Made in Colombia

10 de enero de 2022

Por: John Jairo Blandón Mena

Los análisis de la reciente historia económica de Colombia coinciden en señalar que el proceso de apertura económica iniciada en la década de los 90 golpeó de manera letal varios sectores de la economía del país. Uno de ellos fue la industria textil. La masiva importación de estos productos sin aranceles, sumado al creciente contrabando ha propiciado una crisis sin precedentes en esta industria que representa el 9% del PIB industrial y que genera alrededor de 600 mil personas.

En un escenario de apertura económica, la competitividad es clave para el sostenimiento y crecimiento de la economía. Sin embargo, competir con los monstruos de la industria de la confección no es una cuestión de voluntad empresarial. Hay factores relacionados con los costos financieros y laborales, la infraestructura del país y la seguridad jurídica que están fuera del alcance de la industria, y que hacen imposible competir con países productores que no se enfrentan a estas mismas adversidades.

Empresas locales que garantizan los derechos laborales se enfrentan con conglomerados económicos con prácticas neoesclavistas que están ampliamente documentadas. Es una clara competencia desleal legalizada en tratados de libre comercio con esos países que permiten esas acciones de vulneración de derechos. Es el caso de China, India y Bangladesh, tres de los principales productores de la industria textil mundial, con exportaciones por encima de los 200 billones de dólares, pero que explotan laboralmente en sus maquilas a cientos de miles de personas empobrecidas en extensas jornadas de trabajo con una remuneración por debajo de los mínimos establecidos legalmente y con precarias condiciones de sanidad y salubridad.

Ante este panorama, la aplicación de una medida poco ortodoxa en la economía actual, como el proteccionismo, se convierte en la salvación de un renglón vital para el desarrollo del país. Ese proteccionismo al que acuden las grandes potencias económicas para garantizar la pervivencia de su producción local, pero que se condena cuando se aplica en los países subdesarrollados, se convierte en una medida necesaria para que los gobiernos mantengan y recuperen los empleos amenazados con el incontrolado ingreso de producción foránea sin pago de aranceles.

Las 30 mil empresas textiles entre grandes, medianas y pequeñas que desaparecieron en las últimas tres décadas obliga a que el Estado tome medidas de mediano y largo plazo. En primera instancia, elevar los aranceles a los productos textiles importados al máximo permitido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) es una medida que busca darle competitividad inmediata a la industria local. Y, por otro lado, propiciar las medidas que garanticen el desarrollo de la industria, el acceso al crédito blando y el avance en infraestructura permitirá que las medidas arancelarias se vayan reduciendo paulatinamente sin detrimento de la producción local.

Con todo lo anterior, el objetivo debe ser que las multinacionales textiles que se tomaron el comercio nacional: Zara, H&M, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho; por citar solo algunas, le apuesten a que la mayor parte de su stock sea confeccionado por la industria colombiana. Sin duda alguna, las condiciones de calidad y de garantía de los derechos laborales está por encima de lo que ofrecen sus actuales productores.

En esto, el Gobierno de Gustavo Petro está tomando las medidas correctas.