23 de mayo de 2023

Por: John Jairo Blandón Mena

La Constitución Política de Colombia de 1991 consagró que los grupos significativos de ciudadanos podrán inscribir candidatos a cargos públicos de elección popular.  Y para ello, estableció que los candidatos que no tengan aval de un partido o movimiento político deberán reunir un número de firmas que de conformidad con la legislación electoral permita la inscripción a los comicios electorales.

Esta norma constitucional tenía la finalidad de ampliar la participación política electoral a aquellos ciudadanos que no hacen parte integral de asociaciones políticas con personería jurídica y aptitud para participar en elecciones. Esa garantía ha sido absolutamente desvirtuada y prostituida en los últimos años, porque a la conformación de grupos significativos de ciudadanos mediante la recolección de firmas han venido accediendo poderosos grupos económico – electorales escindidos de partidos políticos tradicionales, solamente como estrategia para acceder al poder ante el desprestigio popular de esas colectividades.  

Para las próximas elecciones regionales hay inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil 1.050 grupos significativos de ciudadanos que están desplegados por todo el país recogiendo firmas para inscribir candidatos. Sin duda alguna, que la mayor parte de ellos fueron creados por candidatos pertenecientes a vigentes partidos políticos que buscan otra vía para llegar al poder y gobernar con las mismas estructuras burocráticas existentes en esas municipalidades y departamentos.

El costo de un proceso de recolección de firmas hace improbable que un movimiento social o genuino de ciudadanos no perteneciente a colectividades políticas pueda financiarlo. La proyección de gastos involucra ingentes recursos, en los que cada firma, cada formato diligenciado, cada colaborador, cada día de trabajo, cada camiseta, cada elemento publicitario tiene un costo que eleva a cientos de millones el proceso en un municipio de sexta categoría. Es de anotar, que el 85% de estas iniciativas tienen lugar para comicios de alcaldías.

Por ejemplo, en Medellín hay 32 grupos significativos de ciudadanos avalados por el organismo electoral. En esa ciudad hay denuncias documentadas que evidencian pagos a los recolectores de firmas de $800 por firma recogida, trabajan sin prestaciones sociales y en el mejor de los casos, a algunos les garantizan dinero para el transporte desde y hacia sus casas. Esas personas son en su mayoría jóvenes desempleados sin ninguna convicción política. Cada uno de esos grupos tiene una pretensión de recoger entre 50.000 y 150.000 firmas.  Quien aventaja el proceso de recolección para esa alcaldía, es un reconocido prohijado del actual alcalde.

Los financiadores de campañas que ponen dinero para luego usufructuar la administración pública cambiaron de estrategia. La financiación de la recolección de firmas es la cuota inicial del aporte a un candidato. Este es un proceso eminentemente económico. Recuerdo que el millonario Alejandro Char, que pretendía lanzarse a la presidencia por esta vía, en pocos días logró recolectar un millón de firmas y ponerlas en cajas en la sede central de la Registraduría en Bogotá. Sin embargo, en la consulta interna interpartidista no logró conseguir en votos ni siquiera el 20% de ese monto.

Es necesario que la tan pospuesta reforma política trace nuevas directrices a este derecho constitucional. Las garantías deben ser para los grupos significativos de ciudadanos que no se recogen en los partidos y movimientos políticos. Se debe cerrar la puerta desde la ley para que la recolección de firmas no sea instrumentalizada por los partidos políticos y por sus candidatos para aparecer falazmente ante la opinión publica como personas que representan otra forma de hacer política distinta a la que realmente representan.