Por: Arleison Arcos Rivas
La ciudadanía está en las calles, una vez más, esperando el día en que se pueda saber si “el pueblo es mayor que sus dirigentes”. Esta vez el florero de Llorente lo constituye el miserable proyecto de reforma tributaria bautizado con un eufemismo socarrón, mirado el contenido de lo propuesto por el gobierno de Iván Duque, quien presenta en su proyecto de “ley de solidaridad sostenible” un conjunto de medidas que nada tienen de sostenibles ni, menos aún, resultan solidarias; dejando en evidencia que las 50 mutaciones en la tributación acumulada desde 1897, incluidas las 10 de los periodos gubernamentales Uribe – Santos – Duque, han esquilmado hasta lo insufrible el bolsillo del asalariado.
En una intentona de última hora que buscaba contener en sus casas a los manifestantes, Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, polémica Magistrada del Tribunal Superior de Cundinamarca, sacó del sombrero su orden de “que se dejen sin efecto los permisos concedidos por la Alcaldía de Bogotá como los demás alcaldes locales de todos los municipios de Colombia para llevarse a cabo las manifestaciones de protestas” el 28 de abril y 1 de mayo de 2021. Este acto inconstitucional y risible, en cuanto se usa el seguimiento a una decisión de tutela con la que se ordenó al Estado establecer protocolos de seguridad para proteger a quienes protestan, pretendía bloquear el derecho mismo de protesta “hasta tanto se implemente un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño con la vacunación contra la pandemia covid-19 y sus mutaciones»; olvidando la Magistrada que para ejercer tal derecho no se pide permiso.
La respuesta a la decisión judicial de marras; así como a la tozudez del gobierno nacional que insiste en no retirar un proyecto que ha recibido el rechazo masivo de la ciudadanía, objeciones de expertos tributarios y reacciones adversas de diferentes fuerzas políticas, aún incluso bajo el cálculo electorero del partido de gobierno Centro Democrático; ha llevado a las calles a la más nutrida participación ciudadana en ejercicios movilizatorios recientes en el país, en lo que parece anunciar una prolongada activación de la ciudadanía agitada por diferentes vías y maneras de expresarse; incluso ante el potencial riesgo de contagio viral.
Tal como dice una frase popular en redes sociales, “si un pueblo protesta y marcha en medio de una pandemia, seguro su gobierno es más peligroso que el virus”; a lo que otra responde que “el gobierno es el virus”. Resulta patente el clamor porque esta tercera reforma tributaria bajo el mandato de Iván Duque no exprima más al que menos tiene y reajuste el desbalance impositivo, retirando el abultado conjunto de reducciones, exoneraciones, exclusiones, eliminaciones y exenciones en favor de los súper ricos, que disfrutan una suma de privilegios muy superiores a lo que se espera recaudar con esta medida; amén de lo que evaden, camuflan y no declaran.
Entre otras ingeniosas propuestas audiovisuales para que la gente se entere, un ilustrativo video con un panal de huevos, deja bastante claro el descalabro y peligro inminente que representaría darle vigor a una reforma que golpea severamente a las y los asalariados por diferentes vías, acaba con sus ya exiguas posibilidades de ahorro, pone en el bolsillo del gobierno más derrochador de nuestra historia el ingreso completo de un mes de cada trabajador y cuentapropia aportante, sanciona el ahorro acumulado para pensionarse, grava las pensiones existentes e incluso les pone IVA a los servicios mortuorios. ¡Como quien dice, ni muertos dejaríamos de pagarle impuestos al Estado!
El efecto acumulado de la reforma tributaria, presentada en medio de la más grave crisis de ingreso que haya padecido la población nacional producto del desempleo, la inseguridad, la enfermedad y la muerte en tiempo de pandemia por CV19, impactaría la vida de la gente universalizando e incrementando los gravámenes de lo que come, lo que consume, lo que ahorra y lo que gana, elevando hasta el límite más indecoroso la base de quienes tienen el privilegio de percibir un salario; mientras deja intactas, e incluso genera una nueva ventana para deducibles de los súper ricos.
En Colombia, las diferentes reformas tributarias, laborales y pensionales no han significado reparto y redistribución de la riqueza, ni disminución de la pobreza y la miseria, ni estabilización de la economía, ni mejoramiento del ingreso; pero sí hemos visto crecer la base impositiva, incrementarse los gravámenes, limitar el salario mínimo “para que no resulte inflacionario”, aumentar las semanas de cotización para pensión, disminuir el porcentaje a la misma, de manera que incluso sin mejorar los ingresos ni el patrimonio se pagan cargas mucho más altas y se disminuyen los beneficios, reforma tras reforma.
Durante el siglo 20 y muy especialmente en lo que va del 21, las y los empleados han visto cómo se convirtió en renta su salario; padeciendo el marchitamiento de sus ahorros, la imposición de una y mil sobretasas, la instalación temporal y luego la fijación de gravámenes inexistentes en otros países, la captura de recursos por casi la totalidad de servicios disponibles, la afectación del patrimonio, el disfrute de espacios de consumo básico y recreativo como los restaurantes, el pago por la bancarización y usos financieros, entre otros. Con la presente propuesta, de nuevo se crece la base de quienes declaran renta y tributan, se eliminan beneficios tributarios, se reducen los límites descontables y se extienden los impuestos a bienes y servicios que hasta hoy están exentos unos y excluidos otros.
Si otrora las abuelas decían que “el palo no está para cucharas”, hoy más que nunca tal aforismo es palmario; pues las y los trabajadores que tengan ingresos por $ 15.400.000, con la pequeña gabela de exenciones producto del acumulado entre bienes, gastos, compras crediticias y movimientos financieros, no sólo terminarían declarando y pagándole al Estado de manera directa lo que le retienen antes de recibir su salario; sino que, como se ha visto, cargarían con todo lo que genere algún tipo de variación en la cadena productiva, financiera y de servicios, que se paga con el mismo salario.
¡Imposible su insostenible insolidaridad, señor Duque!
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