18 de abril de 2022

Por: Melquiceded Blandón Mena

La alteración fáctica de los resultados electorales es la práctica que caracteriza al régimen político en Colombia. El diseño institucional está quirúrgicamente construido para el saqueo, la corrupción, el nepotismo, el clientelismo político, los peculados, en general, todo un entramado institucional que garantiza la reproducción política y apalanca la acumulación de capital de familias y sectores en el poder.

Para la muestra un botón. Las elecciones legislativas a cámara alta y baja del pasado 13 de marzo, develaron una operación masiva de robo de votos, alterando los resultados electorales a favor de los partidos, movimientos y candidatos políticos del establecimiento.

Atrás quedo la famosa frase de Miguel Antonio Caro, y que luego pronunciará el cura Camilo Torres, al decir que «En Colombia, el que escruta, elige». Más allá de la alteración al escrutinio, la cleptocracia electoral se configura en la elección del Registrador Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, el establecimiento del censo electoral, en el diseño de los formularios de votación, en la definición de los jurados electorales, en la contratación del software, en la empresa que captura – transmite la información y en la conformación de las mesas de votación encargadas de diligenciar los formularios.

El robo de las elecciones es estructural. Más allá de las cualidades éticas de los escrutadores, el proceso electoral de la democracia en Colombia, lo componen una serie de fuerzas políticas y poderes fácticos que controlan parte o varios de los eslabones de las contiendas sufragistas. Se sabe del control Uribato del Consejo Nacional Electoral; el registrador nacional ha hecho carrera política en partidos del establecimiento, e incluso su elección se encuentra demandada en el Consejo de Estado por supuestas irregularidades en el concurso de méritos; la definición de los jurados fue antecedida por una discusión donde el Uribismo impuso cambios en la composición social de las mesas electorales, entregándole el control del proceso a funcionarios adeptos de gobiernos locales, contratistas y trabajadores de empresas privadas prioritariamente, para el entrampamiento y alteración de la votación a favor de los partidos de la coalición actual de gobierno.

La guerra para el control fáctico de la caricatura electoral en Colombia, tuvo varios conflictos, donde inicialmente se generó una tensión entre el Director del Departamento Nacional de Estadística (DANE) y el Registrador Nacional del Estado Civil, por la definición del censo electoral, donde el registrador Alexander Vega, decía que ‘’en Colombia no hay 50 millones de habitantes sino 55’’, y para el DANE, no era clara la cifra y no se entendía de donde salían los otros 5 millones de personas. Desencuentro entre instituciones con funciones de medición poblacional que ambientan el fraude.

La estrategia cleptómana también contó con la fake new, sostenida por el registrador nacional de un supuesto ‘hackeo’ de la plataforma de sistemas de la registraduría, que fue desmentido por la Fiscalía. Lo cual mostró diversas estrategias y poderes en juego para la definición del órgano de la representación política en Colombia.  

Sin embargo, la corona que adornó el pastel, se configuró con el desface entre el preconteo de votos y el escrutinio. La MOE calcula en 1’500.000 los votos no transmitidos entre la fase de preconteo y el escrutinio. Esto es, algo más de un millón de votos en Senado y unos 500.000 en Cámara de Representantes. La mayoría de esos votos corresponden a la oposición política que converge en el Pacto Histórico, como también a otros partidos autodenominados de centro e incluso de la derecha pro establecimiento.

La cleptocracia es un elemento que atraviesa nuestra historia estructuralmente. El bloque de sectores sociales en el poder combina todas las formas de lucha y nos lega el verdadero rostro de la democracia más antigua de América.