En contra de la paz

Por: John Jairo Blandón Mena

 

En medio del agitado clima político y social, el desbordado orden público, la atención de la pandemia, y desde luego, de la deliberada omisión gubernamental de darle crédito a posiciones disonantes respecto de la prédica oficial; la semana pasada fue publicado el informe “Defender el mañana” de la ONG inglesa Global Witness, que retrata la realidad que viven las personas defensoras de los derechos humanos, la tierra y el medioambiente en el mundo. Centrando la atención en el acápite que le corresponde a nuestro país, la conclusión del documento es desalentadora: más de la mitad de los 212 asesinatos reportados el año pasado ocurrieron en dos países: Colombia y Filipinas.

El Gobierno seguramente no hará referencia a estos hallazgos, ni a otros que respetadísimas organizaciones expiden, como el caso del Observatorio del Desplazamiento Interno y el Consejo Noruego para los Refugiados que recientemente aseveraron, luego de una indagación cofinanciada por varias agencias internacionales, que Colombia sigue siendo uno de los cinco países con mayor desplazamiento forzado interno en el mundo.

En el plano político como en cualquier otro, el principio de la resolución de un problema es su reconocimiento; sin embargo, Duque y sus copartidarios se empeñan en negar lo que es evidente para quienes habitan los territorios y hasta para los foráneos que desde afuera dan una mirada a nuestra realidad. La estrategia política con que suele responder el establecimiento a quien desde adentro o afuera señale el desastre social que padece Colombia es su descredito. Tal como lo hizo el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero con Nicholas Casey, quien por delegación periodística del New York Times, investigó y publicó el retorno de las ejecuciones extrajudiciales a manos de militares y en cumplimiento de órdenes superiores, la reacción del funcionario fue descalificar al reportero y su producto periodístico, que finalmente, resultó ser cierto y pieza para judicializar a varios militares de diverso rango.

Este Gobierno pulverizó los mandatos del Acuerdo de Paz, que eran los presupuestos para construir la pacificación en los territorios. Quienes le apostaron a la paz dejando las armas están siendo asesinados, hoy sábado que escribo la columna, el partido de las FARC reporta 222 excombatientes muertos. Aunque paradójicamente, Emilio Archila, consejero para la Estabilización y la Consolidación afirmó antier ante los medios, que su jefe inmediato ha hecho todos los esfuerzos para garantizar la seguridad y proteger la vida de los reincorporados. Y por otro lado; las personas que le apuestan desde la sociedad civil, la defensa del territorio y el liderazgo comunitario a defender el legado de paz contenido en los acuerdos están siendo silenciados violentamente. 

Desde todos los flancos estatales, como francotiradores le disparan a la institucionalidad derivada de los acuerdos de la Habana. Un ejemplo claro de ello, es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia en la que se deberían orientar entre otras, acciones tendientes al desmonte de estructuras paramilitares. Según el comisionado Archila, la comisión ha sido muy exitosa porque ha sesionado en 20 ocasiones y ha expedido muchísimas directrices; y aunque este dato no es falso, el Instituto Kroc que adelanta un seguimiento a la implementación del proceso de paz, evidenció que el 50 por ciento de las medidas acordadas en el seno de este órgano no se han iniciado, el 33 por ciento están en estado mínimo de ejecución y 17 por ciento, en intermedio. Mientras se presentan estas omisiones, los grupos paramilitares se toman los otrora territorios controlados por la FARC, y las masacres ya comienzan hacer parte del paisaje en el país. A esto se le suma, los recientes ataques mediáticos a la Comisión de la Verdad, y el cuestionamiento indebido del presidente a la JEP, en una clara intromisión del ejecutivo en un órgano con funciones judiciales.

Mientras el Gobierno se empeña exitosamente, en hacer fracasar los intentos de avanzar en la pacificación de Colombia, y en desmotar paulatinamente lo avanzado en la mesa de negociación, muchas zonas del país se están convirtiendo en un hervidero. Las disputas a sangre y fuego por el control de los territorios, el fortalecimiento del modelo económico extractivista en detrimento de las economías locales y la eliminación de los liderazgos comunitarios y ambientales ha hecho imperar la política de la muerte. Aunado al hecho de una aparente connivencia entre la oficialidad y estructuras ilegales; pues como lo denuncia la Fundación Social Cordoberxia, las recientes masacres en San José de Uré, Córdoba se presentaron a 20 minutos de la zona urbana del municipio y a 15 minutos de una base del Ejército.

Entretanto, la atención a la pandemia ha sido el revulsivo que le dio a Duque un nuevo aire frente al creciente descontento de los sectores populares manifestado desde finales del año pasado en innumerables movilizaciones, y le ha servido para recrudecer el plan de aniquilamiento de la oposición política mediante la reducción del control político del Congreso, concretado en el establecimiento de las inconstitucionales sesiones virtuales y la expedición de decenas de decretos con fuerza de ley amparados en la declaratoria de emergencia que no tienen relación con ella, pero que están haciendo reformas de manera directa. Y, sobre todo, el avance del proyecto oficial de desmonte criminal de los cimientos de la construcción de paz en los territorios.

Adenda: Un sentido homenaje póstumo a las personas que fueron asesinadas porque su trabajo en defensa de la vida, los derechos humanos, la naturaleza y de nuestra casa común entró en contradicción con intereses criminales expoliadores. Menciono a los caídos en Colombia y que aparecen en el informe “Defender el mañana” de la ONG inglesa Global Witness, para que su memoria coadyuve a la construcción de paz en el país: ALEX FERNANDO SALCEDO, ALFONSO CORREA SANDOVAL, AQUILEO MECHECHE BARAGON, ARGEMIRO LÓPEZ, ASDRUVAL CAYAPU, BERNARDO CHANCÍ, CARLOS ALDARIO ARENAS SALINAS, CARLOS BISCUE, CARLOS DANIEL OBANDO, CARLOS OBANDO, CONSTANTINO RAMÍREZ BEDOYA, CRISTIAN SÁNCHEZ, CRISTINA BAUTISTA, DANIEL EDUARDO ROJAS ZAMBRANO, DEMETRIO BARRERA DÍAZ, DIDIER FERNEY GONZÁLEZ, DILIO CORPUS GUETIO, EBEL YONDA RAMOS, ELIODORO FINSCUÉ, EMILIANO CHOCUE, ENRIQUE GUEJIA MEZA, ERIC ESNORALDO VIERA PAZ, EUGENIO TENORIO, FERNANDO JARAMILLO, REIMAN BAICUÉ, GERSAÍN YATACUÉ, GILBERTO DOMICÓ DOMICÓ, HENRY CAYUY, HERNÁN ANTONIO BERMÚDEZ ARÉVALO, HUMBERTO LONDOÑO, JAIRO JAVIER RUIZ, JAIRO ORTIZ, JAMES WILFREDO SOTO, JESÚS EDUARDO MESTIZO, JOSÉ EDUARDO TUMBÓ, JOSÉ GERARDO SOTO,  KEVIN MESTIZO, LEONARDO NASTACUÁS RODRÍGUEZ, LILIA PATRICIA GARCÍA, LUCERO JARAMILLO ÁLVAREZ, LUIS ALBERTO JUMÍ BAILARÍN, MAGDALENA COCUNUBA, MANUEL GREGORIO GONZÁLEZ SEGURA, MANUEL OSUNA TAPIAS, MARÍA DEL PILAR HURTADO, MARIA NELLY BERNAL ANDRADE, MARIO ALBERTO ACHICUÉ, MARITZA ISABEL QUIROZ, MARLON FERNEY PACHO, MIGUEL ÁNGEL ALPALA, MILTON HERNÁNDEZ, NATALIA JIMÉNEZ, PABLO EMILIO CAMPO TEQUIA, REINALDO CARRILLO VERA, RODRIGO MONSALVE, SEFERINO YUNDA CAMAYO, TORIBIO CANAS VELASCO, UVERNEY VILLANO, VÍCTOR MANUEL CHANI, VÍCTOR MANUEL TRUJILLO, WALTER RODRÍGUEZ, WILMER ANTONIO MIRANDA CABRERA, WILSON PÉREZ ASCANIO.

Sobre el autor

Abogado de la Universidad Católica Luis Amigó. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Especialista en Métodos de Enseñanza Virtual de la Universidad Católica del Norte. Especialista en Estudios Afrolatinoamericanos y Caribeños de Clacso. Magíster en Educación del Tecnológico de Monterrey. Y actualmente Candidato a Doctor en Educación de la Universidad Católica Luis Amigó. Se ha desempeñado como docente universitario. Coordinador del Equipo de Trabajo de Medellín en el Proceso de Comunidades Negras (PCN). Coautor de libro: Debates sobre conflictos raciales y construcciones afrolibertarias. Editorial Poder Negro. 2015.
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