06 de diciembre de 2022

Por: John Jairo Blandón Mena

Tal como ocurre con las violencias o la corrupción administrativa, el racismo renueva permanentemente sus formas y amplía sus efectos nocivos en los sujetos racializados. Ante cada avance o conquista política del movimiento social afrocolombiano, la institucionalidad y la sociedad misma se sofistican para imposibilitar la dignificación de las comunidades afrocolombianas.

La nación colombiana que aún no se ha mirado a su propio espejo, y no ha reflejado su composición poblacional en su proyecto nacional, sigue siendo racista hasta los tuétanos. La mismísima Francia Márquez, la persona afrocolombiana que ostenta el más alto cargo en la estructura del Estado, recientemente dijo, que se ha sentido irrespetada por su condición racial hasta por altos funcionarios de su propio partido, a los que tiene que exigirles respeto.

Y lo de la vicepresidenta sale a flote por su cargo. Pero, hay decenas de miles de funcionarios afrodescendientes en el mismo Estado, a los que el racismo no les permite cumplir dignamente sus atribuciones. Documentados están los casos de racismo al interior de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por citar solo un caso. Antier salió a la luz pública el aberrante y criminal caso de racismo en contra de la también servidora pública, la docente Kerlin Sugey Murillo Mena y sus hijos Keyner Joel y Keyler Yojackson de 5 y 9 años, que evidencia que la discriminación racial no es eventual como pareciera que lo asume el aparato judicial, sino que es una violencia sistemática tan letal como el mismo conflicto armado.

Erigir como delito la discriminación racial junto a otros tipos de exclusiones es una conquista de las sociedades democráticas. Sin embargo, en Colombia la Ley 1482 de 2011 o antidiscriminación es una de las más inoperantes de todo el ordenamiento jurídico. Cero sentencias condenatorias privativas de la libertad contabiliza esta normativa penal. En el contexto escolar se sigue considerando como bullying al racismo. En el campo laboral se confunden decisiones racistas con la autonomía de la voluntad del empleador en el ámbito contractual privado. Y en lo cotidiano, las acciones discriminatorias en los medios de transporte, en establecimientos de comercio, y en diferentes lugares públicos no son objeto ni de reproche social, ni de la más mínima sanción judicial.

Y a todo esto se suma el racismo estructural. Que por un lado mantiene en condiciones de precariedad, indignidad y desesperanza a las poblaciones afrocolombianas; y por otro, no permite que la reparación histórica a estos pueblos se consolide como forma de garantizar la no continuidad de las violencias racistas y el resarcimiento de los daños ejercidos a todo nivel como consecuencia de la tratatransatlántica de africanos a las Américas, la esclavización y los subsecuentes periodos de vulneración y criminalización a estas comunidades.

El caso de Kerlin Sugey Murillo Mena y sus hijos Keyner Joel y Keyler Yojackson de 5 y 9 años es la consecuencia de una sociedad enferma por su racismo. La enfermedad es crónica, y se ataca con justicia, educación y lucha organizativa. La justicia viene de la mano de un sistema judicial que le dé el tratamiento de delito al racismo, y a los racistas de delincuentes. Pero también viene la justicia con una institucionalidad que actúe con respeto a lo que somos como nación. La educación étnica tiene que dejar de concebirse como un derecho de los pueblos étnicos en sus territorialidades, sino como una verdadera garantía del conjunto de la nación para poder mirarse a su propio espejo.  

Por último, es necesario la movilización popular de las organizaciones y colectivos afrocolombianos como única manera de reivindicar los derechos colectivos. Por eso, la reacción ante el crimen cometido en contra de la profesora Kerlin y sus hijos es de aplaudir. Mañana nos veremos en plantones simultáneos en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Tumaco y otras ciudades para recordarle a las entidades judiciales que el racismo es un delito. Y que la población afrocolombiana necesita que la justicia opere con los racistas.

Toda mi solidaridad con la profesora Kerlin Sugey Murillo Mena y sus hijos Keyner Joel y Keyler Yojackson. Desde www.diaspora.com.co exigimos que haya justicia en este caso.