Por: Arleison Arcos Rivas

En un número cada vez más creciente y por toda la geografía nacional se hacen evidentes los rebrotes del paramilitarismo, con actos que manifiestan no solamente su vinculación con antiguas estructuras delincuenciales, sino también la capacidad ganada en el copamiento del territorio que el Estado no pudo ni quiso asegurar, luego de la negociación con la guerrilla de las FARC; especialmente en el territorio Pacífico.

Mientras las fuentes alternativas de información registran paredes en las que aparecen siglas de nuevas agrupaciones en más de 30 municipios del país, se acumulan en las redes las fotografías y videos de macabros asesinatos y masacres perpetradas por el “mercenarismo corporativo”, como denominan en diferentes trabajos Bernedette Muthien y Vilma Liliana Franco a esa formación otrora justificada como contrainsurgente que desde sus orígenes ha operado al servicio de señoras y señores de la guerra, ganaderos, acaparadores de tierra, impulsores de la extracción minera, trasnacionales de distinto orden y comerciantes beneficiarios de megaproyectos agrícolas.

Aunque en el contexto posterior a los procesos de desmovilización e incorporación a la justicia transicional de paz el gobierno nacional y la fuerza armada empezaron a denominarles como bandas emergentes, grupos delincuenciales y grupos armados organizados residuales; su comportamiento, formas de actuación, tipo de acción delincuencial y las tácticas implementadas evidencian la desregulación y proliferación de ejércitos privados y corporativos que han incorporado a su portafolio las macabras tácticas de intimidación, hostigamiento, despojo, violación, secuestro, desmembración, desaparición y muerte aprendidas desde el origen del paramilitarismo hasta su actual mixtura con redes de tráfico y clústeres delincuenciales internacionales.

De modo especial, la concentración de actores paramilitares viejos y nuevos en el Pacífico colombiano ha recrudecido la tensión, desolación y violencia, bañando en sangre esteros, ríos y tierras ancestrales. Pese a haber recibido con optimismo los actos de desmovilización de grupos paramilitares y luego de manifestarse mayoritariamente en favor del acuerdo de paz con las FARC, diferentes comunidades del litoral y sus afluentes, especialmente en el Alto y Bajo Baudó, Buenaventura, el  Alto Mira, Frontera y Tumaco padecen la omnipresencia de diferentes fuerzas desreguladas que combaten por la penetración territorial y el control de los negocios, también viejos y nuevos, asociados a la tenencia de la tierra y el control de los ríos.

Bajo las inclemencias de quienes heredaron la plaza que dejaran el Bloque Pacífico, Calima, Libertadores del Sur y las FARC, el rebrote paramilitar se alimenta de las graves ausencias del Estado en el reparto de beneficios para comunidades cuya vulneración, precariedad y aislamiento se convierte en sustento de nuevas exacciones bélicas, deslazamientos y cooptaciones provenientes de grupos cuya capacidad de acción se magnifica por la connivencia policial y militar en diferentes circunstancias. Junto a las expresiones guerrilleras no desmovilizadas y a los narcotraficantes armados que no fueron incorporados a Justicia y Paz.

El equívoco con el que el actual gobierno clausuró las posibilidades de avance en la implementación del Acuerdo de Paz y terminó la negociación con otros actores armados está pasando cuenta de cobro a comunidades en toda la extensión territorial del Pacífico, agravando las alertas humanitarias por el confinamiento, la reiterada perpetración de actos abusivos (especialmente contra mujeres y niñas), desplazamientos y asesinatos de líderes y contradictoras, la disminución de la navegabilidad, la contaminación de fuentes hídricas, el efecto devastador ambiental de los precursores químicos y elementos altamente contaminantes, el saboteo a emprendimientos comunitarios, la amenaza a comerciantes y pequeños empresarios.

Estos constituyen apenas algunos de los asuntos delicados que ponen en riesgo la vida, la seguridad personal, la tranquilidad emocional, el desarrollo y la pervivencia cultural e identitaria de la población del Pacífico más íntimo, vapuleado por la zozobra y las calamidades del cultivo de coca, la instalación de laboratorios y la defensa del negocio minero con armas ilegales que, en lugar de ser contenidas y erradicadas por el Estado, aumentan y parecen destinadas a crecer para sembrar más violencia, dolor y muerte.