16 de diciembre de 2021

 Por: Arleison Arcos Rivas

Los mensajes educativos y publicitarios solían invitarnos a consumir alimentos regularmente y 3 veces al día. Sin embargo, desde hace algún tiempo, los titulares de prensa se acumulan, uno tras otro, sin que prestemos suficiente atención un asunto que debería ganar la mayor notoriedad posible: luego del gobierno de Iván Duque, el mismo que prometió que el futuro sería de todos, la gente no tiene con qué comer. Visto de otro modo, peor que en el pasado, el hambre se come a Colombia:

• En el mejor de los casos, el 70% de hogares consume 3 comidas diarias
• El 43 % de la población colombiana es pobre y el 13% está en condición miserable
• 21 millones de personas en Colombia tiene serias dificultades para adquirir su comida y 8 millones no tienen con qué comer.
• Más de medio millón de niñas y niños padecen desnutrición crónica
• Más de 40.000 personas habitan en la calle
• El 65% de quienes han migrado desde Venezuela apenas si alcanza a comer una vez al día

De manera desprevenida, podría pensarse que la pobreza monetaria límite y extrema alcanza a ser mitigada por las medidas de mitigación y contención de las políticas gubernamentales. No es cierto. De hecho, el eufemístico “escape de la pobreza” apenas si alcanza a “focalizar” sus impactos sobre una limitada franja poblacional beneficiaria, chocando directamente con la capacidad real de cada colombiano o colombiana para enfrentar los avatares de garantizar su propia manutención y la de sus familiares. Esta situación se complica cuando se advierte que los programas gubernamentales se implementan fundamentalmente en zonas urbanas, siendo precisamente estas las que más empujan las crecientes señales de pobreza, lo que evidencia su impertinencia o limitación para torcer el marcado rezago de incidencia en la lucha contra la pobreza. Aun así, las estadísticas de pobreza en zona rural indican que un 43% de quienes habitan el campo siguen siendo pobres, con una menor afectación por los efectos de la pandemia.

Los costos sociales de la pobreza siguen siendo enormes, afectando de modo estructurante a las mujeres, cuyos niveles de empleabilidad e ingreso disminuyeron mucho más que los de los hombres; así como impacta negativamente a la infancia, cuyo desarrollo se ve seriamente afectado ante la imposibilidad de equilibrar su balanza nutricional. Ni siquiera con la implementación del Programa de Alimentación Escolar, se alcanza a compensar tal necesidad, más aún con los denunciados actos de corrupción e insuficiencia con los que se contrata.

Las condiciones de desprotección y precariedad con la que la mitad de la gente en el país apenas si alcanza a sobrellevar la carga nutricional básica y necesaria para subsistir, evidencian el grave deterioro del ingreso, la insuficiencia acumulada del mínimo de recursos y la negligencia y banalidad de las políticas estatales de bienestar.

Sumado a ello, la alta concentración de la riqueza hace de Colombia un país falto de solidaridad, en el que cualquier acuerdo sobre lo fundamental o la supremacía del bien común están lejanas del accionar institucional, evidenciando la inexistencia de un pacto social en el país.

Si se mira de cerca, las y los afrodescendientes e indígenas nuevamente se llevan la peor parte, pues son los departamentos de la Guajira, Chocó y Magdalena los que concentran mayor porcentaje de pobres. Coincidente con las afirmaciones de la CEPAL (sobre las que volveré en otra columna), las evidencias de que la pobreza y la extrema pobreza son más severas entre la población afrodescendiente, evidenciando índices que acentúan las brechas y fracturas históricas en el disfrute del bienestar, la insuficiencia en la frecuencia y cobertura de servicios y la garantía en la realización de derechos. Como reconoce el Banco Mundial, las desigualdades entre diferentes grupos poblacionales son alarmantes: “una mujer en Colombia tiene 1,7 veces más probabilidades de estar desempleada que un hombre. Un indígena colombiano recibe en promedio dos años menos de escolaridad que otros colombianos, y un afrocolombiano tiene el doble de probabilidad de vivir en un barrio pobre”; extendiendo los escandalosos niveles de desigualdad más allá de los medios y condiciones materiales de subsistencia.

Peor aún, cuando el establecimiento celebra como “histórico” el arribo al millón de pesos en el salario mínimo, queda patente que por lo menos 21 millones de personas en el país están por fuera de dicho acuerdo y ni siquiera alcanzan a juntar los 331.000 pesos con los que serían contados como pobres. Estas personas, sumadas a quienes ni siquiera alcanzan ingresos de 145.000, por lo que se sitúan muy por debajo de la línea de pobreza, son quienes acopian mayores dificultades para consumir alimentos en condiciones apenas aceptables, la mayor parte de los mismos por fuera de los programas nacionales, departamentales y municipales de mitigación.

El resumen de los indicadores gubernamentales no podría ser más desalentador, pues quedan en una marcada pérdida de puestos de trabajo y la consecuente elevación del desempleo. También evidencian la disminución del ingreso personal sin renta básica familiar implementada. Patentizan que, como ningún otro gobierno, cortesía de la atención a la pandemia Duque ha podido contar con astronómicas fuentes de financiación por endeudamiento y venta de activos, sin que haya logrado elevar las coberturas globales de beneficiarios de programas sociales. El balance se complica mucho más aún cuando no existen fuentes desagregadas que permitan cotejar los datos de atención institucional ni los desarrollados en plena pandemia.

Con cifras de bienestar a la baja, mientras que siguen en alza las evidencias del malestar, evidencian que con el actual gobierno quedamos mucho más jodidos y con el agua al cuello.