Se robaron hasta los colegios

11 de octubre de 2021

Por: John Jairo Blandón Mena

Uno de los actos de corrupción, despilfarro y rapiña de los recursos públicos más graves de los últimos años, y que, por cierto, viene pasando desapercibido es el fracaso del Programa de Jornada Única Escolar. Ese embeleco que el expresidente Santos puso en el Plan Nacional de Desarrollo de su segundo gobierno dispuso más de un billón de pesos para la construcción de 541 proyectos de infraestructura educativa en todo el país. 

Ese gobierno prometió construir en el cuatrienio 30.000 aulas con miras a que todos los colegios oficiales hicieran la transición a la jornada única. La mañosa exministra de Educación Gina Parody, hoy judicializada por la Fiscalía y la Procuraduría por actos de corrupción, cacareó sobre ese proyecto durante sus dos nefastos años en esa cartera. Y, también continuó en ese camino de anunciar por doquier megacolegios o “colegios 10” como los denominó el ministerio, su sucesora Yaneth Giha.

El ministerio creó para el segundo periodo de Santos el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE). Desde esa cuenta se administran los recursos destinados a financiar la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación y dotación de infraestructura educativa.  A hoy, lo que se puede decir, es que la gestión de esta entidad fracasó totalmente. De las 30.000 aulas prometidas por el gobierno anterior solo se entregaron 1.310 con una inversión de 700 mil millones, monto con el que debían construirse más de la mitad de las aulas proyectadas según los estudios iniciales.

El 60% de las obras contratadas por el FFIE están colapsadas. Los colegios que debían construirse, ampliarse o dotarse hoy están la gran mayoría en ruinas con demoras de más de tres años en los cronogramas de entrega. Una sucesión de contratistas entre grandes y pequeños, nacionales y foráneos han pasado por este proceso y las obras siguen inconclusas. El común denominador es que los contratos terminan cedidos o declarados caducados por el incumplimiento.

Por citar un ejemplo, la firma portuguesa Mota Engil contrató por 800 mil millones la elaboración de diseños, estudios técnicos y construcción de varios colegios, esto a pesar de tener procesos judiciales y arbitrales por incumplimiento en varios países de la región. Ya en Colombia la multinacional subcontrató con firmas locales casi la totalidad de las obras; y lo predecible ocurrió. Dejo tiradas las obras y quebrados a sus subcontratistas a los que quedó adeudándoles altas sumas de dinero.

Esta debacle tiene serísimos impactos en la garantía del derecho a la Educación de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables y empobrecidos del país. En el caso de las decenas de colegios demolidos, los estudiantes están recibiendo clase en salones comunales, a la intemperie, en medio de las ruinas o semiescolarizados por la inexistencia de los espacios de aprendizaje. ¿Será que alguno de los tecnócratas del ministerio de Educación se habrá preguntado en estos casos cuál es el impacto de la pandemia sumado a la falta de infraestructura educativa en la formación de los estudiantes? Sin duda, esas condiciones aseguran la mayor precarización en la vida y en las posibilidades de avance social de estas comunidades.

Y en este caso, como en el reciente de la conectividad de internet para los colegios (¿cómo tendrán internet si ni siquiera existen?), como en el Cartel de la Hemofilia, como en Odebretch, como en el Cartel de la Toga, como en la red de corrupción del Programa de Alimentación Escolar, entre tantísimos otros, la Procuraduría y la Contraloría demuestran que en el Estado colombiano estas dos entidades son innecesarias por su inacción ante la corrupción y la violación de los derechos de los colombianos. Y la Fiscalía no se atreve a investigar en ese ámbito a los funcionarios del gobierno Santos, porque necesariamente, esos tentáculos de corrupción ya tocan al gobierno Duque, que ya en su ocaso tampoco ha podido culminar las obras.

Sobre el autor

Abogado de la Universidad Católica Luis Amigó. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Especialista en Métodos de Enseñanza Virtual de la Universidad Católica del Norte. Especialista en Estudios Afrolatinoamericanos y Caribeños de Clacso. Magíster en Educación del Tecnológico de Monterrey. Y actualmente Candidato a Doctor en Educación de la Universidad Católica Luis Amigó. Se ha desempeñado como docente universitario. Coordinador del Equipo de Trabajo de Medellín en el Proceso de Comunidades Negras (PCN). Coautor de libro: Debates sobre conflictos raciales y construcciones afrolibertarias. Editorial Poder Negro. 2015.
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