La Policía Nacional: ¿Cuerpo político represor o de seguridad ciudadana?

Por: John Jairo Blandón Mena

En nuestra primera entrega, lectura prolegómeno a la de hoy, (disponible en https://diaspora.com.co/la-policia-nacional-cuerpo-politico-represor-o-de-seguridad-ciudadana/) planteamos el discurrir histórico de la Policía Nacional desde sus primeros pasos en 1888 hasta su disolución 60 años después, dada su inviabilidad, a consecuencia de haberse convertido en una institución adepta a intereses partidistas y alzada en contra de los ciudadanos opositores.

La Policía Nacional empezó su periodo de refundación en 1950 durante el ocaso del gobierno de Laureano Gómez y, luego del Golpe de Estado de 1953 en el de Gustavo Rojas Pinilla, desde ese momento se estableció que sería una cuarta fuerza, se escindió de las Fuerzas Militares (el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea) y se le otorgó su carácter eminentemente civil; sin embargo, su dependencia desde entonces al ministerio de Defensa y no al del Interior (anteriormente llamado de Gobierno), al igual, que el juzgamiento de los actos de servicio de sus miembros  por parte de la Justicia Penal Militar y no de la Ordinaria, desdibujan íntegramente su naturaleza civil. Aunado a lo anterior, la Policía sigue conservando desde su primera fundación los grados de mando, que son eminentemente militares.

A partir de 1953 hubo sin lugar a dudas, un avance en lo relacionado con la educación de lo policiales, pues se crean las escuelas de formación en todo el país, se hace una ingente inversión en elementos para la prestación del servicio de policía y se reglamentó el régimen de escalafones y ascensos. En este periodo se avanzó en la despolitización de la institución. No obstante, durante las decenas de movilizaciones estudiantiles en contra de Rojas Pinilla, la Policía fue señalada de actuar de manera violenta con los manifestantes, como la del 8 de junio de 1954, en la que murió el estudiante Uriel Gutiérrez en una protesta contra el Gobierno en la Universidad Nacional de Bogotá, hecho que generó marchas multitudinarias al día siguiente, en las que se presentaron 12 muertes en enfrentamientos de los manifestantes con fuerzas policiales y militares. En esa línea, la Policía desempeñó un papel protagónico en la persecución en contra de los contradictores del régimen. Durante la huelga nacional estudiantil que antecedió la caída del primer mandatario, policiales irrumpieron en el sitio de concentración de los jóvenes y detuvieron a varios centenares de estudiantes; de igual manera, atropellaron, utilizaron gases lacrimógenos y golpearon a decenas que participaban en las movilizaciones que finalmente tumbaron el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla.

Durante el Frente Nacional, los gobiernos se dedicaron a consolidar maquinarias para la reproducción electoral, las fuerzas policiales fueron instrumentalizadas por el poder político para materializar la proscripción del ejercicio legal de la oposición en Colombia, que se extendió por todo el tiempo que duro esta alternancia presidencial entre los dos partidos tradicionales; que bien vale decirlo de paso, perdura hasta hoy.  Por tanto, la protesta social, abundante durante este periodo, no encontró interlocución institucional, y su único tratamiento fue el policivo e inclusive el militar. Para dimensionar el papel del aparato represor policial durante esos 16 años, el historiador colombiano, Mauricio Archila Neira, en su texto “Protesta Social y Estado en el Frente Nacional” plantea que en el periodo de los 14 años del Frente Nacional hubo 254 movilizaciones; más que en cualquier otra época republicana del país. 

Los 80, que algunos llaman la “Década del miedo”, solo superada por las que la sucedieron, fue un periodo de recrudecimiento de la violencia rural y urbana, de fortalecimiento del narcotráfico y de los paramilitares, de consolidación de las guerrillas y de agudización de la confrontación en el país. Un informe de la Policía Nacional de la época señalaba que, en los primeros años del 80, ocurría un asesinato cada hora en Colombia, y que así, vivir en paz era cuestión de milagro. El poder corruptor del narcotráfico cooptó a gran parte del establecimiento, y la Policía no fue ajena a ello; la muerte llegaba a los territorios a manos de narcotraficantes, sicarios, milicianos, policías, militares, bandas, autodefensas; y no se sabían los móviles y eran indistintos sus autores. Las muertes violentas eran parte de la cotidianidad de la nación, y el cometido misional de la policía, que era la seguridad ciudadana, para la época se convirtió en una utopía.

En los años posteriores, se siguió la espiral macabra del accionar criminal de los carteles del narcotráfico y de su toma de las instituciones, los ataques terroristas, la descomposición social, las masacres paramilitares en connivencia con la fuerza pública, el proselitismo armado y la consecuente apropiación del aparato electoral por parte de estructuras ilegales generó en la opinión pública nacional y en los gobiernos de la comunidad internacional una imagen de un Estado inviable.  Y en ese contexto, la Policía Nacional atravesaba un fraccionamiento interno marcado por la corrupción, en el que jugaba un doble papel; por un lado, era el principal objetivo militar de los carteles de la droga, y por otro; muchos de los miembros de la institución estaban infiltrados y trabajaban a sueldo para las distintas estructuras criminales.

Y aunque; se han presentado reformas en lo sucesivo hasta hoy, como la que creó los Comandos Municipales (Decreto 2203 de 1993), la que estableció el nivel ejecutivo (Ley 132 de 1995), la que implementó la facultad discrecional (Decretos 132, 573 y 574 de 1995) mediante el cual se permitió al Director de la institución, sin mediar un proceso disciplinario retirar del servicio a cualquier policial, normativa que facilitó sacar de la Policía Nacional a más de 7.000 policiales entre 1995 y 1998, en algunos casos con profundas vulneraciones a la garantía constitucional del debido proceso. Esas reformas han sido solo maquillaje a males profundos y estructurales que la institución trae consigo de tiempo atrás referenciados en este texto, y que, en vez de mejorar, se han recrudecido, como las múltiples acciones de corrupción de sus alto mandos, varios de ellos judicializados por enriquecimiento ilícito y otros delitos en contra del patrimonio público. Por citar un caso está el de los manejos irregulares del convenio entre la Policía Nacional y la Embajada de Estados Unidos, para que la primera manejara los recursos del Narcotics Affairs Section, dineros que quedaron en las arcas patrimoniales de oficiales de alto rango; o las que tienen sub judice al actual director, Óscar Atehortúa, por irregularidades en la contratación de la construcción de casas fiscales en el Tolima, en las que según la Contraloría hay un detrimento de $5.364 millones de pesos al erario.

Ante esta debacle institucional, confirmada por los hechos en los que fue asesinado el ingeniero y estudiante de Derecho Javier Ordoñez a manos de policiales que previamente lo torturaron. Y los sucesivos acontecimientos en los que otros miembros de la institución dispararon indiscriminadamente en Bogotá y otras localidades en medio de las manifestaciones ciudadanas que dejaron más de una decena de muertos; bien vale la pena plantear, como se hizo en 1948, que la Policía Nacional de Colombia necesita ser refundada y totalmente reestructurada, poniendo énfasis en la profesionalización de sus miembros y en la reafirmación real, concreta y no aparente como ahora, de su naturaleza de cuerpo civil.