¿La falsa paz?

Por: Arleison Arcos Rivas

La semana anterior Iván Cepeda y Gustavo Petro adelantaron en el Senado el debate más importante para desnudar la truculencia con la que, en su momento, la DEA, el Fiscal Néstor Humberto Martínez, y otros personajes que aún permanecen en la sombra, coludieron para provocar un entrampando a algunas de las figuras firmantes de los Acuerdos con las FARC, sumándose a quienes han hecho suya la bandera de la guerra y se empecinan en el desacierto por hacer trizas los acuerdos de paz.

En contraste, Francisco Gutiérrez Sanín, Ariel Ávila, Ricardo García, León Valencia y Fernando Cubides, entre otros, han lanzado libros centrados en el contexto del desánimo bélico y el entusiasmo por la oportunidad de vivir en paz que significó la desactivación de grupos paramilitares y la firma del acuerdo con las FARC; registrando datos significativos que demuestran el evidente descenso de las acciones armadas y las afectaciones a la vida y los territorios. Si bien es cierto que “la guerra nunca se ha ido”, como afirman prominentes líderes y activistas nacionales que denuncian la recuperación paramilitar y la instalación de nuevos actores bélicos tras la salida de las FARC de sus territorios, lo cierto es que los datos evidencian el descenso de acciones directamente asociadas con la guerra contrainsurgente hasta 2018.

A estos libros, hay que vincular igualmente los que se han escrito para dar cuenta de los acuerdos de paz y las expectativas de inaugurar un periodo posbélico o posconflictual en Colombia; entre ellos el de Humberto de la Calle,  revelaciones al final de una guerra, en el que reitera una verdad insoslayable: “ todos piensan que la guerra nació en el campo, que en el campo se ha mantenido y que el campo sigue nutriendo su permanencia”, alimentada por eslabones, flujos y circuitos que extendieron la conflagración a todo el país durante más de cincuenta años.

Tal como lo constatan los ejercicios de análisis y opinión de varios comentaristas y escritoras del portal Diáspora, en los que se han consignado lecturas problemáticas frente a lo que viene ocurriendo en el contexto nacional, durante el gobierno de Iván Duque el desangre ha prosperado y se ha incrementado con la erosión de los acuerdos de paz, producto de la inacción y el desgano en su implementación, que afecta a las poblaciones tanto como el agigantamiento de actores armados al servicio del narcotráfico, el surgimiento y reactivación de ejércitos paramilitares y la instalación de escuadrones de la muerte con marcada participación de fuerzas estatales tras la acumulación de una nutrida cifra de masacres, las muertes y amenazas contra líderes sociales y activistas, la tortura, la desaparición y el asesinato de excombatientes; entre los mil y un efectos del recalentamiento del conflicto armado en Colombia.

La reconfiguración de estructuras guerrilleras a las que se han incorporado más de 2000 excombatientes incorporados al acuerdo de paz, la reiteración y activación de nuevos cuadros paramilitares que suman más de 3000 activos, un 10% de los desmovilizados en su momento, el accionar incesante de las denominadas Águilas Negras y otros colectivos armados paraestatales,  evidencia la complejidad del enjambre que lleva a Gutiérrez Sanín a preguntarse si se está configurando un nuevo ciclo bélico en el país.

Preocupa, y en modo superlativo, que la guerra se enseñoree en nuestro territorio, haciendo infranqueable el camino hacia la paz, dados los efectos reales que su omnipresencia implica para las comunidades más vulnerables. De hecho, la mejor evidencia del éxito gubernamental para hacer fracasar los acuerdos de paz firmados con las FARC lo constituye el lastimero estado de implementación del capítulo étnico, que da cuenta de la profunda distancia existente entre las políticas presidenciales actuales y las expectativas de desarrollo que animaron a quienes participaron en la gestación de este inusitado instrumento de justicia diferencial y acción política gubernamental.

Tal como quedó consagrado en los acuerdos, las partes firmantes asumieron con las comunidades étnicas del país compromisos asociados a la manera como el conflicto armado les hizo especialmente víctimas, acumulando a lo largo de los años daños irreparables y afectaciones que requieren inmediata atención para garantizar su seguridad, la pervivencia cultural e incluso su existencia en el territorio.

Ante el peligro de que el acuerdo de paz dejara por fuera a los pueblos étnicos del país se incorporó un conjunto de acciones de salvaguardia y garantía bajo principios de reconocimiento, participación y consentimiento libre e informado que apunta a hacer realidad la reforma rural integral, la participación activa en las diferentes instancias del proceso, el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, la atención y solución al problema de las drogas ilícitas, la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición  con reconocimiento de las autoridades tradicionales y ancestrales, contando con una instancia de alto nivel para la interlocución, la implementación y el seguimiento sin afectación de otras fuentes destinadas a la atención de otras políticas ya concertadas.

De entrada, la precariedad y casi inexistencia presupuestal para atender lo comprometido en favor de los pueblos étnicos salta a la vista.  La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación apenas si se ha podido reunir, dejando para la posteridad algunos informes de seguimiento a los 98 indicadores que observa, reflejando la exigua atención que se ha prestado a la plena vigencia del capítulo étnico.

Mientras el gobierno de Iván Duque agita la ponchera ante los países cooperantes en la financiación de la paz, se comporta con tacañería, doblez y mendacidad en la atención a sus compromisos con la implementación de los acuerdos, incluido el capítulo étnico, especialmente en la atención a las dinámicas de la apropiación territorial, la renovada afectación bélica en los territorios, la incorporación de menores a la guerra, la incesante expansión de cultivos ilícitos y la matanza continua de mujeres y hombres con liderazgo en sus comunidades; complejizando aún más las condiciones de manifiesta crisis y vulnerabilidad que han sido objeto de sentencias, autos constitucionales y llamamientos internacionales, sin que avance la puesta a punto de los Planes Integrales de Reparación Colectiva, hacia la satisfacción real y la no repetición.

Contra lo pactado, con la metodología de los marcadores presupuestales que adoptó el actual gobierno para sus proyecciones de avance en política pública se ha venido camuflando la atención al capítulo 6.2 de los acuerdos con la inversión global que se destina a la población étnica del país, lo que se evidencia en un porcentaje menor al 10% de implementación de lo acordado con estos pueblos; tal como lo expresan en sus informes de seguimiento el CONPA (Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano), la ONIC y la Defensoría del Pueblo.

Finalmente, el país acumula una deuda inmensa en materia de participación política diferencial, en cuanto no sólo se ha permitido y fraguado un entrampe perverso con la apropiación de las curules por circunscripción especial en manos de fuerzas y partidos tradicionales camuflados en consejos consultivos que se han convertido en sus fábricas de avales sino que se le ha jugado sucio a la instauración de las curules de la paz destinadas a la representación de las comunidades en los territorios victimizados. Tal como reconoce el activista Ariel Palacios Angulo “es evidente que las (16) curules de la Circunscripción de Paz en el Congreso de la Republica han sido bloqueadas por que en gran medida estas posibilitarían la presencia de líderes y autoridades afrocolombianas en el Congreso de la Republica”.

Si lo que el país pretendía era la firma de un acuerdo pusiera fin a los avatares del conflicto armado, al menos con las FARC, y permitiera avanzar hacia la consolidación de una paz estable y duradera; es necesario reconocer, con lástima y pesadumbre, que perdimos el rumbo bajo el actual gobierno. Ojalá, como invita enfáticamente el analista Francisco Gutiérrez Sanín, aun sea posible detener los efectos devastadores del incumplimiento a lo acordado, acelerando la implementación de lo que no ha sido hecho trizas tras el argumento de la falsa paz.

Sobre el autor

Arleison Arcos Rivas. Activista afrodescendiente. Defensor de la vida, el territorio y la educación pública. Directivo, Docente e investigador social. Licenciado en Filosofía. Especialista en Políticas Públicas. Magister en Ciencia Política. Magister en Gobierno y Gestión Pública. Doctor en Educación. Cdto. en el doctorado en Ciencias Humanas y Sociales. Es autor y coautor de varios libros y artículos en torno a los estudios de la afrodescendencia. Rector de la IE Santa Fe – Cali.
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