Ley 70 y espacios de representación

Por: John Henry Arboleda Quiñonez

La última década del siglo XX, fue un periodo en la historia de Colombia que inició con el optimismo generado por la posibilidad del cambio político–jurídico, de corte institucional, que suponía la promulgación de la nueva carta magna. Este momento fue, sin duda alguna, uno de los de mayor participación de la ciudadanía, pues contó con la presencia de muchos jóvenes, de grupos étnicos que otrora habían estado invisibilizados, de personas que se posicionaban desde sus identidades sexuales o credos religiosos, y de actores sociales que saltaron de forma novedosa a la escena política que esa transformación ofrecía. Todas las personas que se activaron políticamente en ese momento coincidían en reclamar la ampliación de una participación política que estuviera legitimada e institucionalizada, en el contexto de los vertiginosos cambios que estaban ocurriendo en esa sociedad.

Entre las lógicas discursivas que se produjeron en las actorías de las comunidades afrocolombianas que se posicionaban desde estrategias político-organizativas pueden evidenciarse las pugnas, tensiones, articulaciones, tensiones difusas, suficiencias intimas que existían entre las organizaciones; y desde estas con las prácticas de administración y agencia institucional instaurada por el Estado. Esas configuraciones políticas impactan de distinta manera, y con diversas consecuencias las decisiones políticas que se tomaban en ese momento, y que afectan directamente a las poblaciones afrodescendientes, a lo largo y ancho del territorio nacional.

En ese campo político en el que se pone en escena la representatividad y la legitimidad de los actores y sectores vinculados a la dinámica organizativa, se mezclan apuestas políticas autónomas, trayectorias políticas individuales y apuestas organizativas de corte comunitario.  Con la presencia de las personas afrodescendientes en la política nacional, con proyección internacional, se produjo un escenario dinámico que exigía constantes posicionamientos y reposicionamientos, en los que las distintas expresiones organizativas afrocolombianas lograron consolidarse como agentes que vehiculaban cambios, en nombre de las comunidades a las que representan.

Con la expedición de la Constitución Política de 1991, que en su artículo 55 transitorios admitió la necesidad de reconocer los derechos individuales y colectivos de las personas afrocolombianas, y con la posterior expedición de la ley 70 de 1993 fueron reconocidos muchos de los derechos individuales y colectivos que esas personas habían exigido desde hacía mucho tiempo. Por ello, para que los derechos de las personas afrodescendientes en escenarios rurales, pero también en espacios urbanos fueran eficazmente defendidos y materializados, la legislación posterior a la ley 70 creo varias instancias de participación para ser ocupadas por personas afrodescendientes.

En tales situaciones, las características étnico-raciales y las pertenecías identitarias se entremezclan con apuestas y estrategias político-representativas, pasando, en ocasiones, por la opción electoral, las redes organizativas afrocolombianas formales e informales. De esa forma despliegan las estrategias que les conduce a “asegurar su voz” en los espacios políticos habilitados por el multiculturalismo.

Esas instituciones o institucionalidades recogen, de manera evidente, la incursión política de las comunidades negras para la puesta en marcha de este multiculturalismo formal liberal que se ha concretado a partir de la lógica de la representatividad. Las significaciones múltiples que han adquirido los distintos espacios de representación-interlocución de estas comunidades con el Estado colombiano, se convierten en foco de tensiones que afectan de diversa manera la dinámica organizativa y las posibilidades de futuro de estas comunidades.

Entre los espacios definidos para comunidades afrodescendientes estaban dos curules a la cámara de representantes, asignadas a personas de las comunidades negras por circunscripción especial, el espacio consultivo nacional y la dirección de comunidades negras que se encuentra anexa al ministerio del interior. Dichas instancias de negociación, amparadas en la ley 70 de 1993 o ley de comunidades negras, se han convertido en espacios centrales en la dinámica político organizativa de estas comunidades.

Los espacios de representación referenciados anteriormente, han sufrido embates desde distintos lugares políticos que han llevado a desdibujar su “naturaleza”. Para el caso de las curules, la incuestionable incidencia de los partidos políticos tradicionales en la elección de los representantes, unido a la instrumentalización del mecanismo político de los avales hechos por organizaciones de la comunidad y/o consejos comunitarios, han desembocado en una encrucijada en la que es difícil identificar si se trata de representantes de las comunidades afrocolombianas o los rostros negros de los partidos políticos tradicionales, usurpando espacios, con la estrategia de sostener y revitalizar su accionar en esta corporación.

De la dirección de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, anexa al ministerio del interior, sobre la que recae la responsabilidad de orientar y legitimar institucionalmente el espacio consultivo nacional, muy atrás han quedado los días en que la elección de su director o directora reconocían la trayectoria político-comunitaria de los militantes de la dinámica organizativa afrocolombiana, para que fueran ellos o ellas lo que llevaran la batuta de esa dependencia.

Por el contrario, en la actualidad ese espacio se ha convertido en un lugar accesorio en la institucionalidad colombiana, al que acceden personajes que para nada ostentan un accionar legítimo de cara a las búsquedas de transformación del pueblo afrocolombiano. Así, entre apertura de espacios, usurpación de lugares de representatividad de las comunidades y el hecho de desdibujar las voces y ecos de las reivindicaciones políticas del pueblo afrocolombiano, llega a sus 27 años la ley 70. Invitando a que sean los caminos del dialogo, la concertación y la construcción de agendas múltiples las que hagan realidad el efectivo funcionamiento de esas normas.