30 días

10 de febrero de 2022

Por: Arleison Arcos Rivas

Colombia no es una sociedad bien ordenada. De hecho, pese a que haya quien la reconozca como una nación a pesar de sí misma, apenas si hemos logrado barruntar las formas de lo político que han dado consistencia a las organizaciones estatales en el mundo. El despiporre, la turbulencia, la desazón, el trauma, parecen ahondar las heridas abiertas y nunca suturadas de un país en el que, todavía, cobran su cuota diaria los señores de la guerra.

No somos una sociedad bien ordenada, porque estas se consolidan como sistemas estables, justos e imparciales de cooperación, cuando sus ciudadanos respetan acuerdos alcanzados mediante consensos que aseguran la unidad social suficiente para resguardarse y perdurar, más allá de los conflictos agónicos que alimentan su pugnacidad y fraccionamiento. Al menos así sería, acudiendo a la Teoría de la Justicia postulada por el filósofo político contemporáneo, John Rawls.

Tal sociedad realmente existente, debería haber alcanzado una extensión política de tal calado que le permitiría transitar entre las diferencias particulares atomizantes y la estructura institucional cohesionante, sin que la animosidad individual o el unitarismo público se impongan, en aras de favorecer la plena vigencia de la libertad y la solidaridad como soporte contra su resquebrajamiento.

Colombia, evidentemente, no ha conquistado ningún escenario social en el que se exprese de manera contundente lo uno o lo otro. Por el contrario, de manera dramática, cada noticia y cada nuevo acontecimiento político fracturan y amenazan la existencia misma de esta nación: muertes que se acumulan una a una u ocurren de manera sistemática y sostenida, exacciones en contra de la solvencia moral del funcionariado, reiterados actos de corrupción que desangran el erario, venalidad y apropiación ilegal de lo público, desinstitucionalización como forma de operar entre las elites y sus corporados, persistente desgreño administrativo, abuso y actuación irregular de sus fuerzas militares y policiales, vulneración de la seguridad jurídica, racismo y monocromía en posiciones de influencia, paraestatalidad, ocultamiento, grupismo y favorecimiento gubernamental. La lista continúa, enfrentándonos de manera cotidiana a la amenaza del unanimismo y a la afrenta contra la diferencia.

El portafolio patrimonialista se agiganta en este país: la ocupación irregular del territorio, la concentración casi absoluta de la riqueza, la exclusión ejecutiva de fuerzas opositoras, la perpetuación de familias clientelares, la asignación exclusivista de los cargos de representación, el uso de la función pública para dispensar favores y acumular influencias, el levantamiento de carteles y séquitos autopromovidos, el aseguramiento de réditos personales y corporativos en la actuación jurídica, la distribución personalista de cargos públicos, delegaciones, destacamentos y embajadas, el levantamiento de fronteras de lealtad y fosas de impunidad; en fin, una afrenta mayúscula al orden deseado en una sociedad que funcione bien.

De ahí que provoque muy poco ánimo en las y los ciudadanos la participación en procesos electorales, que son padecidos como una intensa feria de descalificaciones, expresiones hirientes, zalamerías gregarias y azuce de desacuerdos en los que, siempre y ante todo, prima el trato rencoroso, el desquite, el cobro de deudas burocráticas, la animadversión, o el exacerbamiento de pasiones viejas y nuevas alrededor de los conflictos nunca resueltos, en un país en el que Macondo no es un pueblo ficticio de novela sino una tragedia diariamente repetida.

En Macondo nacimos y moriremos todos, sin ninguna otra oportunidad, según parece. Al menos así lo quisieran aquellas fuerzas sociales que aprendieron a sostener su algarabía bartulera entre la sangre y el fuego, entre el dolor y la muerte, entre el temor y el temblor permanente. Apegados a su fórmula ganadora, una vez más hacen resonar las explosiones, avivan el tableteo de las ametralladoras y agitan la cabalgata de los heraldos de la desgracia; vendiendo terror por todas partes, exhibiendo, sin maquillaje alguno, el rostro macabro de las mil violencias con las que se ensañan sus dadivosos medios informativos. 

A contracorriente, quienes anhelamos vivir algún día en un país que alcance la estatura de una sociedad bien ordenada, tercamente nos desgañitamos cantando a la esperanza y nos empeñamos en desdoblar las banderas de la paz, enarbolando la dignidad como santo y seña, levantando consignas contra el desgano y avivando la jaculatoria optimista del “sí se puede”, pese a la acometida feroz de quienes apuestan a la compraventa de nuestra derrota.

En eso, precisamente, consisten las próximas elecciones. Quedan, apenas, 30 días para asegurar en las urnas nuestra oportunidad de victoria.