18 de mayo de 2025

 

 

¿A quién le importa la infancia? El debate urgente sobre la tercerización del ICBF

 

 

Por: Diana Lorena Montaño Riasco

 

Sabían ustedes que, El ICBF no opera directamente la mayoría de los jardines infantiles sino a través de Entidades Administradoras del Servicio (EAS), las cuales son organizaciones sin ánimo de lucro, uniones temporales o consorcios.  ¿Qué implicaciones tiene esto? Una reducción del papel del Estado como garante de derechos sociales fundamentales, ampliando la perspectiva de abordar la educación como un servicio transable en el mercado, y con ello, el Estado pierde el control sobre la supervisión y calidad del servicio brindado, afectando la calidad pedagógica y la atención a las necesidades de los niños y niñas que el sistema atiende.

Como ejemplo de estar perdida en la competencia en la administración e inspección, control y vigilancia de los jardines infantiles, contamos con el lamentable caso del hogar Infantil Canadá, sede F, ubicado en la localidad San Cristóbal – Bogotá. En este centro de atención a la primera infancia fueron víctimas 12 niñxs de actos sexuales y acceso carnal abusivo por parte de Freddy Arley Castellanos, quien fungía como profesor en este lugar, donde sacaba beneficio de las horas de receso para aprovecharse sexualmente de los menores.  Este jardín con alrededor de 410 niñxs es operado por la Asociación Parque el Canadá, la cual es responsable de la administración de otro tres (3) jardines en Bogotá.

El caso del hogar Infantil Canadá, nos muestra como la tercerización o subcontratación degrada las garantías en la calidad y protección de la niñez dentro de los centros de atención a la primera infancia a cargo del ICBF, cuya responsabilidad se ha venido privatizando a través de las Entidades Administradoras del Servicio (EAS), lo cual es el resultado de una estrategia del modelo neoliberal a través del cual se mercantiliza la educación. Es decir, se terceriza mediante la contratación de empresas privadas u organizaciones no gubernamentales para adelantar funciones o proveer servicios que tradicionalmente eran responsabilidad directa del Estado dentro del contexto educativo.

Esta tercerización mercantil de los derechos educativos influye significativamente en la ausencia o debilidad de protocolos para prevenir y abordar la violencia sexual en las instituciones de atención a niños y niñas. A pesar de que, el ICBF ha venido trabajando activamente en la prevención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, con un enfoque de seguimiento de la Ley 2137 de 2021 y la participación en subcomités para el desarrollo de sistemas de alertas tempranas. A su vez, ha fortalecido las capacidades del talento humano y los equipos de Bienestar Familiar, realizando capacitaciones y proporcionando orientaciones para la programación de acciones de prevención de la violencia, incluyendo temas como la pedagogía para la paz y las masculinidades corresponsables y no violentas.[i] No obstante, a pesar de estos avances desde el ICBF lo acaecido en el hogar Infantil Canadá, revela una debilidad para identificar y responder a los sistemas de alerta tempranas que se reporten en los hogares infantiles operados por terceros. ¿cómo puede ser esto posible?

1. Priorización de la eficiencia económica sobre la protección por parte de los operadores, evita la implementación y el seguimiento riguroso de protocolos contra la violencia sexual, además de su precaria inversión en personal capacitado, recursos materiales y tiempo para ejecutar los protocolos.

1. Fragmentación de responsabilidades y falta de rendición de cuentas sobre protocolos contra la violencia sexual sino se establecen las obligaciones y los mecanismos de supervisión y sanción para las empresas tercerizadas. Esto Debilita la supervisión y regulación estatal rigurosas a los operadores.

1. Precarización laboral del personal educativo y de apoyo, el cual posee menos conocimientos específicos sobre protocolos de protección y menos capacidad para identificar y responder adecuadamente a situaciones de riesgo o violencia sexual.

4. Mayor vulnerabilidad de los estudiantes: La falta de medidas preventivas aumenta el riesgo de que ocurran casos de violencia sexual. Además, que genera un ambiente más proclive a contar con respuestas inadecuadas revictimizantes por parte de los centros de atención a la primera infancia, y finalmente un clima de impunidad para los agresores.

Para concluir esta reflexión, el presidente Petro, respecto al caso del hogar infantil Canadá, subrayó en Twitter que, “Privatizar el Estado se llama neoliberalismo, empobrece los derechos que se vuelven ganancias particulares y crimen»[ii]. Esto nos recuerda que el Estado no es una empresa, y por lo tanto, no debería delegar su función principal del derecho social de la protección a la primera infancia a un tercero, porque degrada de manera inconmensurable el mismo derecho que debería garantizar.

[i] Informe de gestión del 2024 del ICBF

[ii] https://larazon.co/el-profesor-violador-fue-contratado-por-una-fundacion-petro-critica-tercerizacion-en-jardines-infantiles-del-icbf/