Por: Arleison Arcos Rivas

Bastante precoces terminan siendo las estrategias cortoplacistas con las que suelen hilvanarse las respuestas gubernamentales a los problemas acumulados por siglos en el país. Su improvisación y desatención evidencian que vivimos entre aventuras oportunistas y antojadizas, sin preocupaciones por políticas de largo plazo, robustas, diseñadas y planificadas para provocar transformaciones sostenibles, prolongación del bienestar y un estado social placentero.

Como ocurre en otras esferas, el disfrute momentáneo apenas si disimula el mediocre desempeño gubernamental en la resolución de problemas aplazados en el tiempo fuertemente incidentes en la situación desfavorable de las grandes mayorías. Al mismo tiempo, prospera la algarabía de vecinos que se han empeñado en acaparar recursos concentrando las riquezas producidas, esquilmando el erario, trampeando los procesos contractuales, jugando al testaferro o lavando dineros ilegales, asegurándose un escenario institucional que les permita seguir gozando en la orgía de los beneficios sin límite.

En medio del paro más intenso, penetrante y prolongado que se haya gestado en el país, un presidente al que le dicen títere en la prensa internacional tanto como en cualquier marcha y meme disponible, habla en inglés para que la mayoría no entienda la ensarta de embustes y argucias con las que elude la responsabilidad que le cabe en el despiporre que padecemos, echándole la culpa a Petro, como ya hemos cuestionado en Diáspora, al que acusa de haber prometido “no dejarle gobernar” y querer  “cumplir sus ambiciones políticas a través del caos”.  Esas respuestas, tan descaradas como irresponsables, insisten en comentarios desobligantes que imaginan a millones de manifestantes como un rebaño monolítico a las órdenes de un político, sin considerar los mensajes que en la calle cuestionan incluso a los políticos señalados por Iván Duque como instigadores nada honorables ni patrióticos. 

La salida desconsiderada de quien posa como presidente, desconoce el sentido de la protesta social, ignora la grave crisis de derechos humanos y la desinstitucionalización en la fuerza gubernamental, oculta los deplorables indicadores en sus tres años de gobierno y desconocen el desacierto con el que se ha tramitado la movilización popular y marcadamente juvenil que persiste en permanecer en las calles y sostener enclaves de resistencia, a pesar de estar poniendo muertos y almacenando nuevos pesares.

El desdén presidencial acompaña la certidumbre de que “el gobierno decidió darle bala a la palabra”, como plantea la influenciadora caleña Kathe Ortiz. Tan lacónica frase parece cierta, cuando se nos informa que el General Eduardo Zapateiro, al frente de las operaciones militares en las ciudades, habría prometido al cuestionado ministro de Defensa una “simbronada” (sic) luego de la cual “no van a marchar más”, según un mensaje revelado por Anonymus. 

La reiteración disuasoria del mecanismo bélico, violento y mortal en cada nuevo acontecimiento insurreccional, indica que a punta de muertos se ha querido contener la expresión del descontento ciudadano, agigantando las lamentables cifras de asesinatos, heridos, desaparecidos, abusadas sexualmente y detenidos arbitrariamente por uniformados estatales, parapoliciales y paramilitares que operan en connivencia.

En lugar de elevar la violencia y en aras de ir más allá del mentidero inculpatorio emprendido por el jefe del ejecutivo y algunos de sus ministros, incluyendo la ahora Vicepresidenta Canciller; la nación, sus instituciones y los cargos investidos de poder deberían concentrarse en alimentar estrategias de escucha, diálogo, concertación y negociación que contribuyan a que el país se dé a sí mismo un rumbo cierto en este momento de incertidumbre. Si recordamos, décadas atrás se hablaba del “acuerdo sobre lo fundamental” y fue ello, en parte, lo que nos llevó a la ya desfigurada Constitución de 1991, que aspiraba a tejer una cobija que cubriera a todos.

Momentos constituyentes “de efervescencia y calor” como el que estamos atravesando requerirían poner sobre la mesa la construcción de lo común y el acuerdo de un robusto conjunto de iniciativas de largo aliento que permitieran la confluencia de las diferentes fuerzas sociales, a las organizaciones políticas, a las plataformas ciudadanas estructuradas y a las desreguladas, a los gremios económicos y financieros y a la mayor pluralidad de colectivos, actores y sujetos interesados.

Sin embargo, el palo no está para cucharas. La instalación de fuerzas beligerantes más que opositoras, impide en el momento establecer bases políticas para la reciprocidad, generosidad y disposición dialogante; requeridas en el soporte de acciones articuladoras y satisfactorias para las distintas partes peticionantes.  El inmenso temor de que las fuerzas más recalcitrantes de derecha que, por ejemplo, torcieron los destinos del Acuerdo de Paz hasta “hacerlo rizas”, alcancen una posición mayoritaria en la misma, resulta suficiente razón disuasoria para insistir en la instalación de instrumentos como una constituyente que, en otras circunstancias, permitiría tal reparto de cartas sobre la mesa.  

Aunque deseable y reclamado así en las marchas sostenidas hasta ahora, tampoco se avizora que el actual mandatario abandone su cargo antes del 7 de agosto de 2022, como quiera que el aguante callejero no ha alcanzado el nivel de incidencia y agitación que resultaría necesario para que ello ocurra. Resulta necesario afanarse en las brechas posibles de cerrar con las ejecutorias de corto plazo que ocupen lo que queda del actual gobierno.

En lo que se atisba, resulta claro que:

1. Se volverá a insistir en una reforma tributaria “recortada” que carga temporalmente algunas responsabilidades impositivas a quienes hasta ahora han sido beneficiarios de exenciones, exoneraciones y exclusiones que ofuscan a las y los asalariados, principales aportantes a las arcas públicas. Dado que este ha sido el foco de mayor tensión, provocar un reparto igualitario del ingreso vía salarios y establecer impuestos y subsidios más equitativos implicará concretar nuevas políticas para el largo aliento fiscal, incluso sin atender varias de las indicaciones contenidas en el informe de la comisión de expertos tributarios.

En el camino se quedarán la reforma a la educación, la reforma a la salud y, mucho me temo, que a este gobierno no le alcanzará el oxígeno para presentar una reforma laboral y pensional que permanece en remojo.

2. Aunque el actual gobierno no lo hará, pues insiste en que el país está creciendo y se dirige a una ruta próspera, la sociedad colombiana debería reconsiderar si persiste en la adhesión a la OCDE, toda vez que crece la sensación de que sus recomendaciones y estándares se convierten en una receta explosiva que complejiza el tratamiento de las dinámicas regulatorias internas; mucho más si se considera el cumulo deficitario en las ejecutorias para la garantía de derechos como la educación, la salud y la estabilidad laboral y pensional. En el mismo sentido, deberán replantearse las alianzas a las que se dio impulso, especialmente a la Alianza del Pacífico y al enojoso Grupo de Lima.

3. Las generaciones jóvenes no saldrán de la calle con las manos vacías o, peor aún, cargando más decepciones relacionadas con la tramitación institucional de sus reclamos. De ahí que no se debe desaprovechar este momento para darle coherencia a iniciativas de largo aliento como la renta básica, la educación pública, universal y gratuita, el mejoramiento de las inversiones en infraestructura educativa, el incremento de la oferta laboral juvenil y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria; temas que, entre otros, reflejan la anunciada distancia entre el vigente Plan Nacional de Desarrollo y las expectativas de las bases sociales que pretendía impactar.

4. Otras propuestas como las políticas de recuperación económica y activación de nuevos sectores productivos, el incremento en propietarios de vivienda, la reforma política institucional con el reajuste al tamaño de los órganos representativos y la disminución del salario de los congresistas, magistrados y altos cargos gubernamentales, la reforma a la policía nacional y el encuadre civilista del ESMAD, la legalización de drogas narcóticas, la disminución del gasto militar, la disminución de la pobreza y la inequidad y la reducción del desempleo, seguro harán parte de la que promete las más caldeada contienda electoral de todos los tiempos.

Crecido el descontento y sin potencialidad de que las nuevas generaciones reconozcan algún beneficio producido por el actual gobierno para apuntalar su porvenir, queda claro que el frustrado orgasmo de la anunciada economía naranja terminó siendo una decepcionante experiencia con un “mal catre”.