¿De qué me hablas, “negro”?

Por: Arleison Arcos Rivas

Los propósitos de la ley 70, más allá del reconocimiento territorial en el que han hecho su vida las y los afrodescendientes en territorios ancestrales, apuntan al establecimiento de una plataforma institucional y social para la exigibilidad de derechos en favor de un pueblo étnico cuyas diferentes comunidades identitarias reconfiguran su pertenencia y vinculación histórica en torno a prácticas, saberes y maneras de ser gestadas en referencias culturales de raigambre africana que animan la vida de las generaciones pasadas y presentes; constituyendo un legado disponible para las generaciones futuras, tal como se desprende del articulado de dicho instrumento normativo.

Sin embargo, a 27 años de la ley 70, los graves fenómenos de desprotección, vulnerabilidad y fronterización precaria padecidos por la gran mayoría de quienes reivindican su pertenencia al pueblo descendiente de africanas y africanos en Colombia no cesan, sino que se recrudecen, confirmando que el oprobio instalado intencionalmente, la desigualdad calculada y la desproporción de la guerra se empecinan especialmente contra cuerpos de mujeres y hombres “negros”, en un ejercicio de exterminio intencional y permanente que ha sido rastreado por el PhD Santiago Arboleda, como un ecogenoetnocidio de proporciones devastadoras.

De modo simplista podría pensarse que la fuerza de la ley 70 ha consistido en la titulación de tierras ribereñas, rurales y recuperadas de las que la nación considera baldíos. Sin embargo tal lectura descuida los fuertes impactos que la misma ley esperaba provocar en el reconocimiento y mejoramiento de las condiciones de vida para un grupo étnico diferenciado en sus distintas comunidades identitarias, cuyas características culturales participan de la configuración de lo nacional sin que se fundan en una homogeneidad igualitarista y abstracta.

Con la ley, al tiempo que su participación en la confección institucional del estado colombiano, se hace exigible a las instituciones y a la sociedad nacional el fomento de prácticas, políticas y dinámicas de desarrollo económico y social que garanticen a plenitud los derechos del pueblo afrodescendiente, con oportunidades y posibilidades reales para el disfrute del bienestar y la riqueza socialmente producida.

Es en este contexto que la evaluación de lo desarrollado a partir de la ley 70 refleja un estado calamitoso en la desinstalación del carácter estructural del racismo institucional que soporta la inacción y el desgano de la actuación estatal, acompañado de prácticas colaboracionistas que han sostenido autoridades territoriales, grupos políticos y familias clientelares que controlan el aparato burocrático y definen la orientación de las políticas públicas en desmedro del bienestar de las comunidades.

La ley 70 constituye un hito significativamente emblemático de un momento de la configuración de la nación en el que el discurso multiétnico y pluricultural emerge en la normatividad colombiana, sin que tal espíritu haya permeado integralmente la actuación gubernamental ni haya logrado desinstalar prácticas venales y de privatización de lo público, instaladas por propios y extraños en el territorio. En el tiempo que va desde su promulgación, no sólo los diferentes gobiernos han evitado reglamentar adecuadamente lo contenido en la ley. Han sido igualmente manifiestos los persistentes embates contra la Consulta Previa, Libre e Informada, en la medida en que constituye un límite a la voracidad mercantil, a la lógica depredadora de sectores de la industria y a proyectos estatales que atentan contra la vida cultural, la seguridad alimentaria, la apropiación diversificada de los ecosistemas y, en general, la seguridad de los territorios.

De igual manera, se ha boicoteado la conformación de Consejos Comunitarios atomizándolos, estableciendo coimas y prebendas personalistas, fomentando el usufructo particularista de terrenos colectivos y de su producción, instalando en varios de ellos prácticas mafiosas e, incluso a sangre y fuego, haciendo elegir entre sus autoridades a emisarios de poderes regionales o presionando la incorporación de sujetos advenedizos al margen del reconocimiento comunitario.

En el ámbito de la educación propia y la etnoeducación, pese a contar con decretos, resoluciones, directivas y circulares ministeriales que indican la adopción de programas curriculares y estrategias didácticas que deben incorporarse en los proyectos de todas las instituciones educativas, no sólo las reconocidas como etnoeducadoras, las ausencias y precariedades evidencian la debilidad de procesos orientados a incorporar la historia de África, la africanidad, las experiencias identitarias y los aportes académicos, sociales, económicos y políticos y culturales que nutren la nacionalidad y enriquecen el patrimonio intercultural que debe honrar la escuela privada y, especialmente, la pública.

La profusa penetración en el territorio de actores desregulados, mercaderes de la guerra, ejércitos antirrestitución, emisarios e influenciadores parainstitucionales, explotadores y depredadores de los recursos minerales, mineros y madereros; no sólo pone en riesgo las posibilidades de implementación de alternativas al desarrollo que resulten sustentables sino que ha socavado las prácticas tradicionales asociadas a la protección de terrenos cultivables, al resguardo de los bancos pesqueros, a la preservación de manglares y frutos nativos y al cuidado; que se suman al daño irreparable en los ecosistemas hídricos del Pacífico y, en general en el denominado Chocó biodiverso, terriblemente afectado por los estragos de la guerra, el despoblamiento forestal por cultivos de tráfico ilegal, la minería a cielo abierto, la devastación maderera y la penetración de megaproyectos instalados en la región.

Revisados los diferentes indicadores y datos acumulados en el tiempo del gobierno Duque, en especial los seguimientos a la implementación de los acuerdos de paz y del capítulo étnico, sólo se evidencian deudas con las comunidades afrocolombianas en materia de avance en la reforma rural integral, despliegue y fomento de oportunidades participativas plenas, soluciones al problema de los cultivos ilícitos con presencia de actores desregulados en los territorios, garantías de seguridad y fortalecimiento de la protección con el fortalecimiento de la Guardia Cimarrona, así como en la implementación del sistema integral de verdad, justicia y reparación. Todo ello a consecuencia de la involución en el afianzamiento de los acuerdos de paz, virtualmente desinstalados en este gobierno.

En lo que lleva el gobierno de Iván Duque se han presentado más de 110 masacres documentadas, varias de ellas perpetradas en territorios ancestrales y contra liderazgos étnicos, perpetuando el estado de vulneración de quienes resisten y reexisten en territorios ancestrales, campos y poblados. De hecho el número de víctimas afrodescendientes no disminuye sino que prolifera, extendiéndose a líderes sociales y comunitarios, activistas, e incluso desmovilizados, reinsertados y reintegrados víctimas de amenazas, desapariciones, homicidios, asesinatos selectivos, masacres, emplazamientos y desenraizamientos frecuentes; con serias afectaciones especialmente en Tumaco, Magüi Payan y municipios en la confluencia de los Ríos Mira, Telembí en Nariño, en el norte caucano y el sur del Valle del Cauca, en el Palenque de Uré, Córdoba y en la Alta Montaña en los Montes de María, Bolívar.

Como si fuera poco, en el cúmulo de masacres perpetradas contra población de especial protección se cuentan ahora aquellas ocurridas en territorios de Cauca y Nariño junto a la desgarradora muerte de cinco niños en el Barrio Llano Verde en Cali, en una sostenida práctica de aniquilamiento que evidencia la especial crudeza con la que el pueblo afrodescendiente en Colombia es presa de los actores armados ilegales tanto en contextos de disputa territorial como por la inacción y connivencia de la fuerza pública con actores violentos en poblados y grandes ciudades.

En el balance conjunto tras la firma de la ley 70 de 1993, persiste la pregunta por el desbordamiento de actos y actores que generan especial representación de las y los afrodescendientes en los conteos de vulnerabilidad, desprotección y violencia; sumada a la obcecación gubernamental tras el descuido de inversiones sostenidas y por largo tiempo esperadas para la garantía de salud, educación, saneamiento básico, movilidad, penetración eléctrica y conectividad electrónica que contribuyan a fortalecer la garantía de derechos insistentemente reclamada en autos, exhortaciones, sentencias y condenas a la nación, en procura de mejorar las condiciones para el desarrollo autónomo, la participación efectiva y el aseguramiento de la vida y la eliminación de los desafueros que siguen jugando en contra de la prosperidad y el bienestar del pueblo descendiente de africanas y africanos en Colombia.