13 de febrero de 2024

Por: John Jairo Blandón Mena

La protesta es una garantía constitucional. No deja de serlo cuando es en contra de alguna entidad del Estado.  La ciudadanía tiene pleno derecho de manifestar su descontento ante el injustificado incumplimiento de las atribuciones de una institución pública. No es ningún desafuero, lo verdaderamente desaforado es pretender que haya funcionarios que se consideren atacados o lesionados por encontrarse bajo el escrutinio general.

Desde luego, que la protesta tiene que ser pacífica, pero también debe serlo el accionar de la institucionalidad. Ante una agresión de un órgano estatal, puede la sociedad convocarse para expresar su descontento. Y la actuación omisiva de la Corte Suprema de Justicia puede calificarse de injustificada y violenta, por cuanto ha permitido que el órgano de investigación penal quede indefinidamente en manos de una persona que debería estar sub judice por hechos denunciados relacionados con el encubrimiento al exdirector del CTI en Buenaventura, involucrado con redes de narcotráfico y contrabando.

Adicionalmente, la señora Martha Mancera, desde hoy Fiscal General en encargo, mintió al país sin sonrojarse, en una entrevista en la emisora W Radio con el periodista Daniel Coronell. En esa ocasión quedó en evidencia que omitió denunciar graves hechos delictivos que se estaban cometiendo por parte del funcionario cabeza del CTI de Buenaventura. Una señora con semejantes actuaciones por las que tiene que responder ante la justicia, no puede ser la cabeza del órgano encargado de la persecución penal en Colombia.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes tienen el deber de evitarle esta situación de indignidad a la nación, por la vía de cumplir sus atribuciones constitucionales de elegir a la Fiscal, están conduciendo al país, tal como lo denunció el presidente Petro, a una ruptura institucional.

La ruptura no es solo por los hechos presuntamente delictuosos en los que pudo haber participado la Fiscal encargada; sino porque el periodo de Barbosa y su segundona, será tristemente recordado por haber sido el peor desde 1991 que nació esa entidad. Y con los nefastos fiscales que hemos tenido, eso ya es mucho decir. Barbosa, quien se considera a sí mismo, como la persona más preparada de su generación, politizó la entidad y la convirtió en una plataforma para hacerle oposición al ejecutivo, en contravía de la orden constitucional de colaboración armónica de los poderes.

No tienen excusas los magistrados para mantener la interinidad de una fiscalía con el 90% de impunidad en feminicidios, y que se convirtió en experta dilatadora de la acción investigativa en los principales casos de corrupción y narcopolítica. ¿Alguien sabe qué pasó con la “Ñeñepolítca, Odebrecht o el caso de Oscar Iván Zuluaga? Fueron engavetados, como han querido hacer con el proceso contra Álvaro Uribe, en el que desesperadamente y en contra de la evidencia la Fiscalía ha clamado una preclusión, que ha sido negada reiterativamente por los jueces.

Tal como lo afirmó la pasada columna de Arleison Arcos en este medio “«Tres señoras que conocen el oficio»; “La Corte Suprema de Justicia tiene en su sala plena las hojas de vida de tres mujeres con experticia y conocimiento de la Fiscalía”. Dilatar esta elección no tiene ninguna justificación.

Las declaraciones de los magistrados reclamando no inmiscuirse en sus asuntos e independencia judicial son impresentables. La nación tiene derecho a exigir que la Fiscalía General de la Nación sea orientada por una persona que le dé garantías de justicia al país. 

¡Señores magistrados, ustedes no son semidioses; son servidores públicos! Y bienvenida la protesta pacífica para exigir que elijan prontamente y sin dilaciones a la nueva Fiscal General.