El país de las investigaciones exhaustivas

28 de junio de 2021

Por: John Jairo Blandón Mena

Aquella frase que algunos atribuyen a Napoleón Bonaparte “si quieres que algo no funcione, crea una comisión” podría traducirse a la colombiana en “si quieres que algo no avance, anuncia una investigación exhaustiva”. Aquí, ante los hechos más graves, desde una contravención hasta el crimen más atroz, la actuación mayoritaria de las autoridades se resume en: anunciar investigaciones exhaustivas.

El estudio cuantitativo sobre el Índice Global de Impunidad dirigido por la Universidad de las Américas de Puebla, México, y que compara este indicador a nivel mundial, indicó que desde 2019 Colombia ocupa el octavo lugar en impunidad entre 59 países que se midieron. La descalificación de la Fiscalía y de la justicia penal es evidente. Pues, señala el informe que su eficacia es mediana en el juzgamiento de los delitos en los que el victimario es identificado, pero en los demás casos, que son la mayoría, los procesos terminan en la figura del vencimiento de términos; es decir, en impunidad. Por ello no es extraño que, por ejemplo, en un delito de alto impacto como el feminicidio solo se hayan dictado sentencias condenatorias en el 13% de los más de 12.800 casos en los últimos 12 años.

Los últimos fiscales y el actual, tristemente célebres más por su exposición mediática que por sus resultados operacionales anuncian investigaciones exhaustivas en vivo y en directo para todo. El caso Odebrecht, prácticamente esclarecido en Perú, Panamá, Brasil, Ecuador y Argentina, donde hay varios expresidentes y empresarios presos, tiene a la Fiscalía colombiana desde hace más de tres años haciendo apenas imputaciones a los testaferros que recibieron presuntamente recursos millonarios de la multinacional para las campañas políticas. Dos de ellos, de la campaña presidencial anterior han sido citados cinco veces a comparecer desde 2019, y en todas han presentado excusas para no hacerlo, seguramente, esperando el vencimiento de términos con la complicidad de los jueces y fiscales.

Y se anunciaron investigaciones exhaustivas hace año y medio en los casos del laboratorio para el procesamiento de cocaína hallado en la finca del exembajador Fernando Sanclemente. Y hace cuatro años por la intervención corrupta de las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody en la adjudicación del contrato de la vía Ocaña-Gamarra. Y hace 10 años por las interceptaciones ilegales y los cientos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el Gobierno Uribe. Y desde que inició el proceso de paz por la muerte sistemática de líderes sociales y excombatientes. Y hace varias décadas para los magnicidios de Luis Carlos Galán, Jaime Garzón, Jaime Pardo Leal, Álvaro Gómez, Héctor Abad Gómez, Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Felipe Vélez Herrera, y tantos otros. Y, solo como ejemplo, en estos casos las anunciadas investigaciones exhaustivas se quedaron en eso: simplemente anuncios.

En un país que se pierden cada año 50 billones en corrupción según la Contraloría, la acción de la Justicia en esa materia se va en anuncios y más anuncios de investigaciones exhaustivas y condenas ejemplarizantes. La Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (Rita) dijo recientemente que más del 50% de las personas condenadas por corrupción pagan la pena desde sus cómodas casa, y menos del 5% de los recursos dilapidados y sus responsables son judicializados.

En materia fiscal y disciplinaria de los servidores públicos el asunto no dista de lo penal. La acción de la Contraloría y la Procuraduría es absolutamente lúgubre.  Los gigantescos monstruos burocráticos que son estas dos entidades no garantizan, por un lado, el buen uso de los bienes públicos, y por el otro, la actuación en el marco de la constitución y la ley de buena parte de esos funcionarios. Tanto la procuradora como el contralor cacarean en exceso anticipando iniciación de investigaciones preliminares y procesos, pero en la realidad la corrupción y la vulneración de la ley es el marco de actuación de muchos funcionarios e instituciones que actúan impunemente como quedó demostrado en el actual paro.  

La legitimidad del Estado solo se consolida cuando las instituciones son las primeras en cumplir la ley. Los funcionarios públicos solo deben cumplir sus funciones constitucionales y legales sin vanagloriarse ni generar shows mediáticos. Aquí, se requiere una profunda reforma a la función pública que garantice el escrutinio ciudadano a la observancia de las atribuciones, los términos y los procedimientos estatales a todo nivel, y que sea ese el parámetro para definir el acceso y la permanencia en cualquier cargo oficial.