15 de febrero de 2022

Por: John Jairo Blandón Mena

La semana pasada el club de los países ricos, como es conocida la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que Colombia inmerecidamente pertenece gracias a la diplomacia lastimera y de constante genuflexión del expresidente Santos, publicó el documento intitulado “Estudio Económico de Colombia”;  en el que de manera directa la entidad con sede en Paris hace un diagnóstico de la economía, y a renglón seguido emite “recomendaciones” (ordenes de reformas) a la institucionalidad colombiana, que a juzgar por algunas declaraciones de autoridades de la gobernanza económica del país, se acogerán a rajatabla.

Esa organización pasando por encima del banco emisor, del ministerio de Hacienda, del Consejo Nacional de Política Económica y Social, de Planeación Nacional; y por supuesto, del mismo presidente, diagnosticó y recomendó reformas atinentes a la deuda pública, los ingresos fiscales, la inflación, las inversiones públicas; y en general, sobre todo el ámbito económico y social del país. Pareciera que, desde un principio de realidad, al artículo 155 de la Constitución Política que establece quiénes pueden presentar proyectos de ley o de reforma constitucional habría que agregarle que son también competentes los órganos multilaterales como la OCDE. 

Entre las tantas recomendaciones. Sugieren aumentar el recaudo del impuesto de renta, no por vía de cobrarle más a los ricos sino a través de la reducción del límite de ingresos a partir de los cuales se empieza a tributar; esto es, pagar el impuesto de renta, que es en teoría una contribución de los más pudientes a partir de dos millones de pesos (como lo ha planteado el actual gobierno); lo que significaría ponerle este impuesto a la clase asalariada empobrecida. En ese mismo sentido, prescribe la OCDE continuar en la línea del aumento de las tasas de interés como lo viene haciendo el Banco de la República, con el consabido efecto que esas sucesivas decisiones generan en el encarecimiento de los créditos y la reducción del consumo interno.

Empero lo anterior, hay dos órdenes de la OCDE que deben ser de especial atención. Que en una nación que destrozó su industria nacional como consecuencia directa de la apertura económica sin proteccionismo (tal como existe en Estados Unidos y Europa) se dictamine reducir las pocas barreras arancelarias existentes y prácticamente eliminar los aranceles es decretar una condena a muerte a los pocos sectores de la economía que perviven en medio de la debacle causada a partir de los noventa. Es lamentable, que a la desaparición del sector de las confecciones y a la muerte lenta del agro en Colombia, simplemente la OCDE lo llame falta de productividad; y que hoy vistos los nefastos efectos de la apertura económica en países como el nuestro, se continúe sugiriendo más apertura descontrolada para terminar de asfixiar las pocas industrias nacionales que aun producen y generan empleo. 

Pero, la receta del amo tiene como su postre las indicaciones para reformar los sistemas de salud y el pensional. En el primero, enjuician que deben fusionarse el régimen subsidiado y el contributivo para crear uno financiado con recursos de tributación general. Lo que sería una desaparición del mecanismo que permite que la población más empobrecida tenga acceso al derecho a la salud por vía del subsidio estatal. En igual sentido, en pensiones, prescriben un sistema único que acabaría con las prestaciones económicas con duración indefinida; esto es la pensión vitalicia.  Y plantean que la formalidad o la informalidad laboral no depende del acceso a la seguridad social, lo que contribuiría a precarizar más el trabajo. Para rematar, aderezan la receta con el establecimiento de una pensión básica universal con un ingreso mínimo que regiría para el gran grueso de colombianos. Lo que impediría tener la expectativa de una pensión por encima del salario mínimo que dignifique la vejez de los trabajadores.

A esto último, Asofondos, uno de los gremios más poderosos del país porque agrupa las riquísimas administradoras de fondos de pensiones, ya dio su bendición. Además, agregó que el próximo gobierno desde el 7 de agosto deberá cumplir la tarea de hacer esos cambios. Amanecerá y veremos el tipo de mandatario que elige esta nación.