Cuando éramos niños, el único canal de televisión con el que contaba el país proyectaba en las pantallas de los hogares que disponían de ese receptor la figura de un llanero solitario, con pistola al cinto, sobre noble corcel blanco, que cabalgaba veloz en la llanura, decidido a combatir la injusticia y enfrentar a los forajidos; alimentando en las mentes juveniles la idea del imperio del bien sobre el mal, e imponiendo la ley a mano propia como sustento de la autoridad contra las bandas de ladrones.

Décadas después, con su muy particular idea de la justicia manifiesta en órdenes para resolver nuestros conflictos indicando que hay que “dar de baja como en derecho corresponde” a quienes no se sometan a su arbitrio, un mandatario colérico alimentado durante años por la cercanía con paramilitares, narcotraficantes y otros actores desregulados a quienes defendió como abogado, y con quienes desarrolló diversos ejercicios de asesoría, recorre las calles de una de las principales ciudades del país con revolver al cinto, chaleco antibalas y radio operativo, vendiendo la idea de dirigir las acciones de la fuerza pública personalmente y en terreno.

Sin embargo, crecen las dudas sobre la veracidad de su accionar. De hecho, su primer positivo publicitado como la caída del gran criminal “Bendito Menor”, si no es falso, parece ocultar algunos hechos que destacan inconsistencias en la versión oficial de la “Operación Centinela de la Patria”, soportadas en versiones de vecinos, ausencia confrontación armada, inexistencia de registros en cámaras y mensajes de celular, que indicarían una posible ejecución interna por parte del propio grupo armado “Los Pachenca”.

Contra los mismos Pachenca, también conocidos como Audotedenfa Conquistadores de la Sierra, se estarían dirigiendo acciones militares en Santa Marta, una ciudad turística que hoy ve amenazado el turismo y cerrados los locales comerciales, producto de un paro armado decretado por dicha organización criminal, responsable de constantes extorsiones, disparos a vitrinas comerciales y quema de vehículos de transporte público. En redes sociales, sin embargo, hay gente comentando que esta sería una puesta en escena concertada con el gobierno, para justificar la militarización de la ciudad y apuntalar su política de mano dura. No obstante, ante los hechos, hasta ahora no existe evidencia pública que permita sostener semejante afirmación.

Lo que sí queda claro es que para proceder como en derecho corresponde, las autoridades públicas deben atenerse a formalidades legales claramente reglamentadas, con las que se pretende evitar el menoscabo de derechos, ajustar las actuaciones de los funcionarios a las expectativas públicas contenidas en las leyes, y preservar la supremacía constitucional frente a las actuaciones indebidas, el abuso de autoridad o la vulneración de garantías y libertades.

Por ello, ante los anuncios de terminación de todos los procesos de diálogo, y la cesación de las mesas de negociación instaladas en el pasado gobierno, no solo se han cerrado los espacios sociojurídicos de diálogo generados con estructuras criminales, disidencias y organizaciones armadas desreguladas. El país se ha quedado sin herramientas para avanzar en procesos de tramitación institucional que apunten a desescalar sus violencias; pese a que el Ministerio de Justicia viene avanzando en una pálida “ley de sometimiento” que ofrece rebaja de penas a quienes expresen la voluntad rendirse bajo condiciones definidas por el Estado.

Mientras se fortalece la institucionalidad de la “patria milagro” para provocar tales entregas de criminales, delaciones y resignaciones bélicas, la apuesta del gobierno nacional consiste en militarizar ciudades y promover las bajas, caminando entre bolsas de cadáveres, como consigna para enfrentar las situaciones de conflicto y conflagración que se presenten en el país. Santa Marta parece evidenciar que esa fórmula, para nada nueva en la conducción de las acciones estatales de seguridad, lejos de resolver las causas que alimentan nuestras violencias, corre el riesgo de recrudecerlas, trasladando sus cobros de manera directa a la ciudadanía y a los diferentes sectores comerciales.

Lejos de las acciones justicieras de Llaneros Solitarios, la historia del conflicto armado y las manifestaciones violentas en el país evidencia que, ante la desaparición de los canales de interlocución, la fuerza termina ocupando el espacio que antes correspondía a la política porque, con independencia de los ofrecimientos que se hagan, suele ser débil y desnutrida la presencia estatal que debe alimentar las realizaciones sociales, ahondando nuestros problemas.

Todos los gobiernos están en la obligación de enfrentar la delincuencia y contener su accionar violento. De hecho, al Estado le exigimos que sea firme y contundente para perseguir el propósito de hacer de la paz un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento, lo cual implica que no ceda sus monopolios, ni transgreda sus obligaciones constitucionales. Por ello se elevan las alertas ante la posible paramilitarización, y la connivencia con actores desregulados que puedan revivir la dolorosa historia de falsos positivos padecida por miles de familias en el país, en buena medida producto de la promoción heroica de quienes fueron armados para operar como Estado por fuera de toda normativa, bajo una lógica de resultados operacionales que rompió todos los sellos de la legalidad.

Mientras avanzan los hechos de Santa Marta, y otros “paros armados” ordenados en territorios que ni siquiera salen en las noticias, queda claro que gobernar un país no es protagonizar un western. Aquel personaje solitario que nos fascinaba en la infancia era, al fin y al cabo, un héroe de ficción. La conducción de la seguridad en manos del Estado democrático pertenece a otra lógica, distinta a la intervención providencial de un hombre que posa armado para parecer firme.

Un presidente colombiano no puede operar como aquel justiciero solitario del lejano oeste, por mucha nacionalidad gringa que exhiba: gobernar exige instituciones, contrapesos, deliberación pública, respeto por la ley y reconocimiento de que el poder no se ejerce como una aventura personal que promueve bajas, sin miramiento alguno por el orden instituido en el que incluso el peor de los enemigos debe contar con las debidas garantías judiciales y el aseguramiento del debido proceso.

La democracia colombiana no necesita pistoleros institucionales ni civiles salvadores armados. De ahí que se deba insistir en que defender la patria no puede consistir en socavar su convencionalidad. Todo lo contrario, exige límites a las jurisdicciones, respeto por las instituciones, pública deliberación y obligaciones procedimentales, por incómodas que le resulten al mandatario, evitando convertir al Estado en una banda de ladrones.