23 de marzo de 2023

Por: Arleison Arcos Rivas

Las actuales formas de la violencia política – criminal en el país, ya no responden a los viejos escenarios de enemigos declarados en la contienda por el control de las instituciones estatales y la conducción gubernamental, tal como queda nuevamente demostrado con las incursiones y órdenes de paro achacadas a la gente del Clan del Golfo. Al parecer, las motivaciones políticas y económicas que lo alimentan evidenciarían el complejo entorno interactivo de quienes instigan sus acciones.

El Clan del Golfo, conformado por un nutrido grupo de excombatientes de anteriores estructuras paramilitares (Clan Usuga, Urabeños, Autodefensas Gaitanistas), responde a la dinámica de conflictividad desregulada dominante en el país, con la que guerra, narcotráfico, delitos, dinero y poder confluyen en los territorios, sin que resulte siempre transparente cómo se transita entre sus confines, producto de sus intereses y vínculos con los tentáculos internacionales del crimen.

A raíz de la fronterización que representa el fenómeno denominado “paro armado” en el Bajo Cauca, el Nordeste antioqueño, Buenaventura y otros territorios en los que hace presencia el Clan del Golfo, se configura un escenario de zozobra, temor e inseguridad, producida por el bloqueo de vías, la interrupción del transporte, la quema de vehículos, la amenaza contra comerciantes que osen abrir sus negocios y la conscripción de la ciudadanía, cuya movilidad y vida cotidiana se ve reducida y amenazada por la silenciosa presencia de actores armados.

Como tentativa de respuesta colectiva en negociación con las comunidades, la restauración ecológica, la mitigación del daño a las fuentes hídricas, la creación de un distrito agrario minero y la atención humanitaria urgente, caldean los ánimos entre quienes, en defensa de la institucionalidad, buscan alternativas de formalización, enfrentados a los impulsores de la dinámica extractiva ilegal.

Para completar la escena, enturbiando mucho más las aguas de la política nacional, un nutrido grupo de gobernadores y autoridades locales ha decidido enarbolar las banderas de “libertad y orden” como sustento de su reclamo de actuación contundente de las autoridades frente al accionar ilegal; mientras otras fuerzas sociales, políticas y económicas se activan contra la política estatal de reformas, sin que pueda informarse que las intenciones y manifestaciones de algunas de esas voces acaloradas respondan al control, disfrute y perpetuación de los poderosos mercados de violencia y criminalidad acaudalados en el país.

Como bien sabe el Presidente Gustavo Petro, quien ha debido resignarse a declarar la suspensión del cese al fuego con el Clan buscando calmar la beligerancia de la oposición ante los ataques y hostigamientos a la fuerza pública, las dinámicas de la guerra en el país desbordan el escenario social y reivindicativo subnacional y se instalan en una compleja conexión con redes transnacionales desreguladas.

El conjunto de demandas y la andanada de exigencias abultadas en la carpeta de problemas por resolver en el actual gobierno no sólo resulta excesiva sino, además, titánica. Confluye con la expresión de las variantes de la guerra político-criminal, la diversificación del portafolio de los carteles de drogas, reconvertidos en emporios empresariales, el crecimiento trasnacional de la minería ilegal y el encuadre delincuencial instalado en diferentes departamentos en los que se evidencia la confabulación entre fuerzas irregulares, actores políticos y sectores gremiales seriamente interesados en elevar el calor de la conflictividad local para afirmar desmejoras y desajustes, supuestamente producidos por la actual administración nacional.

Homicidios, masacres, torturas y violaciones a los derechos humanos, se suman al lavado de activos, a una pluralidad de formas concertadas para delinquir, al control de diferentes niveles de negocio con drogas, a delitos medioambientales, a la producción minera irregular y a la implementación de cuotas para permitir el funcionamiento de negocios lícitos en las áreas de influencia de sus ejércitos armados.

Alrededor del Clan del Golfo ha crecido el multicrimen, que también caracteriza a otras corporaciones criminales, en operaciones comerciales que multimillonarias. El microtráfico, el tráfico de narcóticos, armas y seres humanos, el control de rutas, la explotación sexual de menores, el comercio sexual transnacional, el sicariato, la extorsión, diferentes negocios de falsificación, el tráfico de armas y el lavado de divisas, sobresalen en el portafolio que enrarece los rumbos de la guerra en Colombia, poniendo de presente que los problemas que nos atraviesan aúnan a organizaciones armadas como el Clan con agentes estatales y emisarios de asociaciones y gremios productivos dentro y fuera del país.

En el Clan, los denominados “socios” todavía no resultan plenamente identificables, pese a que “Otoniel”, su extraditado cabecilla, ha manifestado interés en contar toda la verdad sobre el relacionamiento con el empresariado auxiliador y cooperante y el tendido multicriminal que vincula al Clan con carteles mexicanos, bandas, organizaciones y redes delincuenciales trasnacionales con las que sostienen pactos e intercambio de estrategias cooperativas y financieras.

Según la Policía Nacional .”Se ha evidenciado que la organización criminal tiene cinco alianzas principales para el tráfico de cocaína hacia distintas latitudes: en México, los carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa; y en Europa, las mafias Calabresa y Siciliana y redes de narcotráfico de Los Balcanes, estas últimas encargadas también de surtir a países de Asia y, específicamente, de Medio Oriente”, haciendo evidente la presencia del Clan en por lo menos 28 países”.

Es este escenario complejo en el que hoy se instalan confederaciones globalizadoras de la economía criminal lo que acrecienta las dificultades para que el Estado responda satisfactoriamente a la cobertura en seguridad demandada por las comunidades e sus gobernantes; pues tal magnitud en su accionar les lleva a operar como si fueran el Estado en territorios en los que éste no ha podido jamás asegurar sus monopolios.

Controlar formalmente el aparato estatal no es el interés de la gente del Clan y sus socios, sino la distribución del lucro y la rentabilidad; para lo cual todas las formas de violencia y siembra de terror resultan propicias. De ahí que resulte necesario que esta organización siga vinculada a los procesos de negociación tendientes a apuntalar la paz total en Colombia.