Las tareas de la Ministra de Educación

30 de marzo de 2023

Las tareas de la nueva Ministra de Educación no parecen pocas, si es que el propósito del ministerio de educación sigue siendo “velar por la calidad de la educación, mediante el ejercicio de las funciones de regulación, inspección y evaluación, para lograr la formación moral, espiritual, afectiva, intelectual y física de los colombianos”. En Colombia, ese proyecto ha quedado a medio hacer, entre caprichos partidistas y demandas empresariales adobadas con la pompa de las misiones educativas y las comisiones de sabios, sin que contemos con un sistema nacional de educación pública robusto. Por lo contrario, el que tenemos ha resultado poco más que superfluo e ineficiente, en buena medida porque diferentes gobiernos liberales y conservadores convirtieron la escolarización en una plataforma instruccional, mientras los recientes gobiernos neoliberales jugaron a que la escuela pública funcione mal para presionar su privatización, o sólo se concentraron en elevar la cobertura asociada a la mayor empleabilidad.

De ahí que el nombramiento, por vez primera, de una ministra afrodescendiente al frente del ministerio que define los currículos, estandariza las competencias, orienta los planes de estudio y ejerce vigilancia por sí misma y por las Secretarías de Educación a lo largo y ancho del territorio nacional, constituya una monumental oportunidad para provocar transformaciones en la organización y conducción de los asuntos estatales asociados a la prestación del servicio educativo.

Una mujer afrodescendiente, ministra de educación

Habiendo iniciado su periplo gubernamental como Viceministra de Educación Superior y ahora como jefe de la cartera educativa, las tareas de Aurora Vergara Figueroa para que contemos por fin con un Proyecto Educativo Nacional que dé cuenta de la diversidad territorial, étnica y cultural del país son de alta complejidad; pues, como plenipotenciaria del gobierno del cambio deberá presentar un conjunto de reformas de significativa importancia para imprimirle coherencia, pertinencia y destino a los asuntos educativos en la formación básica, media, universitaria y posgraduada.

Antes de abordar tales asignaciones, debo insistir en que, en un país como el nuestro, la educación, como el poder, tiene color. De hecho, su historia, sus prácticas y las maneras como se la ha cimentado en el contexto de las naciones republicanas, reproduce miméticamente el patrón monocultural de las sociedades nacionales que instalaron y normatizaron un sistema de socialización, instrucción y preparación de las generaciones nuevas para la vida activa y la apropiación de saberes considerados esenciales para la perpetuación de lo establecido e instituido, sin proveerle recursos suficientes para su funcionamiento, implementando políticas al capricho de grupos de presión y corporaciones influyentes y desconociendo las particulares regionales, étnicas y culturales de la población escolarizada y del país.

La apertura a la diversidad reflejada en quien conduce hoy este ministerio, así como la posibilidad de construir nuevos rumbos educativos en un gobierno alternativo, me hace pensar en el libro “educar a los otros”, en el que Eliza Castillo y Axel Rojas abordan «el estudio del proceso histórico de definición y desarrollo de las políticas de educación, con el propósito de comprender la forma como el Estado llega a desarrollar políticas específicas para grupos étnicos y el papel que en este proceso ocuparon y ocupan los destinatarios de las mismas, y sus organizaciones sociales.»

Cuando los grupos étnicos ya no son simples destinatarios, sino que tienen incidencia y operación como sujetos activos en la definición y direccionamiento de políticas, podrían provocarse mutaciones de grueso calado en los dogmas del patrón civilizatorio monocultural e incluso en las dinámicas de influencia y las interacciones de poder, a consecuencia de la potencialidad transformadora que conlleva la acción educativa.

Este panorama hace que ni una ministra conscientemente afrodescendiente, ni un ministerio de tal envergadura en sus manos resulten invisibles, sometidos al juicio histórico de las ejecutorias en este gobierno; aportando mayor hondura a la frase manida de que la educación es la puerta del cambio. Por eso enlistar sus tareas básicas, a la espera de que la funcionaria presente su propio plan de acción, resulta pertinente:

Funcionamiento de la educación preescolar, básica y media

En las instituciones educativas, deberá plantear un plan de mejoramiento de la infraestructura básica y garantizar el incremento de las asignaciones presupuestales para que la gratuidad contribuya a elevar la calidad en las instituciones educativas públicas. En los 12 años de implementación de esta política, los aportes que la nación gira directamente a los Fondos de Servicios Educativos han disminuido, sin que sean alimentados con otras fuentes concurrentes, por lo que los Rectores y Consejos Directivos manifiestan estar al borde del colapso financiero en sus establecimientos. Habrá que ver cómo se logra trasladar parte del incremento a 57 billones en el presupuesto del sector para que se eleven las inversiones en beneficio de las y los escolares en formación inicial, preescolar, básica y media.

Empezando por afianzar un plan de cobertura centrado en el mejoramiento de la infraestructura, la ministra tendrá que meter en cintura al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FFIE, el cual ha sido incapaz de garantizar el cumplimiento de los contratos en los dos gobiernos anteriores. En igual sentido, deberá generar las condiciones para eliminar casi la totalidad de la cobertura contratada con particulares que hoy está distorsionando la matrícula oficial en ciudades como Cali, así como la concesión de colegios públicos a particulares, alimentada por el afán privatizador de otros gobiernos.

Por ello, tendrá que impulsar una política sostenida de profesionalización y garantías salariales del magisterio apuntalada sobre el mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas, enfrentando asuntos tan sencillos, que hoy generan pronunciadas tensiones, como el de la coincidencia entre la jornada laboral y la jornada escolar, para que resulte consistente la extensión de la jornada única y se pueda contar con las y los docentes para la realización de labores del desarrollo escolar y la planeación didáctica, sin que se disminuya el tiempo de trabajo con las y los escolares en el aula.

Frente al magisterio, tendrá que fortalecer la acreditación y el aseguramiento de la calidad en la formación universitaria de las licenciaturas, fortalecer la educación posgraduada, incluyendo la resolución de las no convalidaciones de maestrías y doctorados cursados en el extranjero que acumula miles de casos frustrados, negociar la profesionalización docente y sus beneficios en salario, prestaciones y salud. Al mismo tiempo, deberá vincular tales prebendas a la garantía de mejores resultados de aprendizaje en las instituciones educativas, lo que evidencia un problema de proporciones mayúsculas, pues su interlocutor, FECODE, no sólo es la más influyente federación sindical existente en el país, sino que ha defendido a rajatabla un estatuto que asegura la permanencia docente sin mayor énfasis en la evaluación de su desempeño ni vinculación con los resultados de las y los estudiantes, tanto en pruebas internas como externas.

En ese camino, una reforma a la ley 115 de 1994 seguramente deberá ser pactada y proyectada pues, a 30 años de su firma, resulta desactualizada y poco útil para darle ligazón y estructura al sistema, especialmente función rectora de la calidad educativa que depende de un fuerte vínculo y operación articulada entre el ministerio, las secretarías de educación y las instituciones educativas. Muy formal e inoperante hoy, resulta evidente la inexistencia de un Sistema Nacional de Educación Pública, cuya normatividad se ha concentrado en el aumento de la cobertura y la formalización de las relaciones técnicas con las que se decide el número de estudiantes por maestro; mientras que los resultados de calidad resultan insignificantes, afectados por una ingente cantidad de decretos y regulaciones atomizadas y cargadas de formatos e informes sin vínculo ni asidero en la transformación de prácticas educativas en el aula y en el desempeño docente.

Consolidar la formación terciaria

En educación superior, la presión de las universidades públicas para obtener mayores presupuestos, acordes a la complejidad formativa y en la investigación actual en pregrados y posgrados, implicará una reforma a la ley 30 de 1992 que resuelva de fondo el problema de la desfinanciación del Sistema Universitario Estatal, garantice la ampliación de horarios y la universalización gratuita de la oferta de formación terciaria para el conjunto de los nacionales y diversifique las alternativas educación posgraduada presencial, virtual o híbrida, cursadas dentro fuera del país.

Dado que sigue siendo bajo el porcentaje de posgraduados en el país, entre otras por los altos costos y la exigencia de plena presencialidad que tiene una maestría o un doctorado, dificultando su matrícula y graduación para una población mayoritariamente trabajadora. El que la mayor proporción de doctores y profesionales con formación doctoral corresponda al sector educativo en el país, pone de presente la necesidad de actualizar la normatividad vigente, eliminando el engorroso trámite de la convalidación, que más parece un extraño y lucrativo negocio del que participan funcionarios del CONACES y abogados que se han vuelto expertos en asegurar el visado de tal formalidad institucional.

Tanto para aumentar la cobertura en programas de educación superior como para fortalecer la calidad educativa y la innovación científica e investigativa en el sector, deberá consolidar la sinergia con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, al igual que con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para que todo el sistema educativo se aplique al fortalecimiento de estrategias formativas que promuevan salidas ocupacionales, oficios y profesiones que eleven los aprendizajes escolares, consoliden saberes disciplinares, y mejoren la experticia y adaptaciones técnicas, tecnológicas y científicas en procesos de formación articulados y coherentes.

De igual calado resultan los propósitos culturales asociados a la acción educativa, cuya incidencia deberá ser protuberante para mover los indicadores de violencia y promover la paz, desalentar la ocurrencia de feminicidios y afianzar las diferencias de género y la diversidad sexual, estimular el respeto a la diferencia identitaria y la pertenencia cultural mediante la etnoeducación y las formas de educación propia, consolidar la pertenencia planetaria mediante la educación ambiental y la promoción de la sostenibilidad alimentaria; entre otros.

Sumadas todas las reformas y modificaciones que deberá implementar en los próximos tres años, la Ministra Aurora Vergara Figueroa, mujer afrodescendiente, tiene en sus manos la oportunidad de hacer un trabajo cuidadoso, técnico e histórico, si logra exorcizar los eternos demonios de la educación pública, instaurando de una vez por todas un sistema que garantice resultados, dignifique al magisterio y contribuya a provocar transformaciones sostenidas en la dinámica formativa nacional. ¡Menuda tarea!