Mancuso acusa

22 de febrero de 2024

Por: Arleison Arcos Rivas

Por estos días la Valeriana se cotiza al alza en la residencia de un expresidente. Con su deportación, Salvatore Mancuso eleva la expectativa por sus declaraciones en la Jurisdicción Especial para la Paz, en la que fue aceptado en noviembre de 2023, de modo excepcional como “sujeto incorporado material y funcionalmente a la fuerza pública”.

Aunque la de Mancuso no es la única solicitud de sometimiento que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha considerado o tiene pendiente de resolver, es la que más concita la atención de la opinión pública porque ha prometido realizar aportes a la verdad que involucran a altas figuras. gobernantes y de la fuerza pública, responsables de accionar en favor de grupos paramilitares, u omitir sus funciones, afectando de manera grave los fines del Estado y las garantías de seguridad para la población en diferentes territorios del país, en hechos directamente relacionados con el conflicto armado.

Entre tales hechos, el país no puede descuidar hechos de gravísima intensidad que reflejan la deshumanización manifiesta en el fenómeno paramilitar como la desaparición de un número indeterminado de personas incineradas en hornos crematorios; algunos ya identificados por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en diferentes lugares de Norte de Santander.

Lo que hasta ahora ha declarado Mancuso no solo es dantesco sino revelador del nivel de penetración, connivencia e imbricación entre la fuerza pública, tercero civiles aportantes [políticos, ganaderos, industriales, comerciantes] partícipes y beneficiarios de la guerra, y bloques paramilitares que operaron como brazo ilegal armado institucionalizado o mercenarios corporativos, como definió la investigadora Vilma Liliana Franco a quienes participaron de esas empresas prestadoras de servicios armados bajo contrato.

“Yo tenía carné del Ejército, entregado por la Brigada 11 [y] carné de policía cívica”, señaló el exparamilitar, revelando los vínculos íntimos que se trenzaron entre uniformados a lado y lado de los ejércitos.

Muchos de los hechos que relata Mancuso hacen parte de procesos juzgados por la Jurisdicción de Justicia y Paz, como las masacres del Aro y La Granja, y otros hechos en los que el antioqueño habría indicado a quienes auspiciaba “que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos’’, como afirmó un declarante en ese tribunal.

Sin embargo, la pronta proscripción de Mancuso hacia Colombia, actualmente en un centro de detención en Estados Unidos, no genera expectativa porque reitere las sabidas justificaciones del levantamiento de empresas de seguridad privada operando como fuerza pública. Pese a la desinstitucionalización que representa semejante operación armada, cuyos vientos vuelven a soplar en la virulencia con la que Fedegan y la Gobernación de Antioquia defienden hoy la gestación de frentes de seguridad ciudadana; lo que verdaderamente interesa en las venideras afirmaciones del excomandante paramilitar es la descripción a detalle que pueda ofrecer relacionada con la hondura del fenómeno paramilitar en diferentes periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez como Gobernador y Presidente.

Uribe Vélez fue vinculado a esos procesos por la Fiscalía Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, la cual reveló que el exmandatario tendría responsabilidad en la conformación de grupos paramilitares, favoreciendo relaciones de mando y obediencia entre militares y paramilitares. Es esto lo que resulta determinante para que Mancuso, que ya ha aportado versiones sobre estos hecho como declarante en las audiencias reservadas adelantadas en la JEP, para que sea valorado su aporte significativo a la verdad, justicia, reparación y no repetición del conflicto armado, identificando las invariantes de semejante alianza, y las imbricaciones nacidas de la connivencia policial, militar y de organismos de seguridad del Estado en la ramificación del paramilitarismo en Colombia, más allá de la operación delincuencial financiada por diferentes sectores productivos.

En sus declaraciones ante el tribunal transicional especial, lo que Mancuso deberá contarnos estriba en el interjuego macabro que llevó a figuras elegidas popularmente, empresarios, militares, políticos y funcionarios públicos a articular sus acciones y activar mecanismos de cooperación, asistencia, coordinación y direccionamiento con las fuerzas irregulares comandadas por él, entre otros, configurando un abigarrado portafolio delincuencial de más de 60.000 crímenes por los que tiene pendiente responder.

Sumado a la operación paramilitar bisagra, en la que su nombre aparece bajo diferentes responsabilidades,  Uribe también está siendo denunciado como partícipe en los hechos acopiados en el macrocaso 3 que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado; conocido viralmente como los 6402 falsos positivos, en los que habría dado la orden, según se ha conocido por las descarnadas declaraciones de exmilitares.

Aunque Uribe Vélez ha sido invitado a rendir versión libre, resulta poco probable su acogimiento ante la JEP, a la que ha cuestionado duramente en diferentes ocasiones, promoviendo que se la desconozca y se la desmantele por “haber sido impuesta por las FARC”.

En todo caso, está por confirmarse la veracidad y diligencia con la que Mancuso le revele a la JEP y al país detalles desconocidos y resaltantes de los diferentes planos y pormenores que le consten por su directa participación en el conflicto armado como coparte coludido con autoridades militares y funcionarios públicos. Por lo pronto, su inminente deportación seguirá elevando el valor de la Valeriana, a la espera de los guardados con los que contribuya que, seguramente, serán auscultados con lupa y hasta desmentidos por Uribe y la prensa orgánica.

Sobre el autor

Arleison Arcos Rivas. Activista afrodescendiente. Defensor de la vida, el territorio y la educación pública. Directivo, Docente e investigador social. Licenciado en Filosofía. Especialista en Políticas Públicas. Magister en Ciencia Política. Magister en Gobierno y Gestión Pública. Doctor en Educación. Cdto. en el doctorado en Ciencias Humanas y Sociales. Es autor y coautor de varios libros y artículos en torno a los estudios de la afrodescendencia. Rector de la IE Santa Fe – Cali.
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