Por: Alfonso Cassiani Herrera[i]

La Boquilla, según cuentan sus habitantes, hace más de trescientos años, grupos de pescadores esclavizados y descendientes de esclavizados, provenientes de los barrios Crespo, El Cabrero y Marbella decidieron migrar hacia la zona norte de la entonces capital de la provincia de Cartagena de Indias, se asentaron en el territorio, atraídos por las posibilidades que el medio les generaba, pero, sobre todo, poniéndose a salvo de la esclavización, al tiempo que eran víctimas de las dinámicas de exclusión que agenció la elite colonial, expulsando desde entonces a zonas marginales a familias enteras  que no ostentaban títulos de nobleza.

La Boquilla, un corregimiento del pueblo negro, ubicado a siete kilómetros del centro de la ciudad de Cartagena de Indias, se erige como un baluarte a la exclusión, como un recuerdo inerte de los múltiples procesos de expulsión y marginación de los que han sido víctima las comunidades negras, afrocolombianas, afrodescendientes, palenqueras y raizales, sus más de nueve mil habitantes, se constituyen, sin proponérselo, en las y los protagonistas de uno de los intentos más oprobiosos por agredir a las comunidades negras, afectando de manera directa las conquistas arrancadas al fragor de la Ley 70 de 1993. 

La Boquilla, que cuenta con una estratégica ubicación, siendo la puerta de ingreso a Cartagena por la zona norte, recibió un soleado domingo 15 de abril de 2012, al lado de San Basilio de Palenque, el titulo colectivo de manos del entonces presidente 44º de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Hussein Obama II​, en un acto sin precedentes, que estuvo antecedido por la desinformación malsana de la que fue objeto un grupo de sus habitantes, que llegaron incluso a protestar en contra de título colectivo por temores infundados y mal alimentados por quienes se sacian sembrando en sus habitantes el afán de vender el territorio. 

La Boquilla, y sobre todo los hechos acaecidos, confrontan las palabras del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de la época, Juan Camilo Restrepo Salazar, quien señalo que “la entrega de títulos colectivos de propiedad a las comunidades afrodescendientes es un acto de justicia para con la historia y para con la realidad de tenencia de la tierra que tienen estas comunidades”, y enfatizó: “Es una titulación colectiva que enmienda despojos y formaliza propiedad agraria a estas comunidades para que tengan un mejor vivir y formalicen las condiciones de sus actividades agrícolas y pesqueras”.

La Boquilla, y su territorio colectivo de 39 hectáreas, ha sido convertida en una de las áreas por excelencia del agresivo e inconsulto “desarrollo” urbano de la ciudad, de hecho ya está unida, por la arremetida del proceso de urbanización al corregimiento, atropellando así la posibilidad del “acto de justicia para con la historia y para con la realidad de tenencia de la tierra”, que señaló el exministro, el mismo, Barack Obama, enfatizó que, «La paz no sólo es la ausencia de la guerra, sino que se construye con mayor equidad en las sociedades», y es precisamente en este punto en donde la decisión absurda de eliminar el Titulo Colectivo resulta agresivo.

La Boquilla, es en la actualidad, víctima de un fallo de primera instancia, sentencia 01/2020 de la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo De Bolívar que decreta la nulidad del Título Colectivo. El principal argumento del fallo, es que según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), La Boquilla, ya era zona urbana y no rural cuando se declaró la titulación colectiva. El tribunal, actúa en respuesta a la demanda que tuvo lugar en 2012 elevada por dos abogados: Juan Carlos Cárcamo y Hugo Garrido, quienes, según palabras del líder de la Boquilla, Benjamín Luna. “actúan en favor de los intereses que tienen por nuestro territorio los grandes inversionistas”. 

La Boquilla, y su situación da cuenta de los riesgos a que están expuestas nuestras conquistas en materia de Derechos y en particular al territorio, y pone de presente, como lo señalaron las organizaciones populares, que. “los argumentos esgrimidos en el fallo desconocen los avances normativos y jurisprudenciales que posibilitan la titulación colectiva de tierras cuya naturaleza difiere de la condición de baldío. En efecto, la Agencia Nacional de Tierras ha reconocido la aplicabilidad del procedimiento contemplado en la Ley 70 de 1993 y en el Decreto 1745 de 1995 a aquellas tierras que tengan la condición de propiedad privada y que estén bajo la titularidad de particulares o una entidad pública”[ii].

Para la Boquilla, así como para el conjunto de nuestras comunidades, a pesar de la importancia de los POT y demás mecanismos de planificación territorial para la protección de los derechos territoriales de los afrodescendientes, y de la clara afectación directa que la adopción de estos mecanismos supone sobre territorios y comunidades afrodescendientes, la falta de consulta previa, libre e informada y el sistemático desconocimiento de la protección constitucional reforzada que tienen estas comunidades conducen a graves daños e insoportables riesgos de pérdida o despojo de los mismos.

La Boquilla, ha permitido develar adicionalmente el daño cultural por la falta de protección de estos territorios, lo que lesiona la autodeterminación y autonomía territorial de estas comunidades de forma irreparable. En este caso, es importante señalar que el Tribunal desconoció no sólo el que nuestras comunidades son sujetos de especial protección constitucional sino además que nuestros derechos territoriales emanan sobre todo del derecho internacional de los derechos humanos, en particular del Convenio 169 de la OIT de 1989 (Ley 21 de 1991) y del Convenio 107 de la OIT de 1957 (Ley 31 de 1967).

En la Boquilla, así como en el conjunto de nuestros territorios, “el Título Colectivo, en teoría, protege las condiciones sociales, culturales, ambientales y económicas de la comunidad. Adicionalmente, confiere máxima autoridad sobre el territorio a la Asamblea General del Consejo Comunitario de La Boquilla. El contexto de acelerada expansión urbana en Cartagena y sus dinámicas económicas, pone en riesgo la pervivencia del pueblo boquillero, su capacidad de gobernanza sobre el territorio se ve directamente afectada con la decisión, a la vez que atenta contra la identidad étnica, la autonomía y la opción propia de desarrollo”[iii].

La Boquilla, y sus habitantes están siendo víctimas de un fuerte proceso de gentrificación, que no es otra cosa que la pretendida rehabilitación urbanística y social de una zona deprimida o deteriorada, provocando un desplazamiento paulatino de los vecinos empobrecidos del barrio por otros de un nivel social y económico más alto. de manera que muchas familias están partiendo hacia poblaciones vecinas o terminan engrosando los amplios listados de familias marginadas en barrios segregados del Distrito, que se encuentran en pobreza absoluta.

La Boquilla y su Consejo Comunitario, respaldados por una amplia lista de Consejos comunitarios, organizaciones de base, étnico territoriales y gremiales, exigen 1. a la Agencia Nacional de Tierras cumplir con su deber de representar los derechos étnico territoriales adquiridos por parte del Consejo comunitario de la Boquilla. 2. Desplegar la estrategia jurídica de defensa coordinadamente con toda la comunidad del consejo comunitario y el ministerio público. 3. Al ministerio velar por la protección de los derechos de esta comunidad y hacer seguimiento a las actuaciones de la autoridad administrativa, las cuales deberán ser coordinadas con el consejo comunitario. 4. Al Tribunal Administrativo de Bolívar, a los magistrados, jueces de la república; hacer una valoración armónica y sistemática, que garantice los derechos humanos de las Comunidades Negras, en el marco de los instrumentos internacionales, constitucionales y de jurisprudencia de la Corte Constitucional.

La Boquilla, no está sola, su Consejo Comunitario sigue siendo una realidad a pesar de las pretensiones malsanas de un fallo, que es emitido justo en el momento en el que el Congreso de la República de manera inconsulta, a instancia del Senador cartagenero del centro Democrático, Fernando Nicolás Araujo Rumié, impusieran la ley 2038 del 27 de julio del presente año, El senador, heredero de la tradicional familia liderada por su padre Fernando Araujo Perdomo, protagonistas del escándalo Chambacú, y propietarios del Hotel las Américas, cuya construcción generó el cambio de la boca natural de la Boquilla que oxigenaba la Ciénaga de la virgen por una bocana artificial, con lo que los pescadores percibieron la disminución del recurso pesquero y del manglar.

La mencionada Ley 2038, tiene por objeto “crear el denominado Fondo de Sustentabilidad Pro-Cartagena 500 años para garantizar de forma eficiente y oportuna la ejecución de los recursos de la inversión pública y privada en materia de infraestructura ambiental, sanitaria y vial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, la erradicación de situaciones de pobreza extrema y la conservación de los recursos naturales del medio ambiente”, sin dejar en claro dónde queda el rol misional de la Administración Distrital, apropiando para si los recursos públicos y más aún sin haber consultado a la Ciudadanía.

El escándalo de Chambacú o Caso de Chambacú que fue un caso escandaloso de corrupción en Colombia descubierto en el gobierno de Andrés Pastrana, pero que afectó también a funcionarios de los gobiernos de César Gaviria y Ernesto Samper, acusando principalmente a los políticos Fernando Araújo Perdomo y Luis Alberto Moreno de, supuestamente, haberse aprovechado de sus cargos, según denuncias públicas que les hicieron, para negociar en términos favorables al Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) un lote para desarrollar un proyecto de construcción llamado «Chambacú» en la ciudad de Cartagena de Indias, de donde años atrás habían sido expulsadas comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales.

Ya nos arrebataron Bocagrande, nos expulsaron de Chambacú, nos están presionando por diferentes mecanismos para salir de Getsemaní, del Cerro de la Popa, de la Boquilla e incluso de los sectores Villa Gloria y Mar Linda, no nos vamos a dejar, hoy más que nunca, los Consejos Comunitarios, las organizaciones de base, étnico territoriales, las expresiones culturales y gremiales, del Distrito y la Región con el apoyo de organizaciones nacionales, asumimos como propia la causa de defender y proteger nuestros territorios, porque así y solo así podremos rendir homenaje a la memoria, esfuerzo y sacrificio a esos hombres y mujeres descendientes de esclavizados que hace más de trescientos años, dieron el primer paso para garantizarnos un espacio de vida, hoy tenemos la obligación de garantizárselo a nuestras generaciones renacientes.

[i] Palenquero. Historiador. Especialista en Enseñanza de las Ciencias Sociales. Magister en Historia. Investigador Docente Universitario. Rector I.E Antonia Santos.

[ii] Comunicado Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Boquilla, 21 de agosto del 2020, sobre la nulidad del Título Colectivo de la Comunidad Negra de la Boquilla por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar. Un retroceso de 25 años para los derechos territoriales de las Comunidades Negras.

[iii] Ibidem.