19 de agosto de 2021

Por: Arleison Arcos Rivas

La degradación de la seguridad en Santiago de Cali ha llegado a límites y cifras realmente escandalosas, escabrosas e insostenibles. Asesinato por doquier y hurto, atraco, robo o como quiera llamarle a la vulneración de la seguridad personal y a la apropiación ilegal de los bienes de la ciudadanía, resulta insufrible por la frecuencia, intensidad y lugares de ocurrencia de tales hechos, de los que no escapan ni muertos ni bares ni escuelas. En esta semana, a la salida de su jornada escolar, por ejemplo, ocurrió un atraco en el que un grupo de quince estudiantes de la IE Santa Fe fueron despojados de celulares, dinero y documentos de identidad por sujetos armados que los retuvieron en una camioneta, sin que pudieran contar con alguna reacción de la policía, prácticamente ausente en el sector.

Cali ocupó el primer lugar en la tasa de homicidios en 2019 y 2020. A 31 de mayo ya sumaba la escandalosa cifra de 480 homicidios, 243 de los cuales habían ocurrido en el primer trimestre del año. A finales de julio, de acuerdo con cifras presentadas el Concejal y exdirector regional del INPEC Harvy Mosquera en sesión plenaria, hemos llegado a la escabrosa suma de 747 homicidios que reflejan la manera como Cali se ha convertido en la escena permanente del crimen, sin que se discriminen todavía los asesinatos perpetrados por uniformados durante el paro nacional.

Tampoco ceden las modalidades de hurto y despojo de pertenencias en vehículos, semáforos, sectores residenciales y calles de la ciudad. De hecho, se registran frecuentes acciones delincuenciales en bares, oficinas, negocios, locales y centros de estudio; con una marcada elevación en lo que va del año.

Pese a haber confiado la seguridad de la ciudad a un polémico excoronel del ejército considerado tropero, la percepción de las y los habitantes de Cali refleja desconfianza con el accionar de las autoridades y precariedad en la contención de los delitos, aunque las autoridades con frecuencia anuncian en los medios “importantes resultados operacionales”. De hecho, el que dicho funcionario sea caricaturizado como “Pancho Pistola”, pues se presenta armado incluso en eventos públicos, transmite una pésima imagen a la ciudadanía, elevando la inconformidad e inquietud con la actuación gubernamental.

Cali, además, fue la ciudad con las mayores afectaciones a la vida y a la seguridad durante el reciente paro nacional, situación que complejiza mucho más el escenario de confrontación afectado por el accionar de bandas, combos y oficinas que parecieran ir ganando la batalla contra la fuerza pública. Permanentemente armados y motorizados, los asesinos, ladrones y atracadores se desplazan a su amaño por una ciudad en la que el miedo cunde; mientras las diferentes dependencias no aciertan a establecer políticas que enfrenten o, por lo menos, contengan el desangre y las afectaciones a los bienes de la ciudadanía.

De hecho, la encuesta Cali Cómo Vamos, registraba en el mes de marzo que los sectores a los que más se acusa de cometer violencias son, paradójicamente, los que más inseguros se sienten; en una contradicción que evidencia la desazón generalizada con el delito en la ciudad.

Pese a que las autoridades han convocado a la constitución de frentes ciudadanos de seguridad y se han instalado alarmas comunitarias en los diferentes barrios, el revoloteo de cacos por los cuatro costados y el centro de la sucursal del cielo mantiene a su gente en un infierno, cada vez más caliente.

Coletilla:

Otras formas de atraco que estamos padeciendo en Colombia nos hacen radicalizarnos contra la desinstitucionalización ramplona que padecemos. Estamos en manos de ladrones inclementes que, sin reato alguno, se roban hasta el hueco que contrataron para tapar. Al menos 70. 000 millones suma el más reciente y doloroso raponazo perpetrado por las huestes uribistas; que se suman a una veintena de robos de talla monumental, que el país parece haber naturalizado. Esta vez duele mucho más semejante sustracción porque estaba destinada a dotar de internet educativo a niños y niñas de sectores rurales del país, completamente desconectados en plena pandemia. Aunque podamos dudar de que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría estén en manos decentes, se espera que algo hagan contra semejantes atracadores de escritorio.