02 de septiembre de 2021

 

Por: Arleison Arcos Rivas

 

El país se acostumbró a contar muertes y desapariciones, en un conflicto en el que todos los frentes guerrilleros, comandos paramilitares, destacamentos militares, escuadrones policiales, agencias de inteligencia y seguridad del Estado, bandas, combos, oficinas y ejércitos particulares de diverso orden han practicado lo uno y lo otro, sin maquillaje ni reato humanitario alguno.

El pasado lunes 30 de agosto, de nuevo las familias y dolientes desempolvaron las fotografías de las más de 89.000 víctimas directas de desaparición forzada, desde 1978, muy por encima de cualquier registro ocurrido durante las décadas de dictaduras en el Sur de América; mientras los medios apenas si reportaron en pocos segundos que el fenómeno está ahí, que sigue sumando nuevos casos como los ocurridos durante el paro nacional de 2021, que en algunos escenarios políticos hicieron la tarea de escuchar a las familias y organizaciones dedicadas a conservar la memoria de los que no aparecen, y que el gobierno nacional promete nuevamente adelantar ingentes investigaciones, tan estériles que nadie presta ya atención a esas tres palabras gastadas y repetidas año tras año.

Siendo un crimen considerado de lesa humanidad, sorprende que una cifra tan descomunal no haya concitado la atención urgente de las diferentes agencias estatales involucradas en la confección de la política institucional. Uno de los informes del CNMH, liderado por Elsa Blair, no sólo caracteriza el fenómeno mencionado y su flagrante impunidad, sino que identifica los vacíos, insuficiencias o limitaciones para el esclarecimiento de las cifras, su estructuración y los reportes, identificando en sus recomendaciones los mecanismos necesarios para enfrentar la inacción u omisión estatal, la inoperancia de la justicia y la indolencia social que incide en la ausencia o precariedad de instrumentos para la reparación integral de las víctimas por desaparición forzada.

El drama de la desinformación, la invisibilidad, la inoperancia estatal y el descuido para documentar este fenómeno y atender los requerimientos de sus víctimas, ha llevado incluso al diseño de estrategias de exigibilidad de derechos por los que las familias recurren a plantones, sentadas, acusaciones internacionales y acciones de visibilización permanente. Las organizaciones especializadas persisten en denunciar los casos desatendidos o no incorporados a las estadísticas oficiales, generando nuevos e insufribles procesos de revictimización a consecuencia de la denunciada precariedad en la metodología con la que los organismos gubernamentales documentan estos procesos. De hecho, en mayo de 2021 el Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas ha vuelto a manifestar su preocupación por la ausencia de datos fiables que contribuyan a desenmarañar los pormenores de esta afectación a la vida y la seguridad personal, familiar y comunitaria, tal como lo habían denunciado en 2016 diferentes ONGs dedicadas a su indagación.

El pueblo descendiente de africanas y africanos en Colombia ha padecido como ningún otro este flagelo; aunado a la omnipresencia del terror, y al destierro y desarraigo como acción violenta con la que se rompe el vínculo vital con el territorio en el que se reexiste. Mientras crecen las muertes y se alarga la fila de desenraizados caminantes con pavor en los ojos, se registra nuevamente la desaparición de un familiar, un líder comunitario o un activista de alguna organización social o sindical, sin que se cuente con estadísticas consolidadas que contribuyan a dimensionar el impacto de la desaparición forzada en el “ecogenoetnocidio”, que lleva a activistas a preguntarse si la frecuencia de tal práctica constituye un inclemente proceso de limpieza étnica-racial, que no parece tener fin.

En los últimos cincuenta años, vemos que se acumulan las notas de acción urgente, las alertas ante organismos estatales o lo llamamientos internacionales por parte de los colectivos de derechos humanos, las mesas de víctimas y las asociaciones locales y plataformas nacionales. Décadas de horror en las que crecen las estadísticas sin que el accionar paramilitar, la operación de ejércitos antirrestitución o incluso la actividad ilegal de miembros de la fuerza pública se detenga y desinstale las casas de pique, los infernales sótanos de detención y muerte, los amarres en plena selva, los viajes transfronterizos o los enrutamientos en redes de esclavización en pleno siglo XXI.

La evidencia acumulada es contundente: las condenas a criminales perpetradores o autores intelectuales por desaparición resultan nimias y el Estado colombiano sigue contestando con evasivas y verdades a medias en los cuestionarios requeridos por los grupos de trabajo, desatendiendo las cartas de denuncia e intervención inmediata y maquillando cifras en los documentos y respuestas complementarias preparadas para distintas comisiones y cumbres.

Aunque la desaparición forzada afecta notoriamente a los hombres en, al menos, el 84% de los casos, las mujeres también se encuentran afectadas por tamaña exacción que se suma a otras violencias de las cuales son víctimas altamente representadas, como el acceso carnal abusivo contra menores, el esclavismo y explotación comercial y la violación de adultas y ancianas en campos y centros poblados. Mujeres que pudieron escapar de sus captores, registran la manera inhumana como fueron sometidas a diferentes formas de sumisión, trabajo forzado y violencia sexual, incluso estando embarazadas; convirtiendo sus cuerpos en especial teatro de guerra y campo de combate contra la muerte y la desaparición.

En medio de tantos dolores, alienta el entusiasmo y la confianza de las familias en las indagaciones de la Comisión para esclarecimiento de la Verdad, en los mecanismos de reparación vigentes en el proceso de Justicia y Paz para el desmonte del paramilitarismo y en las acciones de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas; pese a que no parece que en Colombia hayamos producido acuerdo alguno en humanizar la guerra y padecimientos como el de las desapariciones.

Por ello, vinculados al activismo por la garantía y plena vigencia de los derechos en el entorno escolar, asumimos como propia la invitación a comprometernos en “formar en derechos humanos en todas las instituciones educativas, públicas y privadas, para que las generaciones futuras sean capaces de mantener como norte indeclinable y sin desfallecer –incluso en los momentos más difíciles– un proyecto de sociedad en el que primen el respeto y el valor sagrado de la vida y la dignidad humana” (CNMH, 2018: 158), proyecto vigente en toda acción de denuncia y memoria de las víctimas de desaparición forzada, “hasta encontrarlos”.

 

Referencias

Asamblea de Naciones Unidas (2020).  Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

CIDH (2020) Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 6: Desaparición forzada.

Para esta nota se consultaron tres documentos producidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica: Desaparición forzada: balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico (2018), Hasta encontrarlos: el drama de la desaparición forzada en Colombia (2016), ¡Bata ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (2013).