05 de marzo de 2024
Ponen el grito en el cielo los opositores a este gobierno por algunos de los recientes nombramientos del presidente Petro. Pareciera que, para ellos, las únicas designaciones validas son aquellas que provienen de sus propias huestes. Aunque no pretendo hacer una apología de los funcionarios recientemente nombrados en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y en el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), si es necesario respetar que el primer mandatario tiene autonomía de elegir a las personas de su confianza para que ocupen los altos cargos del Gobierno Nacional.
Desde lo político, un reparo válido para los nombramientos es considerar que deberían ocupar estos cargos personas que hicieron aportes trascendentales a la histórica victoria electoral de Gustavo Petro; y que hasta ahora, han sido ninguneados en la definición burocrática del gobierno. Quienes aducen la falta de preparación o de experiencia de los recién posesionados para atacar sus nombramientos, simplemente añoran que vuelvan los tiempos en que solo una pequeña elite de personas graduadas en algunas universidades foráneas y dos o tres colombianas podían ostentar estas altas posiciones.
Esos tecnócratas que se formaban bajo la doctrina económica de dominación y saqueo de nuestros recursos, bien hicieron la tarea durante décadas; y he ahí el resultado: Colombia, uno de los países más desiguales del continente. Ningún legado positivo para la nación dejó el control institucional de esa tecnocracia que por décadas convirtió a las posiciones de dirección de la institucionalidad gubernamental en sitiales a los que solo ellos podían acceder.
El pasado reciente de las tres entidades citadas en esta columna es escabroso. El colombo canadiense Pierre García, formado en la Universidad Estatal de Pensilvania ocupó la dirección del DPS durante el gobierno de Iván Duque, y en su paso de cinco meses por la entidad dejó una estela de actos de corrupción que hoy están siendo investigados por los entes de control y la Fiscalía. Bernardo Moreno, posgraduado en Japón y Holanda fungió como director del DAPRE en tiempos de la presidencia de Álvaro Uribe, desde donde cometió el delito de tráfico de influencias, por el que hoy está condenado.
Por otro lado, el señor Luis Alberto Rodríguez, graduado de la Universidad de Columbia en Nueva York, fue director de Planeación Nacional en el Gobierno de Iván Duque, y actualmente está siendo investigado por la pérdida de cerca de 500 mil millones de pesos de los fondos de los OCAD Paz; es decir, los recursos que vía regalías se proyectaban desde esta entidad para los municipios PDETS, aquellos más empobrecidos y golpeados por la violencia y el conflicto armado. Hasta hoy, la Fiscalía del entonces Barbosa, y ahora de Mancera, no han avanzado un ápice en esa investigación.
Con esos antecedentes, que no se complementan con otros hechos por el espacio de esta columna ¿habrá razones éticas o judiciales para cuestionar los recientes nombramientos de Gustavo Petro? Si bien, ninguno de los tres nombrados en cuestión en el DPS, DNP y el DAPRE es santo de mi devoción, el presidente se la está jugando, como debió hacerlo desde sus inicios, gobernando con los suyos.
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