Desinstitucionalización

Por: John Jairo Blandón Mena

En la interminable historia de casos de corrupción en Colombia, el de la modernización de la refinería de Cartagena (Reficar) ha sido el más grande. Según estimaciones del reciente fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría, el detrimento patrimonial para los colombianos fue de 2,9 billones de pesos, justo lo que valdría solucionar el enorme déficit de funcionamiento de las universidades públicas del país.

Sin embargo, la procuradora Margarita Cabello Blanco, funcionaria acomodaticia del Uribismo, puesta ahí para formar el tridente Procuraduría, Fiscalía y Defensoría al servicio del ejecutivo, consideró que los entonces miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, entre los que se suman los exministros Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas Santamaría actuaron de buena fe en todo el proceso contractual y archivó los procesos disciplinarios, que desde que llegó a ese entidad, inusitadamente dormían el sueño de los justos.

Me refiero a la misma procuradora que no ha hecho manifestación alguna sobre el accionar desmedido y en algunos casos criminal de la Fuerza Pública en el marco de la movilización popular. Su único pronunciamiento más actuando como mensajera del Gobierno que como cabeza del Ministerio Público, ha sido para instar al Comité del Paro a dialogar, pero nada dice sobre su verdadero rol en este proceso: la vigilancia y sanción de las arbitrariedades de los servidores públicos con los manifestantes.

Por otro lado, el defensor del pueblo ha mostrado ser como lo dijo la bancada de la oposición cuando se dio su elección en el Congreso de la Republica: un politiquero de la casa Char, que reúne más méritos de desprestigio que condiciones para ejercer ese cargo. No hay que olvidar que a su haber está ser pupilo del condenado exmagistrado Jorge Pretelt, y de haber sido el que como Presidente del Consejo Nacional Electoral presentó en contra de la evidencia la ponencia de cierre de la investigación contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por el caso Odebrecht.

Durante este paro, el defensor estuvo en Estados Unidos, en su finca en Anapoima (Cundinamarca) pero no pudo ir al epicentro de las movilizaciones a cumplir su función constitucional. Ni siquiera sus funcionarios “en terreno” como él mismo llamó a sus defensores regionales, estuvieron en los sitios donde se presentaron agresiones a los derechos humanos de los marchantes, que registraron todos menos su entidad. Por eso el penoso informe de la Defensoría del Pueblo sobre la movilización es absolutamente risible, pues, presenta como desaparecidas a personas retenidas (legal o ilegalmente) por la Policía y le atribuyó muertos a las movilizaciones que por tiempo, modo y lugar no tenían relación con ellas.

A este panorama de desinstitucionalización se le agrega el fiscal. Nada dice sobre los asesinatos a sangre fría de ciudadanos a manos de policias que dispararon indiscriminadamente a los marchantes, o del helicóptero que sobrevoló el occidente de Buga (Valle de Cauca) y del cual se hicieron disparos a los manifestantes, o de las denuncias de múltiples agresiones de la Fuerza Pública que ha habido en el marco de las movilizaciones, y desde luego, de los vándalos infiltrados. No, como un portavoz del Gobierno, el fiscal desacreditó al movimiento social y no propuso acciones para judicializar a las personas que han cometido delitos, sino que amenazó con medidas arbitrarias en contra de la población como es la de extinguir el dominio de los vehículos que se encuentren obstaculizando las vías y reservarse el dominio para su entidad.

Lo que sorprende no es que salga el fiscal alineándose con el presidente, eso es de vieja data, sino su supina ignorancia jurídica frente a la figura de la extinción de dominio, que en su declaración la igualó con la expropiación de tiempos de Chávez.

La desinstitucionalización es tal, que mientras escribo esta columna me entero que renunció la ministra de relaciones exteriores Claudia Blum de Barbieri, quien paso con más pena que gloria por la Cancillería. Y, no es gratuita su salida, se da luego de que con recursos públicos dispuso grabar un video en ingles en el que acusa de terrorismo urbano a Gustavo Petro y se deslegitima la protesta social. Su acción fue rechazada rotundamente por buena parte de la comunidad internacional que conoce la barbarie a la que las élites que ella integra han llevado al Pueblo colombiano.

Lo de la Cancillería sintetiza el descontrol y la decadencia de la institucionalidad colombiana. En las últimas semanas, la bien ida canciller tuvo diferendos diplomáticos con representantes diplomáticos rusos, con el presidente de Argentina y con el secretario de la embajada de Cuba en Colombia, a quien expulsó del país. La razón de todas es porque la comunidad internacional tampoco quiere guardar silencio frente al derramamiento de sangre y al desgobierno que carcome a Colombia.

Por esto y más, los colombianos y las colombianas en la calle y en las urnas les terminarán su cuarto de hora.