma del proceso de paz se habían incorporado a la sustitución voluntaria; cientos de familias pertenecientes a Consejos Comunitarios cumplieron con la erradicación, y en medio del hambre y las necesidades se quedaron esperando los recursos para avanzar con los cultivos lícitos, y ante el incumplimiento volvieron a los ilícitos. Hoy, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) que nació con el Acuerdo de Paz, es una criatura muerta por la falta de apropiación de los 2.7 billones para haber vinculado a las casi 35.000 familias cultivadoras inicialmente focalizadas; y que de haber funcionado como se pactó hubiera aportado significativamente a la paz en los territorios.

No haré balances del PNIS ni de los programas nacidos con el Acuerdo de la Habana, porque la promesa del Uribismo de “hacerlos trizas” se cumplió y con creces. 

Vuelvo al tema de la incorporación de 30.000 policías y 28.000 soldados profesionales; aquí tenemos unas fuerzas militares con casi 270.000 y una Policía Nacional con 185.000 uniformados, esa cantidad de hombres y mujeres en armas nos ubica como el primer país en la región en gasto militar de acuerdo al PIB, y también, el primero en mayor número de efectivos en cuerpos de seguridad del Estado de acuerdo a la población.  Colombia tiene Fuerzas Militares y de Policía del tamaño de las de Brasil, que tiene 4.2 veces su población.

Creo que los 30.000 policías que le hacen falta al ministro para “hacerle frente al problema” están en las oficinas con funciones administrativas, el Director General de la Policía Jorge Luis Vargas a los pocos días de posesionarse afirmó algo que no sé si se habrá cumplido “Pondré a patrullar a más de 30.000 policías que hoy están en las oficinas”. Es que no se justifica que un país con los inmensos problemas de seguridad ciudadana tenga el 16% de su fuerza policial burocratizada y enclaustrada cumpliendo funciones de oficina; y similar caso pasa en las Fuerzas Militares ¿Acaso no son suficientes los 24.000 civiles que trabajan en el sector defensa para que cumplan las tareas administrativas?

Los habitantes de las zonas que históricamente han padecido el conflicto siempre han recibido las mismas soluciones policivas y militaristas. Y por eso no han tenido sosiego; porque el camino hacia la construcción de la Paz Territorial lo transitaremos cuando los gobiernos anuncien para esas zonas la incorporación de cientos de maestros y personal de la salud para que trabajen en modernos colegios y hospitales que hasta ahora en Tumaco, Buenaventura, el Bajo Cauca Antioqueño, Tibú, el Norte del Cauca y tantas zonas en conflicto son inexistentes. Cuando los jóvenes puedan acceder a posibilidades formativas técnicas, tecnológicas y universitarias. Cuando se apoyen los procesos productivos en el campo y la economía formal llegue a los territorios y genere empleo digno. Cuando se construya el desarrollo con las comunidades. Cuando la seguridad vaya de la mano con el Estado Social.

Cuando todo eso ocurra, ya no habrá necesidad de incorporar más hombres para la guerra.

Sobre el autor

Abogado de la Universidad Católica Luis Amigó. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Especialista en Métodos de Enseñanza Virtual de la Universidad Católica del Norte. Especialista en Estudios Afrolatinoamericanos y Caribeños de Clacso. Magíster en Educación del Tecnológico de Monterrey. Y actualmente Candidato a Doctor en Educación de la Universidad Católica Luis Amigó. Se ha desempeñado como docente universitario. Coordinador del Equipo de Trabajo de Medellín en el Proceso de Comunidades Negras (PCN). Coautor de libro: Debates sobre conflictos raciales y construcciones afrolibertarias. Editorial Poder Negro. 2015.
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