Viví la década de los 90 en Medellín, cuando esta urbe fue declarada la ciudad más violenta del planeta. En diez años acumuló más de 45.000 homicidios. En los barrios, ejércitos de jóvenes armados se disputaban el control territorial, las rentas criminales y los jugosos negocios del narcotráfico. Para miles de habitantes portar un arma de fuego llegó a convertirse en una forma de supervivencia en medio de una violencia que se volvió parte de la vida cotidiana.

Las muertes violentas se volvieron parte del paisaje. Miles de civiles arrebataron al Estado el legítimo monopolio de las armas y convirtieron a Medellín en un territorio donde la muerte acechaba, la intolerancia se imponía y la autoridad y la razón pretendían abrirse paso a sangre y fuego.

Este legado de terror se ha extendido por el país. Desde hace varios años, Colombia registra una de las tasas de mortalidad violenta más altas del mundo, con cerca de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes. Según el Ministerio de Defensa, el 20% de estos casos se debe a riñas e intolerancia donde hay armas de fuego; decesos que podrían evitarse si los civiles no tuvieran acceso a revólveres o pistolas.

Dividir a la sociedad entre delincuentes y «ciudadanos de bien», asumiendo que los segundos son aptos para portar armas, no contribuye al deseo mayoritario de vivir en paz. El Estado debe perseguir a los criminales e imponerles la ley, mientras asegura los derechos de la población mediante la institucionalidad. Pretender que cada persona defienda su vida e integridad por la fuerza solo convertirá a la sociedad en un escenario de zozobra y muerte.

Además, es importante señalar que buena parte de las muertes violentas en Colombia las cometen personas sin antecedentes penales, individuos que ante quienes defienden la flexibilización del porte y tenencia de armas, serían calificados como ciudadanos aptos para tener en su cinto un arma de fuego.

La paz no se construye armando a los ciudadanos bajo la falsa premisa de una legítima defensa privatizada, es necesario fortalecer la confianza en las instituciones. Desarmar la cotidianidad es el primer paso para reducir drásticamente esas muertes evitables causadas por la intolerancia. La seguridad y tranquilidad no se concretará por la vía de un porte generalizado de armas sino creando las condiciones de convivencia ciudadana.

El Decreto 1368 de 2026, que levanta la suspensión de los permisos para el porte de armas, es una decisión presidencial equivocada que puede traducirse en más muertes, tanto en los campos como en las ciudades del país. El colapso de la página de la Industria Militar Colombiana (Indumil) evidencia el interés de un número significativo de ciudadanos por acceder a un arma. Preocupa porque quien decide armarse adquiere también la posibilidad de desenfundarla cuando crea que tiene razones para hacerlo. En un país con una historia de violencia como la nuestra, multiplicar el número de armas en las calles no puede ser la respuesta.