04 de junio de 2023

Por: Melquiceded Blandón Mena

Hace poco escuchaba a alguien decir que este país no se encuentra preparado para oír tanta verdad, sugiriendo el olvido como terapia de reconciliación para pervivir como sociedad. Sin embargo, desde otra posición, se argumentó que la memoria social e histórica es un espacio de disputa política por el control de los regímenes de verdad que sustentan el orden y que, por tanto, la verdad es uno de los activos más preciados en todos los momentos de una guerra.

En ese contexto, tiene valor la pregunta que realizaba el presidente Gustavo Petro, entre otros sectores sociales que claman por el esclarecimiento político y judicial de la guerra en Colombia, sobre el por qué genera tan poca discusión, cubrimiento, despliegue informativo y movilización social las 36 horas de declaraciones públicas de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),  revelando detalles y niveles de participación individual e institucionales en la conformación, participación, financiamiento y funcionamiento del paramilitarismo en Colombia. Es decir, la delación de viejas historias que transitan hacia “verdades de Perogrullo”, en su reafirmación y articulación con nuevos relatos sobre las alianzas entre paramilitares, fuerzas estatales y miembros de élites políticas y económicas regionales y nacionales.

Mancuso, el otrora contertulio y guerrero del establecimiento detalló el apoyo a campañas presidenciales, relacionó la cooptación del parlamento y la filtración de la justicia, evidenció el papel de los medios en la legitimación del proyecto, contó sobre su relación con elites regionales y el financiamiento que hacían empresas nacionales y trasnacionales a su ejército, develó la incursión en universidades, en  corporaciones públicas locales y regionales, la coordinación magnicida de gobernadores y alcaldes enemigos del credo paramilitar y la connivencia generalizada del aparato de seguridad, investigativo y militar del Estado en todos sus niveles. Cientos de perogrulladas, que solo confirman los miles de relatos con que cuentan los tribunales de Justicia y Paz y la JEP.

Sin embargo, al preguntar quiénes conformaron la junta directiva paramilitar en Colombia, se encuentra la ventana sobre la cual el país tiene que recabar y develar lo que hay detrás de las cortinas de humo tendidas por los medios de comunicación y la institucionalidad paramilitar del Estado edificada en los últimos 20 años. Como lo indica Mancuso, el paramilitarismo no es un ejército creado por generación espontánea, ni un cumulo de señores de horca y motosierra, o un conjunto de soldados y pelotones militares que se desviaron en su accionar; sino más bien, una estructura militar financiada y orientada estratégicamente por influyentes sectores regionales y nacionales.

El ejército paramilitar tuvo una junta directiva conformada por influyentes figuras civiles, eclesiásticas, militares y empresariales. Según el diario El Espectador, en una declaración de 12 folios, a la pregunta de si Berna “en algún momento se enteró de la existencia del llamado grupo de los 6 o de los 8 que participaban en la planeación de crímenes de las autodefensas, este contestó que en realidad eran 12, pero que no pueden dar todos sus nombres por motivos de seguridad. Sólo mencionó a Pedro Juan Moreno, [secretario de Álvaro Uribe en la gobernación de Antioquia que murió en un accidente aéreo en 2006], Farouk Yanine Díaz, [general del Ejército vinculado a la masacre de La Rochela que murió de un cáncer en 2009] y Rodrigo García, [ganadero de Córdoba detenido por vínculos con los “paras” en 2009]”. Señaló también a José Miguel Narváez, quien fuera subdirector del DAS y quien está vinculado por la Fiscalía al asesinato de Jaime Garzón.

Se sabe que hubo juntas regionales (Los 7 apóstoles, Pacho Santos y su Combo, la Oficina de Envigado, El Clan Gnecco Cerchar, entre otros), pero había una junta central, los dueños del proyecto. Sin embargo, aún desconocemos quiénes integraban esa especie de “junta directiva” del paramilitarismo y que sesionaba en Bogotá, según lo relata en su libro Mi confesión el desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño.

El país necesita conocer: ¿Quiénes eran los otros miembros de la junta directiva del paramilitarismo? ¿Quiénes lo inspiraron? ¿Quiénes lo financiaron? ¿Quiénes lo estimularon desde el Estado?, pero sobre todo el conjunto de familias, empresas, grupos económicos y proyectos políticos que se beneficiaron y aún se benefician  de las acciones paramilitares que marcaron la vida socio – política durante más de 20 años, y que hoy son el cimiento de nuestra crisis social.

Quizás, es la dosis de verdad que nos falta para entender el pacto de silencio del establecimiento y el tamaño de la paja que tienen en el rabo, quienes hoy quieren dar cátedra de democracia negándose al cambio.