Libertinaje empresarial

07 de marzo de 2023

Por: John Jairo Blandón Mena

Recientemente la aerolínea de bajo costo noruega Flyr se declaró en quiebra y suspendió la venta de tiquetes y todas sus operaciones. Esta acción estuvo precedida por un proceso administrativo ante la autoridad gubernamental para tramitar lo relacionado con el plan para cubrir las rutas operadas por la extinta empresa; y otro, ante los tribunales de justicia para determinar las compensaciones y la devolución de dineros a los clientes. En este último escenario, los jueces ordenaron a la empresa que dispusiera la inmediata devolución de los dineros a través de la entidad bancaria para los pasajeros que compraron sus boletos mediante tarjeta. Y para los demás, con un correo electrónico se activaría el correspondiente reembolso.

El procedimiento que ocurrió en el país escandinavo, es el que debería acontecer en el caso de la terminación de operaciones de una empresa que presta un servicio público. La institucionalidad gubernamental debería garantizar que las afectaciones en la nación sean mínimas frente a una decisión empresarial de esa naturaleza. Sin embargo, como en tantas cosas, aquí andamos al revés.

La aerolínea Viva Air suspendió hace una semana su operación comercial. Esta empresa junto con Avianca concentraban el 90% del mercado nacional. Aunque sus problemas financieros eran evidentes desde la pandemia, y su ocaso era previsible y conocido, ni el Estado, ni la misma empresa hicieron nada para tomar las medidas que evitarán las enormes afectaciones a decenas de miles de viajeros.

La Aeronáutica Civil conocía desde hace varios meses la precaria situación empresarial, y había recibido desde el pasado agosto una solicitud por parte de Viva Air que permitiera su integración con Avianca. Aunque la integración hubiera sido desastrosa en materia de precios, porque comportaba un monopolio en las 16 rutas en el país. La entidad pública hizo lo correcto en negar tal solicitud, pero omitió ejercer una vigilancia estricta a una aerolínea que declaró estar moribunda con esa solicitud.

Por otro lado. las superintendencias de Transporte y de Industria y Comercio como entes de supervisión y vigilancia conocieron desde hace meses la situación financiera, empresarial y de irregular prestación del servicio de Viva Air; sin embargo, no actuaron en la función de prevenir el daño público a los intereses de los viajeros. Inclusive, después de las afectaciones a miles de pasajeros, la Superintendencia de Industria y Comercio sólo ha proferido un fallo ordenando la devolución del dinero de una afectada ¿no debería ordenar eso mismo con todos los afectados que deberían estar ya identificados por la entidad?

Las reiteradas omisiones del Estado dieron paso a que se configurara una actuación de bandidaje corporativo. Viva Air vendió más de 5.000 tiquetes aéreos, justo un día antes de su desaparición del mercado. Esta actuación delictiva ya está siendo investigada por la Fiscalía. Se advierte que puede no pasar nada, porque al parecer la seguridad jurídica y la confianza inversionista que tanto cacarean desde algunas elites sirve para que ciertos sectores empresariales gocen de privilegios por encima de los ciudadanos y que ejerzan maniobras propias de libertinaje empresarial.

Entretanto, Viva Air, que sucumbió también por su pésimo servicio que no daba lugar a la competencia. Y que se convirtió en una opción masiva para viajar, no por su calidad, sino por los altos precios de sus competidores. Anunció sin desparpajo que no tienen recursos para hacer la devolución de los dineros a los compradores de tiquetes. Y concomitante con ello, anunció que está estudiando la posibilidad de demandar al Estado colombiano, al que la empresa considera el responsable de su desaparición.

Amanecerá y veremos, si la nación en vez de recibir la reparación a todo nivel por los daños y perjuicios generados por esta empresa, tenga que pagar una indemnización por la omisión institucional que debió en su momento proteger los intereses colectivos.

Bandidaje empresarial